El chavismo en el banquillo de la Corte Penal Internacional

El aparato de propaganda del chavismo se empleó a fondo para enfatizar que el régimen de Nicolás Maduro había firmado un memorando de entendimiento con la Corte Penal Internacional (CPI). Empero, la verdadera noticia es que las autoridades de Venezuela serán las primeras de América Latina, desde que se estableció el tribunal de La Haya, en ser investigadas por cometer crímenes de lesa humanidad.

Sin estridencias y teniendo al propio Maduro al lado, en un acto en Caracas, el recién estrenado fiscal de la CPI, el británico Karim Khan, saludó el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Venezuela, y acto seguido anunció la noticia que era esperada desde junio pasado, cuando la fiscal saliente Fatou Bensouda determinó la existencia de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos.

Crímenes de lesa humanidad en el lenguaje de la CPI, cometidos desde 2017 según la documentación recabada por la Fiscalía. "Esta decisión —la primera en la historia de América Latina— le da una esperanza de justicia a los cientos de víctimas de la represión brutal del régimen de Maduro", aplaudió desde Washington el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

"Hay crímenes de lesa humanidad. Eso lo demostró el informe de Bensouda y está documentado en los informes de la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU. La decisión de Khan establece el inicio de una investigación formal para determinar responsabilidades, que, al ser una Corte Penal, son responsabilidades personales, no se enjuicia a las instituciones”, explica a DIARIO DE CUBA el abogado venezolano Marino Alvarado, un experto de larga data en la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela.

Lo sucedido este 3 de noviembre en Caracas lo resume Alvarado de esta forma: "Yo creo que están claras tres cosas. En primer término, se cerró el examen preliminar, ya no debemos hablar más de él hacia el futuro. En segundo lugar, se inicia formalmente la fase de investigación. Y, por último, se abre un espacio para que la CPI y el Estado venezolano trabajen bajo el principio de complementariedad".

Ha sido este último aspecto el que ha resaltado el chavismo. La cooperación que se iniciará entre Caracas y el Tribunal de La Haya.

Nicolás Maduro, además, ha recalcado que no comparte la decisión de Khan. El fiscal estuvo tres días en Caracas con una agenda de trabajo sumamente reservada. En realidad, durante dos días se desconocía dónde estaba o con quién se reunía, un manejo que contrastó abiertamente con la dinámica que siguió días atrás el propio fiscal en Bogotá.

Ningún organismo de derechos humanos fue convocado a consultas por Khan en Caracas y estuvo de lleno con autoridades tanto del Poder Ejecutivo, como de la Fiscalía y del sistema judicial.

El memorando explica que ha concluido el examen preliminar sobre el proceso abierto en 2018 y advierte de que en esta fase no se ha identificado a "ningún sospechoso ni ningún objetivo". Explica, además, que la investigación que comenzará ahora tiene por objeto "determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona".

Desde mayo de 2019, cuando la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país se han producido una serie de informes en los que se ha constatado la magnitud de las violaciones y el descalabro político, económico y social venezolano. A la serie de informes de la expresidenta chilena se han sumado sendos informes de la Misión de Verificación de los Hechos, conformada por tres expertos independientes especializados en crímenes de lesa humanidad y funcionamiento del Tribunal de La Haya.

Activistas venezolanos de derechos humanos consideran que esta misión, designada con un mandato de dos años del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha terminado por ser un factor clave, pese a que el régimen de Maduro le negó el acceso al país, para documentar de forma rigurosa estos crímenes de lesa humanidad. Ahora seré el papel de la CPI determinar si hubo responsabilidades individuales y en qué nivel de jerarquía estuvieron.

Analistas políticos asumen que la decisión de la CPI de activar formalmente una investigación es un duro revés para el chavismo, más allá de lo que finalmente termine decidiendo este tribunal. Los procesos de la CPI suelen ser dilatados, por lo que no se esperan decisiones en el corto plazo.

El anuncio de Khan, en el marco de una visita de trabajo a Venezuela, y tras la firma de un convenio que busca la cooperación del régimen de Maduro con esta investigación, era algo esperado, pero no por ello menos importante. El informe de la exfiscal Fatou Bensouda, dado a conocer el pasado 12 de agosto, confirmó que la existencia de crímenes de lesa humanidad.

En el caso de Colombia, donde recientemente estuvo Khan, se dieron suficientes garantías de que serán sancionados los responsables y por eso la CPI dio por concluido su papel allí.

Los casos que se llevan ante la CPI, que es a fin de cuentas un sistema penal, no son contra el Estado, sino que apuntan a las personas que, usando su posición de mando, dictaron las órdenes para que se cometieran los crímenes de lesa humanidad.

Tras una larga permanencia de la fiscal gambiana Fatou Bensouda (2012-2021), a quienes no pocos en el pasado señalaron de tener alguna simpatía por el chavismo, el nuevo fiscal es el británico Karim Khan, quien asumió el cargo el pasado 16 de junio.

Bensouda, ya de salida, concluyó en su informe —sin ambages— que existe evidencia suficiente para investigar a los gobernantes de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. "La fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que, desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad".

El documento responsabiliza de los delitos descritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).