El régimen cubano cambia de idea y niega su vinculación con el combustible incautado en EEUU

Luego de que la semana pasada autoridades federales de EEUU incautaran 90 cargamentos de combustible en los puertos de Everglades y Houston, y afirmaran que su destino era Cuba, el régimen de La Habana cambió este lunes de opinión respecto al incidente, toda vez que, si bien defendió la legalidad de los envíos, ahora niega cualquier tipo de vinculación con ellos.

Así, el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dijo en una entrevista concedida a la agencia Reuters que no tenía conocimiento de ninguno de los cargamentos interceptados por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU. "Podemos asegurarles que no existía ningún contrato de ningún tipo con ENETEC S.A.", dijo, a pesar de que las autoridades estadounidenses defienden lo contrario.

"Ninguna empresa estatal cubana ha logrado obtener un contrato de combustible, ya sea para pequeñas o grandes cantidades", dijo el alto funcionario del régimen.

Si bien el flujo de combustible de EEUU a Cuba muestra una curva ascendente en los últimos meses, fundamentalmente a través de las compras gestionadas por actores privados, De la O Levy sostuvo que "la cantidad que ingresa al país ni siquiera cubre el 3% de sus necesidades de combustible".

No obstante, el más reciente informe disponible al respecto, correspondiente a las compras de agosto, evidencia un nuevo récord, al alcanzar los 74.863.132 dólares en tan solo un mes. La cifra demuestra que los picos de junio y julio no fueron excepciones, sino parte de un nuevo modelo de trasiego de combustibles y derivados.

Entretanto, al ser preguntado sobre la extracción de níquel y cobalto en la mina de Moa, tras la salida de Sherritt de la Isla, De la O Levy sostuvo que las autoridades cubanas pretenden reiniciar las operaciones, al tiempo que no mostró reparos ante la posible compra de las acciones de Sherritt en Cuba por parte de la empresa estadounidense Gillon Capital LLC.

No obstante, apuntó que "cualquier reinicio requeriría conversaciones sobre cómo suministrar combustible y repuestos, así como sobre cómo gestionar los pagos por exportaciones e insumos de producción". "Si la intención es reanudar la producción de níquel, todos esos problemas tendrían que resolverse", dijo, mostrando la disposición de La Habana a negociar.

Más allá de la defensa que hizo De la O Levy de su gestión y de la instalación de nuevos parques solares en la Isla, resulta significativo que, a través de esta entrevista, el régimen cubano cambie su postura respecto a la incautación de combustible en EEUU la semana pasada y a la interceptación, en septiembre, de un barco que transportaba combustible ilegal en el Golfo de México.

"El Gobierno de EEUU carece de autoridad práctica y moral para decidir qué es legal al amparo del Derecho Internacional y de las normas del libre comercio", criticó el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.

Asimismo, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío acusó a Washington de "piratería y pillaje" y defendió la legalidad de los envíos. Sin embargo, ahora La Habana niega la mayor y desconoce cualquier vinculación con dichas compras.

En este contexto, mientras La Habana acusa a Washington de intentar forzar una "dependencia económica" mediante las licencias que autorizan la exportación de combustible destinadas teóricamente al sector privado, expertos en el sector energético han puesto en duda que el volumen de los cargamentos responda exclusivamente a las necesidades de las empresas privadas.

Para analistas e investigadores como Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, la magnitud de estas importaciones demuestra que la estatal Unión Cuba Petróleo (Cupet) —bajo sanciones de EEUU— sigue siendo el receptor y distribuidor final de estos recursos, al ser la única entidad con la infraestructura logística necesaria para almacenar y procesar semejantes volúmenes.