El Ministerio de Transporte anunció este sábado medidas para el "ordenamiento" de los boteros (transportistas privados de pasajeros) en la capital, según dio a conocer el sitio oficial Cubadebate.
El Gobierno les "propone" a estos trabajadores del sector no estatal asociarse a un sistema de piqueras gestionado por una entidad estatal con la que deberán establecer relaciones contractuales.
La viceministra de Transporte, Marta Oramas Rivero, puntualizó en la televisión oficial de la Isla que esas piqueras solo serán operadas por el Estado y no por cooperativas independientes.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en La Habana hay 7.100 trabajadores cuentapropistas (del sector privado) que se dedican al transporte de pasajeros. Estos boteros "podrán optar por participar o no en este experimento".
Todos aquellos que no decidan asociarse a estas piqueras estatales que controlarán a los transportistas no disfrutarán de las "prebendas" que dice el Gobierno que ofrecerá a los que lo hagan.
La funcionaria de Transporte explicó, además, que las piqueras tendrán rutas asociadas, itinerarios fijos y precios preestablecidos de cinco pesos de tramos de hasta ocho kilómetros.
Los beneficios que dice el Gobierno que ofrecerá a los boteros son "la venta de combustible a precio diferenciado y la adquisición de partes y piezas en el mercado mayorista a partir de la disponibilidad existente".
"Cuando un porteador privado decida operar en una ruta, se le garantizará la exclusividad del servicio de él en ese recorrido y no cualquier podrá hacer uso de ella, sino solo los designados para trabajar en ella", añadió la viceministra de Transporte.
"Todos los vehículos van a estar señalizados con pegatinas sobre el itinerario y la piquera a la que pertenece. Entre tanto los que no deseen integrarse a este experiencia también estarán identificados con una marca que diga taxi libre", acotó.
La funcionaria concluyó señalando que este proyecto tiene como finalidad "ordenar el servicio público que hoy brindan los porteadores privados con medios automotores con capacidades para entre cuatro y 14 pasajeros".
A lo largo de esta semana el Gobierno ha desplegado una serie de acciones para detener el avance del maniatado sector privado en el país.
Este viernes el Ministerio de Finanzas y Precios ordenó el cierre de Scenius, una de las seis cooperativas no estatales de servicios contables y financieros autorizadas por el Gobierno que empleaba a 326 cuentapropistas.
El martes el Gobierno de la Isla anunció nuevas regulaciones para el sector no estatal, entre ellas el fin de las autorizaciones para un grupo de actividades y restricciones para arrendadores de viviendas, vendedores ambulantes y elaboradores vendedores de alimentos en restaurantes y cafeterías (paladares), entre otros.
Los negocios del sector no estatal, al que el Gobierno llama "por cuenta propia" para evitar usar la palabra "privado", sufren restricciones que no le permiten funcionar como empresas. Las actividades económicas autorizadas están limitadas fundamentalmente a oficios que no demandan fuerza de trabajo calificada.