El término "libreta de abastecimiento" es uno de los eufemismos empleados en Cuba para disfrazar la realidad. La misma designa el racionamiento controlado por el Estado: un procedimiento utilizado en diferentes épocas y países en momentos de guerras, desastres naturales o de ineficiencia de economías centralizadas.
En Cuba se inauguró en 1963 con la entrega a cada núcleo familiar de una cartilla para alimentos y otra para productos industriales.
Hubo racionamiento en Rusia después de la revolución de 1917; en la Unión Soviética durante décadas; en España durante la Guerra Civil y en la postguerra; en Europa, EEUU, Canadá y Japón durante la Segunda Guerra Mundial; en Vietnam primero a causa de las guerras y después por la economía centralizada; en China existió desde la hambruna que provocó el "Gran Salto Adelante" hasta las reformas implementadas por Deng Xiaoping; en Polonia durante los años 80; mientras en Corea del Norte el racionamiento es endémico.
El caso más reciente es el de Venezuela, que data del año 2016.
En Cuba antes de instaurarse la libreta se implementó una reforma agraria, que, debido al voluntarismo, la estatización, la falta de libertades de los productores y la emigración del campesinado a las ciudades, en lugar de generar crecimiento creó la escasez que, agudizada por el conflicto con EEUU, condujo como en Rusia o China al racionamiento subvencionado de alimentos, de prendas de vestir, calzar y de productos para el hogar.
La insostenibilidad económica de la libreta subvencionada obligó a disminuir gradualmente el número y la cantidad de productos racionados: artículos de vestir, cigarros y tabacos, de aseo personal, puré de tomate, chícharos, la cantidad de huevos y las papas, entre otros. La libreta no se eliminó por ineficiencia productiva del modelo económico y porque constituye un instrumento de control sobre las personas dependientes del Estado, algo sobre lo que José Martí había prevenido en su análisis acerca del tratado de Spencer: "Y como todas las necesidades públicas vendrían a ser satisfechas por el Estado, adquirirían los funcionarios entonces la influencia enorme que naturalmente viene a los que distribuyen algún derecho o beneficio".
Todos los intentos por aumentar la producción sin reformar el modelo económico causante de la escasez fracasaron. El más reciente comenzó en el año 2008 —cuando la libreta celebraba su 45 aniversario —con el paquete mínimo de medidas implementado por el general Raúl Castro. Conclusión: la cartilla cubana de racionamiento, símbolo de miseria, devino vitalicia.
A 55 años de haber sido implantada, además de su insostenibilidad económica, de no garantizar la equidad distributiva que se propuso y de ser un freno a la iniciativa del pueblo, la libreta constituye un gran obstáculo para "resolver el ordenamiento monetario del país" —declarado como prioridad número uno por el Gobierno.
A ello se añade un daño colateral: el pueblo, al habituarse a esperar todo del Estado perdió el concepto de compra, que conlleva el de elegir. Su lugar ha sido ocupado por términos como: llegó, vino, están dando, repartieron, me toca... Un vocabulario generalizado que refleja el deterioro antropológico causado por el racionamiento que ha marcado a cuatro generaciones de cubanos.
Actualmente en la capital del país —no así en todas partes— mensualmente se sigue distribuyendo 3,2 kilogramos de arroz; 287 gramos de frijoles; 1,84 kilogramos de azúcar; 226 gramos de aceite; 198 gramos de café molido; 14 huevos; 226 gramos de picadillo condimentado o en su lugar de mortadella; 805 gramos de pollo; 1 kilogramo de sal cada tres meses; 400 gramos de espaguetis sin periodicidad; 4,6 kilogramos de papa durante una parte del año; 1 kilogramo de leche en polvo para niños de 0 a 7 años; un pomito de compota diario durante el primer año de vida; 80 gramos diarios de pan y una caja de fósforos, sin hablar de la calidad de los artículos.
El argumento esgrimido para conservar una distribución subvencionada, que al Estado le cuesta más de 1.000 millones de dólares cada año, ha sido el de garantizar una equidad alimentaria. Como dicha equidad dependía de la subvención externa, al desaparecer la Unión Soviética brotaron las desigualdades latentes. A pesar de ello, aunque cada vez más disminuido se decidió mantener el racionamiento subvencionado.
Como la sociedad es un sistema compuesto de múltiples elementos interrelacionados, ante una crisis estructural resulta imposible que ningún elemento aislado pueda funcionar bien. La libreta, los precios, los salarios y pensiones insuficientes, y otros muchos factores requieren ser corregidos, pero eso será imposible hasta tanto no se realice la reforma estructural profunda que las autoridades cubanas han soslayado hasta hoy.
El hecho concreto es que una gran parte de la población depende de la libreta. Con ella, aunque no se garantiza un nivel nutricional adecuado, se pueden cubrir unos diez días del mes. Para sobrevivir los otros 20 días hay que acudir al mercado negro o a las llamadas shopping, algo imposible con los actuales salarios, lo que explica la dependencia del racionamiento de un sector de la población. Por esa razón la libreta funciona como un factor de control y estabilidad social. Eliminarla parece imposible sin antes eliminar las trabas que mantiene frenada a la economía y a la iniciativa ciudadana para que los cubanos participen como inversionistas en su propio país.
Ante esa realidad el Gobierno enfrenta el reto de tener que eliminar la libreta en medio de la incapacidad productiva, algo que fue planteado desde el año 2011 enlos Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista: "implementar la eliminación ordenada de la libreta de abastecimiento, como forma de distribución normada, igualitaria y a precios subsidiados, que favorece tanto al ciudadano necesitado como al no necesitado, induce a las personas a prácticas de trueque y reventa, y propicia un mercado subterráneo".
El plan del presupuesto nacional del año 2017 incluyó gastos en subsidios por 3.740 millones de pesos para cubrir la diferencia del precio subvencionado y el costo real de los alimentos racionados. Esto equivale a un promedio de 970,6 pesos anuales por cada uno de los 3.853.236 hogares existentes (Pedro Monreal, "¿Es viable la supresión de 'la libreta' de abastecimiento en Cuba?: el punto de partida").
Se trataría pues de aumentar los salarios y jubilaciones a las familias necesitadas para que adquieran los productos racionados a precios de mercado, lo que a su vez implica introducir una reforma estructural que abarque hasta las libertades ciudadanas. No hay otra salida.