El exfiscal que llevó a Lula a prisión denuncia venganza política al perder su escaño de diputado

Si lo que denuncia el exfiscal brasileño Deltan Dallagnol es cierto, Brasil estaría entrando en una era de revanchas políticas de envergadura. Con un papel clave en el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018, por lo cual este no pudo competir electoralmente, Dallagnol acaba de perder su condición de diputado en medio de una polémica decisión de la justicia electoral.

Dallagnol, como el exjuez Sérgio Moro, tuvo un papel protagónico en la llamada Operación Lava Jatos, que fue un terremoto para la clase política brasileña y en particular para el Partido de los Trabajadores (PT), que fundara Lula da Silva en las postrimerías de la dictadura militar. Sin embargo, ambos quedaron en entredicho tras un reportaje del portal The Intercept, que divulgó llamadas entre ambos en las que fijaban estrategias para encarcelar a Lula da Silva, pese a que siendo fiscal y juez debían mantener una distancia institucional.

Una gigantesca trama de corrupción, financiada por la empresa constructora Odebrecht y con ramificaciones en empresas del Estado como Petrobras, puso en el banquillo de los acusados a los gobiernos de izquierda encabezados de forma consecutiva por Lula da Silva (2003-2010) y su delfín político, Dilma Rousseff (2011-2016). El primero estuvo encarcelado casi 600 días, la segunda fue destituida por el Congreso de Brasil.

Dallagnol ha vivido una suerte de bumerán, al estar ahora en el banquillo de los acusados y no duda en calificar de venganza política la decisión tomada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), para destituirle pese a haber sido electo con el mayor número de votos como diputado federal por el estado de Paraná.

Para los magistrados del TSE, el exfiscal renunció al Ministerio Público mucho antes de lo previsto en la ley, 11 meses en lugar de los seis reglamentarios, como una estrategia de que no concluyeran en sanciones 15 investigaciones que tenía abiertas, por su rol como fiscal federal.

Los magistrados se basaron en la Ley Ficha Limpia, de 2010, aprobada en los años de Lula da Silva en el poder, que prevé la destitución de funcionarios electos que hayan ocultado hechos irregulares o hayan sido sancionados en cargos públicos.

Sobre Dallagnol no hay sanciones en firme. Él sostiene que se trata de una "canallada" y que el TSE ha utilizado una "inelegibilidad imaginaria" para revocar su mandato.

En esa quincena de investigaciones que Dallagnol tenía pendientes con la Justicia están, entre otros polémicos casos, tal vez el más espinoso que se conecta con su denuncia de venganza política. Dallagnol está siendo investigado por su colaboración con el entonces juez Sérgio Moro para crear las condiciones óptimas para encarcelar a Lula da Silva.

Moro también quedó en entredicho, porque luego de ordenar en 2018 la detención del septuagenario referente de la izquierda brasileña y latinoamericana, se presentó el 1 de enero de 2019 como ministro de Justicia del primer gabinete del conservador Jair Bolsonaro (2019-2022), quien de forma indirecta se vio beneficiado con el encarcelamiento de Lula da Silva. Posteriormente Moro y Bolsonaro rompieron su alianza política.

Moro, en las elecciones de 2022, también resultó electo como senador, pero el TSE aparentemente no encontró irregularidades que ameritaran su destitución como legislador, aplicando la misma Ley Ficha Limpia.

El exfiscal Dallagnol puede recurrir la decisión ante el Supremo de Justicia (del cual dos de los magistrados del TSE forman parte), pero de momento la decisión tiene efecto inmediato y no podrá volver a la Cámara de Diputados, por ahora.

Al denunciar la venganza política de Lula da Silva, como le ha denominado, Dallagnol recordó la cercanía pública expresada por los magistrados, que durante la reñida campaña electoral de 2022 tuvieron público rechazo hacia las denuncias de parcialidad que les hiciera Bolsonaro. Finalmente, este fue derrotado, y ni las autoridades electorales locales ni los observadores electorales denunciaron ningún fraude, tal como lo apuntara el ahora expresidente conservador, quien no logró la reelección.

La petición para anular el escaño de Dallagnol en el Congreso partió del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva y de las fuerzas aliadas que se presentaron juntos a las elecciones del año pasado, y fue festejada con ironía por diversos políticos de la izquierda.

Aunque Lula da Silva evitó pronunciarse, varios de sus ministros usaron las redes sociales para ridiculizar al exfiscal y ahora exdiputado, un evangélico ferviente que mantuvo una intensa actividad para combatir la corrupción de los gobiernos de izquierda del PT.

Lula da Silva, entre muchos otros casos de corrupción en los que fue señalado, terminó encarcelado por haber recibido un soborno de más de un millón de dólares. La difusión del audio con la conversación entre Dallagnol y Moro en 2019 terminó en manos del sistema de justicia, que de forma paulatina fue anulado los diferentes juicios contra el entonces expresidente, dejándole en libertad y allanando su regreso a la política activa.

Sin llegar a pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir sin llegar a concluir que Lula da Silva fue culpable o inocente en varios casos sonados de corrupción, el Supremo de Justicia fue dejando sin efecto esos juicios, argumentando que hubo una componenda trazada de antemano para encarcelarlo. En otros casos dejó sin efecto procesos porque estos tuvieron lugar en el estado de Paraná y por la investidura de ex jefe de Estado del acusado, Lula da Silva, debieron realizarse en Brasilia.

El regreso de Lula da Silva al poder para un nuevo Gobierno de cuatro años (2023-2026), junto a las acusaciones contra los otrora paladines de la justicia (Moro y Dallagnol), por la vía de los hechos han dejado las acusaciones de corrupción del pasado en una suerte de cámara de hibernación.