El sentido común indica que se debe apoyar aquella gestión económica que resulte más eficiente. Pero, en ese aspecto, los gobernantes cubanos actúan con frecuencia en contra de la lógica. Ellos suelen anteponer sus intereses políticos al beneficio económico de la sociedad.
De acuerdo con cifras recogidas en el documento "Ventas de Productos Agropecuarios. Indicadores Seleccionados (enero-marzo de 2017)", acabado de publicar por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), las ventas gestionadas por actores privados crecieron mucho más que las promovidas por el Estado en el primer trimestre de 2017 con respecto a igual período de 2016.
Mientras que las ventas reportadas en los mercados agropecuarios de oferta-demanda, y los cuentapropistas conocidos como carretilleros se incrementaron en 116,9% y 24,8% respectivamente, las ventas en los mercados agropecuarios estatales solo crecieron en un 1,1%.
Especial impacto tuvieron los crecimientos en las ventas realizadas por los mercados agropecuarios de oferta-demanda en productos como las viandas, los tubérculos, las hortalizas, el arroz, el maíz, los granos, los cítricos y las frutas. Algunos de ellos con porcentajes que superaron el 200%.
¿Y cuál ha sido la reacción de las autoridades ante semejante evidencia? Pues en lugar de dictar medidas que estimulen la gestión comercializadora de los mercados agropecuarios de oferta-demanda y los carretilleros, las disposiciones gubernamentales tienden a la gradual desaparición de ambas figuras.
El pasado 1 de agosto la prensa oficialista informaba acerca de medidas acordadas por el Consejo de Ministros con vistas a lo que denominan "el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia". Entre ellas destacan la no entrega de manera definitiva de nuevas licencias para las actividades de vendedor mayorista de productos agropecuarios, vendedor minorista de productos agropecuarios, y de carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria.
Es decir, que cuando por cualquier motivo cesen en sus labores los trabajadores por cuenta propia que actualmente poseen licencias para desempeñar esas actividades, ellas desaparecerán del panorama comercializador de la Isla.
La ausencia del vendedor mayorista ya de por sí haría desaparecer los mercados agropecuarios de oferta-demanda y los carretilleros, pues esos vendedores al por mayor son los encargados, en la mayoría de los casos, de trasladar los productos desde las manos del productor hasta los puntos donde son adquiridos por los consumidores.
El pretexto que esgrime el castrismo para eliminar los mercados agropecuarios de oferta-demanda —en los últimos meses, al menos en La Habana, han sido cerrados varios de ellos— y los carretilleros, y en general desmantelar todo el engranaje de la comercialización privada en la agricultura, es que los precios de oferta-demanda constituyen una "explotación" al pueblo trabajador. Sin embargo, el hecho de que hayan aumentado las ventas en los sitios donde imperan los precios libremente formados, es una muestra de que los consumidores prefieren pagar un poquito más en mercados bien surtidos y con productos de calidad, antes que acudir a los generalmente desabastecidos mercados estatales con precios topados.
Por tanto, no es difícil imaginar que, a la larga, los principales perjudicados por la desaparición de los mercados agropecuarios de oferta-demanda, los carretilleros, y el resto de los comercializadores privados del sector agropecuario, serán los consumidores.
Y mayor será la tribulación del pueblo cuando se percate de que el Gobierno pretende sustituir a los mencionados actores privados por la Empresa Estatal de Acopio. Una entidad a la que quieren presentar con un rostro novedoso, pero que la falta de sentido de pertenencia de sus trabajadores, la burocracia, la desorganización, y las carencias materiales de todo tipo, harán que a la postre sea la ineficiente empresa de siempre.
No hay que dejarse engañar. El castrismo no puede perdonarles a los comercializadores privados el haber demostrado que son más eficientes que los comercializadores estatales.