Bolivia ha vivido una suerte de seísmo político institucional este 4 de noviembre al conocerse que el magistrado Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país andino, salió al exilio denunciando persecución en su contra. Huyó junto con su esposa e hijos. Para analistas, se trata del síntoma más visible de una crisis institucional que lleva largos años gestándose y que ahora se manifiesta en la cúpula misma del Poder Judicial.
Un día antes de que Saucedo confirmara que había abandonado Bolivia, la Fiscalía había emitido una resolución que ordenaba su aprehensión por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas (Artículo 48 de la Ley 1008) y organización criminal (Artículo 132 bis del Código Penal). La medida, firmada por fiscales de la unidad especializada en delitos de narcotráfico de La Paz, lo considera probable autor de los hechos.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó que Saucedo enfrenta al menos dos o tres procesos abiertos en Santa Cruz y que se tramita una notificación roja de Interpol. Reportes preliminares mencionan que el magistrado pudo haberse desplazado por tierra hacia Brasil, aunque las autoridades aún no tienen confirmación oficial de su paradero.
El Gobierno de Rodrigo Paz reaccionó relacionando este caso con una trama mayor. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, vinculó la partida de Saucedo con su cercanía al ex fiscal general Roger Mariaca, detenido en octubre por organización criminal y lavado de activos después de que Estados Unidos le revocara la visa. "Eran muy amigos", dijo Oviedo.
El propio presidente Paz, desde España durante la Cumbre Iberoamericana, calificó la noticia como "penosa, pero alentadora para el futuro", en referencia a las investigaciones sobre el modelo judicial que heredó su gestión tras casi dos décadas de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).
Para observadores, con el fin de entender los últimos acontecimientos hay que retroceder a la reconfiguración del Órgano Judicial bajo los gobiernos del MAS. Durante los casi 14 años de gobierno de Evo Morales (2006-2019), la Constitución de 2009 introdujo la elección popular de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el TSJ, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. La intención declarada era despolitizar la Justicia y darle legitimidad democrática.
Sin embargo, en la práctica, el mecanismo de preselección en la Asamblea Legislativa, controlada por los dos tercios del MAS, filtró candidatos afines políticamente. Organismos como Human Rights Watch documentaron el uso de la Fiscalía para procesar opositores con cargos de motivación política.
Con los años de Morales en el poder, la Justicia se convirtió en brazo operativo del poder hegemónico. Tras la victoria de Luis Arce en 2020, el control operativo se desplazó hacia el Ejecutivo, pero la dependencia política persistió. En el marco de la fractura interna del MAS entre las facciones "evista" y "arcista", el sistema judicial fue instrumentalizado no solo contra la oposición tradicional, sino contra el propio Morales.
El World Justice Project, en su Índice de Estado de Derecho 2025, situó a Bolivia en el puesto 131 de 143 países, solo por encima de Venezuela y Nicaragua en la región latinoamericana en materia de corrupción e inefectividad del sistema de justicia. Varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de relatores de Naciones Unidas han señalado de manera reiterada la falta de independencia como problema estructural en la vida institucional de Bolivia.
"La Justicia, en su conjunto, estuvo sometida al poder Ejecutivo y Legislativo. La han manoseado de tal manera que la instrumentalizaron para la comisión de delitos, abusos y atropellos contra la ciudadanía", aseveró el exjuez Luis Tapia, quien en los años de gobierno de Evo Morales sufrió persecución al no plegarse a las directrices del MAS en sus decisiones judiciales.
Entretanto, el caso Saucedo se inserta en un contexto más amplio de investigaciones contra altas autoridades judiciales por presuntos vínculos con el narcotráfico. El mes anterior, Mariaca, elegido en 2024 por la Asamblea entonces controlada por el MAS, fue enviado a prisión preventiva. Estados Unidos había cancelado su visa y la de otros funcionarios.
Desde el Ejecutivo se sostiene que las acciones cuentan con respaldo de la Administración estadounidense y forman parte de un reajuste de la política de seguridad boliviana, que en marzo se sumó a la alianza Escudo de las Américas impulsada por Donald Trump.
Saucedo, de 38 años y magistrado más votado del país en su momento, había presentado en octubre su renuncia a la presidencia del TSJ con efecto a partir de enero de 2027. La Sala Plena designó a Rosmery Ruiz como presidenta en funciones y le dio un plazo de seis días para reincorporarse; de no hacerlo, podría perder el cargo.
El Comité pro Santa Cruz y otros actores cívicos han atribuido la crisis a las dos décadas de gobiernos del MAS y han pedido una reestructuración del Órgano Judicial. Paz ha anunciado la intención de convocar una Cumbre de la Justicia en Sucre. Sin embargo, las reformas anunciadas en gobiernos anteriores no se materializaron. El mecanismo de preselección legislativa sigue siendo el punto de captura política: mientras el Parlamento filtre la lista de candidatos, la elección popular de magistrados no garantiza independencia, sino legitimidad formal a un poder ya capturado.
Para expertos bolivianos, es necesario modificar el proceso de selección para que la preselección deje de ser un filtro partidario. Asimismo, se ven como urgentes el fortalecimiento del Consejo de la Magistratura; establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de lucha contra la corrupción interna; y separar con claridad la investigación del narcotráfico de la disputa política.
El exilio de Saucedo pone de manifiesto que el actual modelo ha agotado su legitimidad. Un tribunal supremo cuyo titular se declara perseguido y es buscado por tráfico de drogas no puede ofrecer garantías ni a los justiciables ni a los propios magistrados. La situación no es solo un escándalo coyuntural: es la evidencia de que Bolivia necesita reconstruir las bases de su sistema de justicia.
Expertos sostienen que la investigación contra Saucedo y otros altos funcionarios debe seguir su curso con transparencia. Al mismo tiempo, el debate sobre la reforma estructural no puede posponerse.
