Un punto de inflexión en el largo historial de arbitrariedades del régimen de Daniel Ortega

Las celebraciones que se han dado dentro y fuera de Nicaragua por el destierro de 222 presos políticos nicaragüenses, se vieron empañadas en cuestión de horas al concluir de forma exprés el juicio contra el obispo Rolando José Álvarez. En el largo historial de arbitrariedades del régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, este es un punto de inflexión.

Álvarez se negó a ir al destierro este 9 de febrero, como lo confirmara el propio Ortega en una alocución sobre el envío masivo de presos políticos a Estados Unidos, otro hecho inédito en el continente. La Casa Blanca negoció con Managua, aduciendo razones humanitarias mientras que el régimen sandinista envió un mensaje en pro de reactivar canales de diálogo entre EEUU y Nicaragua.

Un Ortega visiblemente molesto fustigó la decisión de Álvarez y confirmó que ya no gozaría de una detención domiciliaria, sino que el obispo católico sería enviado de inmediato a una cárcel de máxima seguridad.

Una vez que se negó a subirse al avión, junto a los otros 222 presos políticos que sí viajaron a Washington, Ortega dijo que, en lugar de devolverlo a su casa materna, para seguir en prisión domiciliaria, lo trasladaron a la Cárcel Modelo, una prisión de máxima seguridad ubicada en las afueras de Managua, porque "él es un hombre común y corriente. El hábito no hace al monje".

Obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, monseñor Álvarez fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión en Nicaragua. Los cargos que se le imputaron fueron delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades.

Ha sido la más alta condena dictada en los últimos dos años en los que ha tenido lugar una razzia contra voces críticas dentro del país centroamericano. También es la primera vez que se dicta condena en firme contra un obispo católico.

Ni el Vaticano, ni la Conferencia Episcopal Nicaragüense se pronunciaron para condenar la sentencia ni para exigir la libertad de Álvarez. La agencia de noticias oficiosa de Roma, Vatican News, reseñó lo ocurrido, pero sin fijar posición.

Un día después de que el prelado se negase a abandonar el país, según recopiló el medio en el exilio Confidencial, la sentencia en su contra fue leída por el magistrado sandinista Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM). Además, fue sancionado con 800 días multa, equivalentes a unos 1.500 dólares estadounidenses.

El régimen, asimismo, ordenó despojar de su nacionalidad al líder religioso, tras declararlo como "traidor a la patria", tal como hizo con los excarcelados políticos desterrados este jueves 9 de febrero.

El obispo Álvarez estaba detenido desde el pasado 19 de agosto de 2022 en arresto domiciliario. En 2018, había formado parte de la comisión de diálogo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que buscaba mediar entre el Gobierno y los opositores a las políticas ejercidas en la nación.    

En 2022, el Gobierno de Nicaragua también expulsó del país al nuncio apostólico y a 18 religiosas de la Orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Además, cerró diversos medios de comunicación católicos. Y este 9 de febrero quitó la ciudadanía y desterró a seis sacerdotes. Aún permanecen encarcelados otros dos presbíteros.

Con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 comenzó una larga etapa de relaciones tensas entre los diferentes gobiernos que ha encabezado Ortega y la Iglesia Católica, que tradicionalmente gozó de respeto entre los nicaragüenses.

"En la década del 80 vimos la persecución contra la Iglesia. Siempre ha habido asedio, persecución contra todos aquellos que levantamos nuestra voz para defender a este país", sostiene desde su exilio el padre Edwin Román, quien debió dejar atrás su posición de párroco en la población de Masaya.

Sin embargo, cuando Daniel Ortega perdió el poder en 1990 y posteriormente inició su campaña presidencial para volver al poder en 2004, pidió perdón por los ataques a los religiosos. Algunos advirtieron que esto, en el fondo, era una estrategia política.

La única voz de peso en el Vaticano que se ha pronunciado ante lo ocurrido ha sido el presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de Europa (COMECE), el cardenal y jesuita Jean-Claude Hollerich, quien expresó su preocupación por la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua.

Hollerich condenó "la persecución a la que está siendo sometida nuestra Iglesia y algunos de sus miembros en dicho país en los últimos tiempos, en particular, nuestro hermano en el episcopado monseñor Álvarez".

Entretanto, el papa Francisco ha guardado silencio sobre los diversos sucesos que han afectado a la Iglesia Católica, producto de la política coercitiva del régimen de Ortega y Murillo.

El 21 de agosto de 2022, dos días después de la detención de Álvarez, el papa se refirió a la situación de Nicaragua pero evitó referirse específicamente al arresto del obispo católico. Francisco, en aquel momento, manifestó su "preocupación y dolor" por la situación del país centroamericano.