Controlar el resultado de las 'elecciones': 'misión de prioridad' para el Partido Comunista de Cuba

El régimen ha afirmado durante décadas que el Partido Comunista de Cuba (PCC), único legal en el país, no promueve ni postula candidatos, ni influye en los procesos electorales de ninguna forma. A estas alturas, la mayoría de los cubanos sabe que eso es falso, pero ignoran cómo y hasta qué punto el PCC interviene en las "elecciones" del país.

DIARIO DE CUBA conversa con el exjuez Edel González, quien fue presidente del Tribunal de Villa Clara y conoce el modus operandi del PCC.

"Yo sostenía amistad y relaciones de trabajo estrechas con primeros secretarios del Partido, altos cargos de fiscalía y el Ministerio del Interior en la provincia, con coordinadores de los CDR (Comités de Defensa de la Revolución), con los que fungían como presidentes de la comisiones electorales en Villa Clara, entre otros".

"Todos nosotros en ese nivel nos contábamos cosas sobre la gestión de las elecciones. También, participé muchas veces en reuniones de coordinación y evaluación del proceso electoral, aunque no es normal que participen los presidentes de tribunales. Es decir, tenía un nivel de relaciones en ese mundo y lo conozco de primera mano". 

Las reuniones a las que se refiere González Jiménez se planifican y ejecutan "antes, durante y después del proceso electoral" y las dirige "el Partido en sus distintos niveles, con las autoridades electorales, jefes de gobiernos provinciales y municipales, la Seguridad del Estado, agentes de inteligencia de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), representantes de los CDR, de la FMC (Federación de Mujeres Cubanas), de la CTC (Central de Trabajadores de Cuba) y otros funcionarios del Partido responsables de la divulgación y propaganda vinculados al aseguramiento político, material, comunicativo y administrativo".

"Son convocadas para conocer del estado de preparación y organización del proceso electoral que se esté llevando a cabo", explica.

"En estas reuniones de contacto cada asistente informa lo que le concierne y las medidas que tienen adoptadas de acuerdo a las responsabilidades que le son asignadas. Son relevantes por ejemplo los informes que ofrece el Ministerio del Interior sobre todo el proceso, las preocupaciones que muestra sobre cada detalle y las medidas que propone para evitar que sean elegidos personas no confiables al sistema imperante. Oído el parecer de estos especialistas en inteligencia, el Partido ordena asegurar las medidas propuestas, mandando a la masa de militantes a actuar en favor del resultado que desean".

"De cara a cada proceso electoral, el Partido planifica y ordena este tipo de reuniones con mucha frecuencia. Lograr un resultado constituye una misión de prioridad, cuestión que es obvia porque la misión de cualquier Partido es lograr conquistas políticas y obtener o mantenerse en el poder, solo que en Cuba el Partido compite contra una sociedad civil que aún no se organiza para el proceso con el nivel de estrategia que exige su oponente".

"Viví en ese monstruo", añade el exjuez, que también fue miembro del PCC y confirma que este daba orientaciones a los militantes para que no permitieran que personas no afines a la Revolución pudieran introducirse en el sistema de gobierno. 

"De darse el caso, en las circunscripciones donde vivíamos, debíamos dar el paso al frente. Eso significaba proponer a un compañero confiable y, de ser posible, deslegitimar al candidato desafecto".

"Entre todas las autoridades se conversa del proceso electoral, los problemas que se advierten y qué medidas planteadas por el Partido se tenía que cumplir so pena de exigencia de responsabilidad política/administrativa. Se viven momentos muy tensos hasta que concluye el proceso".

"Si un disidente u opositor se convierte en candidato responde la Seguridad del Estado, que debía ejecutar medidas para evitar que éste asistiera a la asamblea de nominación de candidato. Responde también el cuadro del Partido que atiende la circunscripción políticamente y debía activar a la militancia para evitar la aprobación del disidente como candidato y su elección posterior. Las medidas pueden ser el cese en sus funciones. Incluso, aquellos miembros del MININT, de las FAR, funcionarios del Estado que son militantes, secretarios de los núcleos del Partido, etc., que debían incidir en el resultado pueden responder políticamente".

González Jiménez afirma saber, por fuentes dentro de Cuba, que la situación ha empeorado después de las protestas de julio de 2021.

"Han aumentado los contactos con el Partido, el nerviosismo por resultados no deseables. El Partido ordena que a nivel de barrio y centro laboral se asegure una participación mayor y el respaldo, que se evite el abstencionismo y se enfrente cualquier intento de candidatura y elección de personas desafectas. Dicen que desde los Estados Unidos se desea penetrar a la Revolución y a las instituciones. El abstencionismo reciente les ha movido el suelo y se apuesta por rebasar el negativo resultado y que se consiga el voto unido por todos los candidatos a diputados".

González Jiménez confirma que aquellos electores de los que se sabe o sospecha la intención de proponer a "alguien desafecto" son objeto de amenazas directas e indirectas.

"Pueden recibir visitas de funcionarios del Partido o de agentes de la Seguridad del Estado. La simple presencia de estos, advirtiéndoles que propondrán a un probable contrarrevolucionario es en sí un acto amenazante. También se hacen actos de repudio frente a casas de disidentes, se planifican actividades de reafirmación revolucionaria. No hay una receta uniforme". 

Lo que cuenta González Jiménez parece demostrar que no hay forma de que un ciudadano no afín al Gobierno resulte electo, ni siquiera en las "elecciones" municipales. ¿Vale la pena que la sociedad civil cubana vuelva a intentar postular ciudadanos, como aparentemente permite la ley?

"El proceso está intervenido en todas sus fases, incluso en la fase del conteo electoral si resultara necesario. Pero la sociedad civil pierde poder en estos espacios decisivos que ocurren cada cierto período no solo por la intervención del Partido, sino porque anda desunida y descoordinada estratégicamente en este frente de lucha, tarea en la que debemos mejorar", dice González Jiménez.

En vistas de que el régimen interviene las elecciones e impide que sean transparentes y los ciudadanos escojan libremente a sus representantes, organizaciones dentro y fuera de Cuba promueven la abstención en los comicios convocados para marzo.

González Jiménez considera que no participar "es una forma genuina de protesta".

"Patentar el abstencionismo individual, familiar y comunitario también da la medida del rechazo al modelo electoral y al modelo político económico que se desea ratificar en estas elecciones", dice. 

Sobre la legalidad del llamado a la abstención, recuerda que el Código Penal vigente en Cuba establece desde el Artículo 430 una serie de conductas que pueden calificar delito electoral, condenándose mayoritariamente acciones u omisiones de funcionarios electorales.

No obstante, el apartado 3 del Artículo 443 carga indebidamente contra derechos políticos de los electores. El inciso h) condena con penas de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas a quien promueva o induzca la abstención entre las personas con derecho al voto activo.

"Esto no tiene sentido en un proceso donde el Partido y el sistema de propaganda oficial ordena y llama al voto por todos y reclama participación. Hay una desigualdad, quedando el soberano, es decir el pueblo, atado de pies y manos frente al poder. El poder que se obtiene así es ilegítimo", sentencia el exjuez.