Para el entorno del expresidente Jair Bolsonaro se acumulan los reveses, a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales de Brasil y con un octogenario Luiz Inácio Lula da Silva que pretende ser reelecto. La familia que galvaniza el sentimiento opositor desde el campo conservador ha perdido una nueva ficha con la sentencia contra Eduardo Bolsonaro.
El exdiputado e hijo del exmandatario conservador fue condenado por la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF), que encabeza el magistrado Alexandre de Moraes, una suerte de némesis de Jair Bolsonaro.
Cuando estaba a cargo de la justicia electoral de Brasil, De Moraes sentenció penalmente al expresidente, luego de inhabilitarlo
Eduardo Bolsonaro fue condenado este 16 de junio a cuatro años y dos meses de reclusión en régimen semiabierto, por el delito de coacción durante el proceso que se le siguió a su padre. La pena incluye además 50 días-multa (cada uno equivalente a dos salarios mínimos), la pérdida de cargos públicos y la inelegibilidad desde la fecha de la condena hasta ocho años después de su cumplimiento.
La decisión judicial no es un hecho aislado. Se inscribe en una secuencia de reveses legales que afectan directamente al núcleo familiar del expresidente Bolsonaro y que, en paralelo, coinciden con encuestas que muestran una ventaja consolidada del presidente izquierdista Lula da Silva sobre el otro hijo de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), en la carrera electoral de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 4 de octubre próximo.
Para observadores, juntos estos elementos configuran una tormenta política que sacude al apellido que, desde 2018, ha logrado concentrar y representar al polo conservador y antiizquierdista más movilizado de Brasil.
Según la sentencia del STF, Eduardo Bolsonaro actuó de forma "ostensiva" para intimidar a ese tribunal en el marco de la acción penal que juzgaba a su padre por tentativa de golpe de Estado —relacionada con los hechos del 8 de enero de 2023, cuando turbas tomaron edificios públicos en Brasilia—, así como por la trama de no reconocer los resultados electorales de octubre de 2022.
Las pruebas incluyeron declaraciones públicas, publicaciones en redes sociales y mensajes extraídos del celular de Jair Bolsonaro, en los que Eduardo aconsejaba a su padre evitar comentarios que pudieran comprometer gestiones en Estados Unidos.
El núcleo de la acusación radica en las gestiones realizadas por Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos desde enero de 2025, ante el Gobierno de Donald Trump para que se impusieran sanciones a autoridades brasileñas, especialmente al juez federal Alexandre de Moraes, y medidas económicas como aranceles a las exportaciones brasileñas.
El objetivo, según la Procuraduría General de la República y el STF, era generar presión externa para que el máximo tribunal de Brasil no sentenciara, como finalmente hizo, a Jair Bolsonaro.
Los magistrados Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino votaron de forma unánime en la sentencia contra el hijo del expresidente y coincidieron en que las conductas del exlegislador excedían el ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de la actividad parlamentaria, y configuraban una clara tentativa de coacción contra la administración de Justicia. Los aliados políticos de la familia Bolsonaro interpretan la decisión como persecución judicial.
"La condena del exdiputado federal Eduardo Bolsonaro por el delito de coacción en el curso del proceso viola diversas garantías fundamentales del acusado y revela, una vez más, indicios de persecución política", afirmó el columnista Rodolfo Oliveira en una reacción a la sentencia que publicó Gazeta do Povo.
"Esta es una condena política. El exdiputado se limitó a cuestionar la actuación de las autoridades, algo completamente propio de la dinámica democrática. [...] Castigar este tipo de conducta demuestra que las autoridades no pueden ser cuestionadas, lo que no es compatible con regímenes democráticos", sostuvo por su parte Ives Gandra Martins, uno profesores de Derecho Constitucional más respetados de Brasil.
Jair Bolsonaro está en detención domiciliaria humanitaria desde marzo. Esta última medida, concedida por Alexandre de Moraes por 90 días iniciales y con probabilidad de renovación, se justificó por el delicado estado de salud del expresidente, agravado por complicaciones derivadas de la puñalada sufrida en 2018 y un cuadro reciente de bronconeumonía que requirió internación hospitalaria.
En este mes de junio, mientras la tormenta envuelve a sus hijos, Jair Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario humanitario con restricciones estrictas: prohibición de usar redes sociales, grabar videos o comunicarse de forma que pueda interpretarse como desobediencia, restricciones impuestas por de Moraes. Su defensa sostiene que cumple "de forma rigurosa e integral" las condiciones.
El expresidente, de 71 años, ya no puede postularse a cargos públicos por inhabilitación, y la pena impuesta, incluyendo restricciones a su libertad de expresión, lo mantiene alejado de la primera línea de la política activa.
Finalmente, mientras el padre está bajo arresto domiciliario y el hermano Eduardo enfrenta condena e inelegibilidad, el senador Flávio Bolsonaro es la opción presidencial del bolsonarismo como candidato del PL. Sin embargo, un escándalo reciente también le ha afectado seriamente.
Según la encuesta CNT/MDA, realizada entre el 10 y el 14 de junio de 2026 (2.002 entrevistas, margen de error de 2,2 puntos), en un eventual balotaje Lula obtendría el 49,3% frente al 36,8% de Flávio Bolsonaro. La ventaja del presidente se amplió respecto a abril (cuando Lula tenía 44,9% y Flávio 40,2%). Otras encuestas (AtlasIntel, Datafolha, Quaest/Genial) confirman la tendencia: Lula lidera.
El senador Bolsonaro mantiene un apoyo sólido entre el electorado más conservador, pero perdió terreno entre abril y junio entre jóvenes, independientes, mujeres, evangélicos moderados y clases medias del Sudeste y Centro-Oeste.
Un factor que ha pesado en la caída relativa de Flávio es el escándalo del Banco Master. Revelaciones periodísticas expusieron mensajes y audios en los que el senador solicitaba financiamiento millonario al banquero Daniel Vorcaro —actualmente detenido por un esquema de fraudes que llevó a la liquidación del banco—, para patrocinar una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro.
De acuerdo con observadores, este episodio erosionó la imagen del senador entre votantes más moderados y contribuyó al ensanchamiento de la ventaja de Lula da Silva en las últimas mediciones.
No obstante, el apellido Bolsonaro sigue siendo el principal aglutinador del polo conservador brasileño que hace oposición al continuismo de Lula da Silva, quien aspira a tener un cuarto período presidencial no consecutivo, algo nunca visto en el Brasil democrático.
La decisión reciente sobre Eduardo Bolsonaro por parte del STF, en tanto, podría terminar siendo un bumerang político. Recientes sondeos tanto de Datafolha (75%) como de Genial/Quaest (72%) muestran que más de 7 de cada 10 brasileños consideran que el Supremo de Justicia tiene demasiado poder, y esa percepción está presente también entre los votantes moderados de Lula da Silva, que ven críticamente algunas decisiones de la máxima autoridad judicial de Brasil.
Alguien comentó en estos días, por estos lares, que Lula Lalona gobernaba “democráticamente” el país, otra dictadura letrinoamericana.
Ese comentario fue de el Bobo de la Yuca Comunista ...