Preservar los archivos del régimen: una responsabilidad histórica ante la transición en Cuba

Entre las múltiples y monumentales tareas que deberá afrontar la sociedad cubana si se abre un proceso de transición democrática en la Isla, pocas son tan sensibles como intervenir y tratar los archivos del castrismo. O al menos lo que el régimen de La Habana, en clara retirada, deje de ellos.

No se trata de una simple acumulación de papeles viejos, sino de la memoria institucional, jurídica y operativa de la nación, de los secretos de un Estado opaco que históricamente ha dicho más por lo que calla que por lo que es de dominio público.

Mientras el debate político actual pasa de puntillas por el tema, en algún despacho de La Habana tal vez no sean pocos los que se las ingenien para hacer desaparecer los archivos una vez la transición esté en marcha. Dicho acervo es celosamente custodiado y en él yace la esencia de un régimen que ha hecho y deshecho sin pensar que le llegará el día de la fiscalización final.

En los archivos reposan no solo expedientes, sino decisiones, órdenes superiores, comunicaciones internas, bases de datos clandestinas, registros de vigilancia, antecedentes judiciales viciados, actuaciones fiscales, documentación penitenciaria e informes de inteligencia. Desmantelar o perder ese tejido documental equivale a sufrir una lobotomía histórica.

El espejo de Europa del Este: lecciones de conservación y destrucción

La experiencia internacional demuestra de manera inequívoca que los primeros días, semanas y meses posteriores a la apertura de un proceso de cambio suelen sellar el destino democrático de un país. Es en ese brevísimo e inestable periodo de tiempo en el que se determina la capacidad futura de una sociedad para conocer la verdad sobre su pasado, reparar con justicia a las víctimas, exigir responsabilidades jurídicas individuales y construir garantías eficaces de no repetición.

Para calibrar la magnitud del desafío cubano, resulta imprescindible mirar hacia los procesos de transición en Europa del Este tras la caída del bloque soviético. Aquellos países que lograron reaccionar con rapidez y preservar sus archivos consiguieron reconstruir con mayor precisión su historia, así como adoptar decisiones políticas y judiciales mucho más sólidas.

Un claro ejemplo de éxito en lo anterior es la experiencia de Alemania. Tras el colapso del régimen de la República Democrática Alemana (RDA), la población civil, advertida de la inminente amenaza de destrucción de pruebas, organizó comités de custodia para ocupar los cuarteles de la Stasi y detener las máquinas trituradoras y la incineración de documentos.

Dicho acto permitió la posterior creación del Comisionado Federal para los Archivos de la Stasi (BStU), y que millones de víctimas tuvieran acceso a sus propios expedientes, saneando las instituciones mediante procesos transparentes de depuración, y blindando la memoria frente al negacionismo.

En la acera opuesta se sitúan los escenarios de la desmemoria provocada. Países como Rumanía, o en el contexto latinoamericano Argentina y Chile, sufrieron la destrucción parcial, selectiva o total de importantes fondos documentales a manos de las estructuras de seguridad salientes. 

El resultado de estas quemas y formateos deliberados ha sido una herida abierta que todavía supura: procesos judiciales obstruidos, imposibilidad de identificar las cadenas de mando responsables, dificultades para localizar a personas desaparecidas y una insoportable impunidad que ampara a los victimarios.

La cartografía del archivo cubano y sus riesgos inminentes

En el caso de Cuba, la documentación que explica el funcionamiento real del aparato de poder se encuentra dispersa en una compleja maraña institucional. Reposa en los sótanos del Ministerio del Interior, en las direcciones de la Seguridad del Estado en sus diferentes niveles, en los archivos de la Contrainteligencia Militar, en las fiscalías y tribunales, en el opaco sistema penitenciario y en las bases de datos centralizadas, creadas durante la efervescencia de informatización estatal.

El valor de esta documentación trasciende cualquier interés político inmediato o revanchista. Su preservación es una estricta cuestión de interés nacional, toda vez que permitirá reconstruir técnicamente las violaciones de derechos humanos, documentar las detenciones arbitrarias, esclarecer procesos judiciales, identificar las cadenas de mando que dictaron órdenes represivas y analizar los errores institucionales que condujeron al resquebrajamiento integral del país.

Sin embargo, el peligro que acecha a estos fondos es inminente. Ante un escenario de cambio, la primera reacción del poder autocrático suele ser el borrado de sus huellas. En tal sentido, diseñar y ejecutar medidas de prevención que disuadan al poder de desaparecer datos y documentos es una tarea ciudadana e institucional de máxima precisión.

Es urgente advertir los métodos de la impunidad: los documentos físicos pueden ser incinerados, expedientes seleccionados pueden desaparecer de los registros oficiales, los servidores informáticos pueden ser formateados, las bases de datos pueden ser eliminadas de los nodos centrales y los registros históricos pueden ser burdamente alterados.

Un llamado a la burocracia estatal: conservar no es traicionar

Para evitar el peor de los escenarios, las diferentes organizaciones opositoras y de la sociedad civil deben enviar un mensaje sereno, técnico y claro a quienes actualmente trabajan dentro de las instituciones estatales cubanas.

Es vital que los funcionarios comprendan que la conservación de los archivos no constituye "un acto de traición a la patria y a sus compañeros", como lo catalogaría el régimen. Tampoco implicaría asumir una responsabilidad penal o personal por las actuaciones políticas del castrismo.

Por el contrario, preservar la documentación, impedir activamente su destrucción, salvaguardar copias de seguridad en discos externos o nubes, conservar los registros intactos y negarse a acatar órdenes ilegales de quema o borrado de información representaría una loable contribución al futuro de Cuba y a la reconstrucción integral de la memoria de la nación.

El método de la verdad: preservar, inventariar, analizar y abrir

Cualquier proceso riguroso de justicia y memoria debe alejarse de la arbitrariedad. La experiencia comparada enseña que la gestión de los archivos del poder debe someterse a una metodología estricta, regida por cuatro tiempos jurídicos. Primero debe preservarse mediante la toma física y el aseguramiento de los recintos. Después debe inventariarse minuciosamente para evitar sustracciones. Luego debe analizarse por expertos e historiadores y, como acto final y compromiso de reparación, debe abrirse de forma gradual, responsable y sometida a plenas garantías constitucionales.

No se trata de exponer información de la vida privada de los ciudadanos ni de convertir los archivos en herramientas de chantaje, linchamiento público o revancha política. Se trata de entender que un futuro Estado de Derecho en Cuba necesitará conocer con precisión quirúrgica cómo funcionó el sistema que lo precedió. Necesitará estudiar sus desviaciones normativas, comprender sus mecanismos de actuación y aprender de sus fracasos para no replicarlos jamás.

Los archivos del poder no pertenecen a una cúpula gobernante, no pertenecen a un partido único ni pertenecen a una institución militar o civil concreta. Pertenecen, por derecho inalienable, a la memoria histórica de la nación cubana, un territorio en disputa que ganaría objetividad cuando la democracia por venir encienda las luces de los sótanos del castrismo.