Yunior García Aguilera, ¿un mercenario impune o un cubano incómodo a quien se dejó escapar?

Quienes creyeron la afirmación del régimen de que el dramaturgo Yunior García Aguilera, principal promotor de la marcha cívica del 15N, era un "mercenario" que recibía financiamiento y capacitación de Estados Unidos, deben sentirse indignados: el supuesto "delincuente" abordó un avión rumbo a Madrid con impunidad absoluta, y la prensa oficial, que repitió machaconamente la acusación de "mercenarismo", ha celebrado su partida. 

El mercenarismo constituye un delito de tal gravedad dentro del Código Penal cubano vigente que puede ser castigado incluso con la pena de muerte.

El Artículo 119 plantea que "el que con el fin de obtener el pago de un sueldo u otro tipo de retribución material, se incorpore a formaciones militares integradas total o parcialmente por individuos que no son ciudadanos del Estado en cuyo territorio se proponen actuar, incurre en sanción de privación de libertad de diez a 20 años o muerte".

El punto 2 dice que en igual sanción incurre "el que colabore o ejecute cualquier otro hecho encaminado directa o indirectamente a lograr el objetivo señalado en el apartado anterior". 

Si el mercenarismo es un crimen de tanta envergadura y García Aguilera era un mercenario —según el régimen cubano—, ¿por qué no se le juzgó? ¿Por qué ni siquiera fue arrestado por ese delito? ¿Por qué la prensa oficial se regocijó con la partida de un supuesto mercenario que no llegó a enfrentar a la justicia? 

¿Quedó impune el presunto mercenario, o el régimen dejó partir, a conveniencia, a un ciudadano que le era incómodo y empezaba a ser visible a nivel internacional, con lo que se ahorró la necesidad de sostener el cargo de mercenarismo en un proceso judicial? No es que algún grado de pudor impida al régimen condenar a un inocente por un delito tan serio y sin pruebas. ¿Qué falta hacen las pruebas cuando controlas el sistema judicial?

Sin embargo, resulta evidente que ha sido mejor ahorrarse las críticas que hubiera suscitado, por parte de gobiernos y organizaciones internacionales de derechos humanos, una sanción de privación de libertad contra García Aguilera sin que existieran suficientes pruebas de su culpabilidad, o su encarcelamiento de manera provisional mientras se le investigaba.

Pero no es un presunto mercenario el que ha quedado impune en este caso, sino las mentiras del régimen.

Para que la idea del mercenarismo calara en los cubanos, el régimen acusó a García Aguilera, en un artículo publicado en el sitio de la Seguridad del Estado Razones de Cuba, de "ser capaz de vender a los suyos por tan poco" y de intentar "venderla (la Patria) a precio de mercadillo a las pirañas desalmadas de la Florida".

Rogelio Polanco, miembro del Secretariado del Partido Comunista de Cuba (PCC) y jefe de su Departamento Ideológico, acusó a los organizadores de la manifestación pacífica, entre ellos a García Aguilera, de recibir financiamiento y capacitación de Estados Unidos para realizarla. 

La Seguridad del Estado incluso destapó a un informante para que dijera que García Aguilera pensaba "consagrarse a la contrarrevolución en Cuba" y que expresó admiración por el opositor Manuel Cuesta Morúa. Ambas afirmaciones fueron desmentidas por Cuesta Morúa y el editor del medio independiente 14 y medio, Reinaldo Escobar, en entrevista con DIARIO DE CUBA.

El informante no pudo afirmar que vio a García Aguilera recibiendo dinero o instrucciones. Nadie pudo presentar una sola evidencia de que el dramaturgo recibiera "financiamiento" del Gobierno estadounidense ni de ningún otro. 

No es la primera vez que el régimen presenta como verídicas especulaciones sobre supuesto mercenarismo de actores de la sociedad civil cubana. En mayo de 2021, el vocero Humberto López dedicó uno de sus espacios en el Noticiero de la televisión estatal a intentar desacreditar a la curadora de arte Anamely Ramos, a quien inscribió en una "farsa circense" junto al artista Manuel Otero Alcántara, y la acusó de ser financiada por EEUU para provocar la "desestabilización" en Cuba.

"A pesar de su autocacareado activismo, marchó de Cuba para estudiar en México", se burló en el programa televisivo. Pero no explicó por qué, si Ramos era una mercenaria pagada por EEUU para desestabilizar el país, se le permitió partir sin ser juzgada por ese supuesto delito.

El periodista de DIARIO DE CUBA Yoe Suárez y el activista por los derechos de la comunidad LGBT Raúl Soublett son dos de los cubanos a los que la Seguridad del Estado ha amenazado con procesarlos por mercenarismo, sin aportar una sola prueba.

El 15 de julio, cuatro días después del estallido de las protestas ciudadanas que empezaron el 11 en todo el país y se extendieron hasta el 13, la coronela Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de la Investigación Criminal del Ministerio del Interior (MININT), aseguró en el espacio de la televisión estatal Hacemos Cuba, que había pruebas de financiamiento desde el exterior o "mercenarismo".

Sin embargo, hasta la fecha, a ninguna de las personas detenidas durante ni después de las protestas les ha sido imputado el cargo de mercenarismo, lo que demuestra que no existe ninguna evidencia que sustente la afirmación.

Pero en un país sin independencia de poderes, donde los tribunales y los jueces son controlados por el régimen, ningún funcionario de este se siente responsable de explicar la contradicción que existe entre acusar a un ciudadano de un delito tan grave como el mercenarismo y que se le deje abordar un avión tranquilamente, para salir del país.