El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó el martes 10 de noviembre por unanimidad, luego de tres aplazamientos del debate definitivo, una reforma parcial de la ley eléctrica para propiciar la inversión privada y extranjera en el sector, cuya prolongada crisis se ha agravado este año con el crecimiento de la demanda y en medio de la apertura petrolera.
La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que se suma a otras modificaciones del marco legal venezolano para abrir sectores estratégicos al capital extranjero, establece que la actividad de generación "será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente", citó la agencia de noticias EFE.
Las concesiones a empresas privadas podrán ser otorgadas hasta por un plazo máximo de 25 años, según la norma.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, dijo durante la discusión que la ley "no promueve en modo alguno la privatización" del sector pero sí "la apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación y a la autogeneración de electricidad".
Las concesiones serán otorgadas por el Ministerio de Energía Eléctrica para una generación que supere los 50 megavatios (MW) o que involucre o afecte "bienes de dominio público, sistemas de transmisión troncal, distribución y comercialización en áreas de servicio exclusivo o sistemas integrados de escala regional", indica el texto aprobado.
Una vez concluida la habilitación, la empresa operadora deberá restituir y transferir a la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) o a "quien se designe, libres de gravámenes, todos los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante su vigencia".
La norma también señala que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes podrán ser decididas por los tribunales venezolanos o "mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitraje".
Sobre las empresas petroleras, la ley establece que deben "asegurar y garantizar el suministro continuo, regular, confiable, suficiente y estable de energía eléctrica para la ejecución de las actividades primarias, mediante modelos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros, dirigidos a asegurar su autonomía operativa".
Las compañías petroleras y las sociedades de generación eléctrica independiente no requieren autorización del Estado "para generar energía destinada a sus redes internas, salvo cuando se interconecten" a la red nacional.
Venezuela sufre una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado, lo que ha generado protestas en distintos estados del país.
La oposición y expertos argumentan que las fallas en el sistema se deben a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, fenómenos climáticos y supuestos sabotajes.
La reforma, impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fue sometida a un proceso de consultas con potenciales prestadores del servicio, trabajadores del sector eléctrico y usuarios del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Rodríguez señaló que uno de los principales objetivos de la legislación es ampliar la oferta de energía mediante la incorporación de operadores privados, particularmente para atender las necesidades de grandes consumidores, como industrias, empresas y centros comerciales, citó el medio independiente venezolano Alberto News.
El funcionario apuntó que los inversionistas también podrán instalar plantas de generación e importar electricidad desde países vecinos para comercializarla en Venezuela, bajo las condiciones establecidas en la legislación.
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la incorporación de un esquema tarifario que contempla precios indexados a monedas de mayor valor, aunque con mecanismos de subsidio destinados a los consumidores que no puedan asumir el costo completo del servicio.
Hasta ahora no se han especificado los nuevos montos, las monedas de referencia para la indexación ni los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios para acceder a los subsidios.
Rodríguez reiteró que el Estado continuará obligado a garantizar el suministro eléctrico a la población, independientemente de la incorporación de nuevos operadores.
