El Tribunal Superior de Londres estudia este lunes una reclamación de recuperación de deuda contra el Banco Nacional de Cuba (BNC) y el Gobierno, presentada inicialmente en febrero de 2020 por CRF I Limited, un fondo de inversión registrado en las Islas Caimán, reporta EFE.
En el juicio, en la División Comercial de la corte inglesa, que se prevé que dure varios días, la jueza Sara Cockerill dirimirá primero si CRF es el acreedor legítimo de la deuda del BNC y del régimen, por un monto de 72 millones de euros.
Según documentos del caso, la demanda que ahora se estudia representa una pequeña parte de los cerca de 1.500 millones en reclamaciones que CRF I adquirió a lo largo de los años en nombre de sus inversores, pero se cree que el veredicto podría extenderse a casos similares.
La suma exigida por CRF I deriva de acuerdos de préstamo entre el régimen y dos bancos europeos (Crédit Lyonnais y L'Istituto Bancario Italiano) suscritos en los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando el banco central cubano había actuado como garante.
El BNC y el Gobierno de Cuba, que estarán representados en el proceso, argumentan que CRF —que previamente trató de llegar a un acuerdo de cobro junto con otros inversores— no es su acreedor, al considerarlo un "fondo buitre".
En un comunicado del 13 de enero, el banco estatal argumentó que "los fondos buitres compran en el mercado secundario, a precios de remate, las deudas emitidas por países, para reclamar el pago inmediato de su 100% bajo amenaza de demanda judicial".
Añadió que este procedimiento es deuda pública porque "fue contraída por el BNC antes de 1997, cuando tenía funciones de Banco Central".
Desde entonces, agregó el comunicado, la entidad no tiene facultad para actuar en nombre del Gobierno cubano ni para aprobar cesión de deuda pública sin la autorización previa del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros.
En audiencias preliminares, la parte cubana presentó una estrategia, ahora retirada, para tratar de que el caso se desestimara, argumentando que hubo procedimientos ilegales en la obtención de la información que llevó a la demanda de CRF I y que un miembro del grupo sobornó a funcionarios del BNC, en concreto a Raúl Olivera Lozano, para hacerse con la deuda.
Está previsto que en el juicio londinense intervengan testigos de ambas partes, algunos de los cuales se prevé que testifiquen por videoconferencia desde Cuba, según indicaron a EFE fuentes legales.
El BNC y el Gobierno cubano insisten en que “jamás han desconocido sus deudas y han mantenido siempre el interés de negociar con sus legítimos acreedores", entre los que no incluye al fondo de inversión demandante.
Coste de millones al pueblo de Cuba
Pese a que el régimen dice que el juicio que arranca este lunes en Londres por sus deudas no afectará a la economía cubana "en estos momentos", lo cierto es que el proceso ya ha costado millones al pueblo cubano.
De acuerdo con documentos vistos por DIARIO DE CUBA, del Tribunal de Comercio de los Tribunales Reales de Justicia de Londres, hasta la fecha CRF I ha informado a esa corte gastos judiciales de 2.153.000 libras esterlinas, equivalente a 2.603.827 dólares.
Por el lado de la parte cubana, el gasto reportado al tribunal asciende a 1.991.000 libras (aproximadamente 2.407.905 dólares), más un estimado de entre 653.073 y 816.341 dólares que supondrán los gastos del juicio. O sea, un total que oscila entre 3.060.978 y 3.224.246 dólares.
Sumadas esas cifras, de gastos en los procedimientos legales en el Reino Unido, donde el perdedor del pleito debe asumir el costo total del proceso, la parte afectada tendría que pagar unos 5,8 millones de dólares.
En caso de ser hallado responsable el régimen de Cuba en la adjudicación de la deuda en litigio, esa cantidad caería sobre los hombros de los cubanos, y se sumaría a la cifra que debe desde hace casi 40 años y que CRF reclama.
La demanda judicial de CRF I incluye un endeudamiento a corto plazo no relacionado con el comercio del 17 de enero de 1982, celebrado entre el BNC y Credit Lyonnais Bank Nederland NV, y un endeudamiento bancario a corto plazo no relacionado con el comercio del 30 de enero de 1984, celebrado entre el BNC y el Instituto Banco Italiano, según consta en la demanda.
De acuerdo con una carta del BNC del 25 de noviembre de 2019, los montos principales de las deudas, sin incluir todos los intereses no pagados y devengados, suman 11.504.067 euros por el préstamo del Credit Lyonnais, y 2.939.928 euros en concepto de deuda IBI.
De ello deriva que CRF I reclame su derecho sobre la suma de 72.122.664 euros en concepto de saldo principal e intereses devengados en virtud de las deudas. Aparte de ello, hay una suma adicional que se cuantificará con respecto a los intereses adicionales que se hayan acumulado al momento de la sentencia o el pago, lo que ocurra primero.
Y, fuera de todo lo anterior, está lo que costará el proceso. Todo ello pesará como una losa sobre los cubanos de hoy y de mañana.
Con este inesperado juicio londinense se abre la interrogante:
¿Perdió el experimento cubano el interés de los grandes poderes globales que lo subsidian?
La concesión de créditos a largo plazo a una economía nacional desastrosa e improductiva es, además de un sinsentido económico, una manera de subsidiar y apuntalar a un "aliado estratégico" que se quiere proteger.
Cuando vemos las deudas de Cuba por el mundo, las condonaciones, los impagos, la inacción judicial de los prestamistas.... uno no puede evitar preguntarse :¿Qué es, realmente, la revolución cubana para merecer un trato tan benévolo de países e instituciones financieras?
Quede claro que no pido una reacción brutal de dichas instituciones contra Cuba ni un cierre completo de créditos a la isla.
Como la mayoría de los cubanos deseo que se liberen las fuerzas productivas que el régimen, en su lucha eterna contra la riqueza personal, tiene amarradas.
El cartel de Punto Cero gana 72 millones de euros en una tarde despues de una transaccion de lavado de dinero o relacionada al trafico de drogas y personas.
Sin embargo, para los bandidos se trata de mantener el flujo de billetes que se roban de los creditos blandos de gobiernos e inversionistas idiotas, por eso pagan casi un 10% de esa deuda en abogados para tratar de lavar la imagen y seguir estafando.
Buen punto.
¿Piensan que van a pagar? Jajajá.😀😃😄😁😆😅😂😂
Eso es lo interesante. El el Estado nunca va a pagar eso. La única forma que un fallo se saldaría sería embargando activos, lo que tendría un efecto funcional de no poder usar bancos en países que acatarían la orden judicial. Entre los cuales, convenientemente esta el HAVIN International Bank en Londres. JAJA.