La Fiscalía de El Salvador solicitó este miércoles la detención del expresidente Alfredo Cristiani, de 77 años, quien gobernó hace 35 años, tras la reapertura judicial del caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, a manos de efectivos del Ejército en 1989 durante la guerra civil que asoló al país centroamericano.
Cristiani, un antiguo empresario quien llegó al poder con el partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en 1989, se ha negado en dos ocasiones en pocos días a acudir a las citaciones del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, la capital de El Salvador. Se trata de un caso con gran repercusión en toda América Central por las conexiones del poder político y militar en el asesinato de los religiosos y dos mujeres que le prestaban servicio doméstico en su residencia.
El juez a cargo reabrió el caso este lunes 18 de noviembre para procesar a 11 acusados de la autoría intelectual de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos ciudadanas salvadoreñas en 1989.
Sin mencionarlo explícitamente, el presidente Nayib Bukele ha respaldado que se reabriera esta investigación judicial, con una Fiscalía que abiertamente apoya al actual mandatario, en la medida que concentrara el foco público en la actuación de Arena, un partido que si bien está disminuido en la actualidad adversa a su Gobierno.
Tras la solicitud de la Fiscalía, el juez acordó medidas de fuerza contra el expresidente Cristiani, para de esa forma obligarlo a presentarse en el tribunal. Otros cuatro encausados tampoco han respondido a las citaciones del tribunal en San Salvador.
"Todos los acusados tendrán que hacer frente a cargos por asesinato, terrorismo, conspiración para cometer actos terroristas, fraude procesal y encubrimiento", anunció la Fiscalía.
El abogado defensor Gabriel Solorzano, quien defiende a tres militares retirados en este caso, dijo que en la audiencia preliminar el juzgado ordenó el avance a juicio por los delitos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento, y se ordenó llevar por la fuerza a los cinco imputados ausentes.
Se trata de Cristiani, el exdiputado Rodolfo Parker y los militares retirados Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda. Mientras para los imputados que se presentaron a la audiencia mantuvo la libertad condicional.
Los militares procesados son Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
Los religiosos y las dos mujeres fueron asesinados por un comando de elite del Ejército de El Salvador en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil en este país centroamericano.
Entre los fallecidos figuró Ignacio Ellecuría, un reconocido teólogo de origen vasco, con una docena de textos filosóficos y teológicos centrados en una lectura de la realidad centroamericana.
Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión. Montano cumple actualmente esta pena en España.
Un amparo introducido ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó abrir nuevamente la causa penal en este caso de los jesuitas asesinados.
Los llamados "mártires de la UCA" son recordados por su compromiso con los derechos humanos en el difícil contexto de la guerra civil de El Salvador, entre 1980 y 1992, que finalmente se saldó con unas 75.000 personas muertas y al menos 10.000 desaparecidos.
En relación con el establecimiento de responsabilidades por los hechos ocurridos durante la guerra civil, la abogada Irene Gómez pone de relieve la necesidad de que efectivamente haya una Justicia, ya que a su juicio en El Salvador lo que ocurre es que siguen sumando víctimas de violaciones a derechos humanos.
"En la actualidad, el régimen de excepción —al igual que los estados de sitio [del pasado]— se ha vuelto la regla y no la excepción en la suspensión de derechos fundamentales de la población, que conlleva a su inminente vulneración", sostiene la jurista quien es la parte acusadora en varias masacres ocurridas en El Salvador en los 80.
"Las víctimas del conflicto armado, por más de 40 años en algunos casos, todavía esperan justicia por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, quieren conocer la verdad de lo sucedido, exigen reparaciones integrales y principalmente que se recuerde el pasado y se evite repetirlo", recuerda Gómez.
A su juicio, es importante que esa reparación ocurra sin que en la actualidad se repliquen esquemas, como el régimen de excepción de Bukele, para que la represión no les alcance de nuevo a ellos, que ya fueron víctimas en el pasado, o a sus familiares.
En un homenaje que se rindió el fin de semana a los jesuitas asesinados, Raquel Carballo, vocera de la ONG española Manos Unidos en Centroamérica, sostiene que el contexto salvadoreño es obviamente distinto al de hace 35 años, cuando ocurrió la matanza en la UCA, pero que en el fondo el pueblo salvadoreño sigue desatendido o amenazado, ya no por la violencia, ahora más bien por la pobreza y la falta de oportunidades, mientras que el presidente Bukele "vende afuera una imagen de progreso".
