El Gobierno reduce 'sin prisa, pero sin pausa' los espacios que pueden disfrutar los cubanos en playas y costas

En noviembre de 2023, el Gobierno aprobó una norma que limita el acceso y disfrute de los cubanos de las playas y las costas de la Isla. Se trata del Decreto-Ley 77, publicado en la Gaceta Oficial de la República, que afirma reconocer el carácter público de esos espacios y el derecho a hacer uso de ellos de manera gratuita. En la práctica, ese derecho está subordinado a los intereses del conglomerado militar GAESA, que controla el sector turístico en Cuba.

El Artículo 29 del decreto ley establece que "la utilización de la zona costera es libre, pública y gratuita para los usos comunes de acuerdo con su naturaleza, excepto en las áreas destinadas o de interés de la defensa, la seguridad y el orden interior, instalaciones portuarias, áreas protegidas con categorías estrictas de manejo, instalaciones productivas de bienes y científicas, y las señales marítimas".

Esta norma no sería motivo de preocupación, si el Consejo de Estado de Cuba no hubiera aprobado en 2015 el Decreto-Ley 331, denominado "De las zonas con regulaciones especiales", que permite afectar derechos constitucionales como los de "propiedad socialista de todo el pueblo" sobre esos espacios —reconocido en el Artículo 23 de la Carta Magna—, así como los de movilidad y uso.

Desde esa fecha, por acuerdos del Consejo de Ministros basados en esa norma, varias playas y zonas costeras cubanas han sido declaradas "zonas especiales". Entre estas se encuentran Cayo Saetía, del municipio de Mayarí, en Holguín; las aguas que rodean a los cayos del norte de Isla de la Juventud; la costa sur de Sancti Espíritus denominada Costa Sur; la cayería norte de Villa Clara, la costa sur de la provincia de Cienfuegos, y la cayería norte de Ciego de Ávila, por solo mencionar algunas.

Las limitaciones establecidas en ese decreto ley restringen el acceso de los cubanos a los espacios, pero no el de los extranjeros, y se traducen en un trato discriminatorio para los nacionales.

Un directivo de un hotel en la cayería avileña contó a DIARIO DE CUBA, bajo la condición de anonimato, que los cubanos sin solvencia económica para pagarse la estancia en un hotel tienen prohibido el acceso libre y gratuito a las playas. Bañarse y pasear por esas playas es privilegio de extranjeros y de cubanos con familiares en el exterior que les envíen remesas o los inviten. Los ciudadanos de a pie, principalmente trabajadores estatales y jubilados, no podrán darse ese gusto.

Pero incluso aquellos nacionales que están hospedados en las instalaciones tienen prohibido montarse en las embarcaciones de ocio, aunque el servicio esté incluido en la reserva del hotel que pagaron. A los cubanos les toca ver desde el muelle como los extranjeros se montan en las embarcaciones y disfrutan de paseos que a ellos les están vedados.

Una trabajadora de un hotel de la cayería norte villaclareña ofreció una explicación similar, también bajo condición de que no se divulgue su nombre.

El acceso a todas las playas y costas de la cayería está vigilado y controlado por fuerzas policiales y órganos de contrainteligencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). A la entrada del pedraplén que une la Isla a los cayos existe una garita en la que se revisa a cada persona que desee pasar a los cayos. Los extranjeros solo necesitan mostrar su pasaporte. Los cubanos que no tengan una reserva de hotel o no hayan pagado uno de los llamados pasadía no podrán acceder.

La discriminación de nacionales frente a extranjeros no es algo nuevo en Cuba. Ya en la década de los 90, durante el llamado Periodo Especial, la prohibición de hospedarse e incluso de entrar a los hoteles terminó con la ilusión de que la Revolución era fuente de derechos y de igualdad. Sin embargo, aunque era aplicada de facto esa prohibición nunca quedó recogida en una ley, pues habría sido inconstitucional.

Ahora, además de los citados decretos leyes, la Constitución aprobada en 2019 permite que los cubanos sean discriminados frente a los turistas extranjeros y que se restrinja su acceso a espacios públicos.

El Artículo 23 de la Constitución cubana afirma que "son de propiedad socialista de todo el pueblo: las tierras que no pertenecen a particulares o a cooperativas integradas por estos, el subsuelo, los yacimientos minerales, las minas, los bosques, las aguas, las playas, las vías de comunicación y los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica exclusiva de la República". Sin embargo, faculta al Consejo de Estado para desnaturalizar el uso y disfrute de las zonas de playas y zonas costeras. Este órgano puede acordar la trasmisión de otros derechos que no impliquen transferencia de propiedad sobre estos bienes, siempre que se destinen a los fines del desarrollo económico y social del país y no afecten los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado.

Este trato discriminatorio a los nacionales en un país socialista resulta contradictorio frente a la realidad de un país capitalista como España. El Artículo 132 de la Constitución española dispone que "son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental".

El Artículo 2 de la Ley de Costa de ese país establece que la actuación administrativa del Estado y Gobierno deberá garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas. Estas razones de interés público en España son excepcionalísimas y se reducen a limitar el acceso a puertos o enclaves específicos destinados a la defensa.