En El Salvador sigue en marcha un proceso de socavamiento del sistema institucional. Si bien en el país centroamericano no existe la cadena perpetua dentro del sistema legal vigente, un tribunal contra el crimen organizado dictó sentencias de hasta 120 años por asesinato a expandilleros vinculados a una banda criminal, en una decisión que fue aplaudida por la Fiscalía General.
Rodolfo Delgado, quien se hizo fiscal general en medio de un proceso no transparente de designaciones judiciales bajo el Gobierno de Nayib Bukele, ha promovido desde la Fiscalía este tipo de condenas, que en la práctica terminan omitiendo lo establecido en ley, de un máximo de 45 años.
Por solicitud del propio Bukele en su lucha contra las pandillas (maras), en marzo de 2022 se reformó al Artículo 345 del Código Penal, aprobada por 76 de los 84 diputados, con lo cual colocó en 45 años la pena máxima de prisión en el país centroamericano. Esto fue aprobado por los diputados alineados con Bukele.
Y tal como sucedió con la reelección de Bukele, que tuvo lugar el año pasado pese a que la Constitución expresamente prohíbe la reelección, en el caso de las penas de prisión una cosa es lo que está escrito y otra lo que deciden quienes tienen posiciones de poder sobre las instituciones.
Desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se han emitido diversas advertencias sobre el socavamiento del Estado de derecho en El Salvador detrás de la fachada del combate a la delincuencia. Cuatro relatores especiales de la ONU para diferentes derechos civiles, advirtieron en Ginebra el año pasado que la prolongación del estado de excepción ha terminado por generar graves y continuas violaciones de los derechos humanos de la población.
"El prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia, conllevan el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo", dijeron expertos que incluyen a relatores de la ONU sobre la Independencia de magistrados y abogados, para la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, así como dedicados a documentar ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
El régimen de excepción implementado por el presidente Bukele en El Salvador desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas ha permitido la detención de más de 84.000 personas, que las autoridades califica de "pandilleros". Sin embargo, diversas asociaciones han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y muertes de detenidos, la mayoría con signos de violencia, según esas denuncias.
Para los expertos de la ONU, "a las personas aprehendidas en esta red de arrastre [por lo masivo de las detenciones] del Gobierno en El Salvador se les deben garantizar sus derechos".
En este contexto, la decisión del pasado lunes 27 de una corte contra el crimen organizado de El Salvador terminó generando discordia pública. Ya que se emitieron condenas de hasta 100 y 120 años de prisión, en un proceso que culpabilizó a siete pandilleros del Barrio 18 por varios delitos, entre estos un doble asesinato en la población de San Miguel en 2013 y 2016.
A juicio de organizaciones defensoras de derechos humanos, incluso para los delincuentes debe existir un marco que proteja sus derechos fundamentales. Para castigar por crímenes, el Estado no puede cruzar la línea que le convierta en violador de derechos humanos.
"La corrupción, la concentración de poder y la ausencia de independencia judicial y de otros controles y equilibrios están socavando el Estado de derecho· en El Salvador advirtió en 2024 la Oficina en Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en inglés).
Los pandilleros condenados de forma excesiva (incluso para el marco legal vigente en el país centroamericano) fueron identificados como Carlos Hernández —condenado a 120 años de cárcel—, Yoni Villegas y Armando Salgado —ambos sentenciados a 100 años—. También fueron sancionados Melvis Rivas —64 años de prisión—, Edwin Flores —60 años—, Roberto Valencia y Marco Guandique —ambos condenados a 40 años—.
La Fiscalía no precisó si estos miembros de la pandilla Barrio 18 fueron capturados en el contexto de la implementación del régimen de excepción para "combatir" a las pandillas. La opacidad sobre estas detenciones es otro asunto que preocupa a expertos y organizaciones tanto nacionales como internacionales.
"El estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el Gobierno [de Bukele] no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública", sostienen los expertos de la ONU que hacen seguimiento de la situación en El Salvador.
La Asamblea Legislativa, dominada ampliamente por lo que ha pasado a denominarse como el bukelismo, renueva cada mes por un lapso de 30 días la medida que suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las comunicaciones, y amplía hasta 15 días la detención administrativa.
Empero, analistas ponen sobre el tapete que esta lucha contra las pandillas mantiene a Bukele con altos niveles de popularidad dentro de su país y con gran reconocimiento internacional.
Como he comentado otras veces, el "tufo" zurdero de este periódico que se dice "imparcial" cuando habla de Bukele o de Milei y más adelante del nuevo inquilino de la Casa Blanca se nota. Realmente comencé a leer por sus escritos sobre Cuba, pero cada vez más lo pongo en dudas, no se quien les paga para hacer semejantes panfletos, en cualquier momento se alinearan con Sánchez por sus "grandes" logros.
120 años de prisión = cadena perpetua. ¿Porque no establecer la pena de muerte y ahorrarse el mantenimiento de por vida de esos delincuentes?
Aquí existe una confusión: el limite máximo para permanecer preso NO es un limite para las condenas. La condena es una "nota" que da la sociedad por los crimenes cometidos. Y es usada para aplicar una elemental "justicia matemática": si existen leyes que te permiten reducir tu condena por buen comportamiento, etc, podrían salir de la carcel al mismo tiempo los condenados al máximo permitido y los que cometieron crimenes "mil veces" peores si también fueran condenados "con la misma nota máxima".
Es decir: en un pais como Salvador donde el máximo es 45 años, los condenados a 120 años podrán reducir su pena (por estudios, buen comportamiento, trabajo, etc) "restando" de 120 años (y no de 45). En cualquier caso, serán liberados como máximo a los 45 años.
Así que esas organizaciones deben preocuparse no por las condenas sino porque no permanezcan presos más de 45 años. Pero, claro, es más una manipulación mediática para criticar a Bukele ahora, ya que no quieren esperar 45 años.
Esas organizaciones defensoras de derechos humanos han sido por decadas complices o indiferentes al los crimenes de las pandillas y los carteles.
Por que no defendian con el mismo fervor los derechos de las mas de 75000 victimas que por decadas fueron ultimadas por esas bandas de asesinos en serie?
Los izquierdistas en todas sus variantes son el mismo estiercol de hipocresia, no importa si estan en EEUU, Alemania o El Salvador, y se autodenominan democratas, social democras o verdes.
JC Alemán :
De acuerdo con UD ciento por ciento. No se cómo DDC permite a este zurdo, publicar esas pendejadas aquí, las condenas no son ilegales, son condenas a un mismo personaje autor de varios delitos diferentes que suman esos años. En general el artículo es una manipulación absoluta.