Una comisión de investigación creada por mandato de la ONU concluyó que los ataques sistemáticos de Rusia contra la red eléctrica de Ucrania constituyen crímenes de lesa humanidad, además de crímenes de guerra cometidos mediante ataques deliberados contra objetivos civiles.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022, expuso sus conclusiones en un informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
La investigación evaluó el impacto de estos ataques durante el invierno de 2025-2026, constatando que cientos de drones y misiles dañaron la red eléctrica de Ucrania, en ataques cada vez más frecuentes a partir del otoño de 2022.
El informe se basó en el testimonio de 255 personas de nueve regiones —Dnipró, Kiev, Járkov, Jersón, Mykolaiv, Odesa, Poltava, Zaporiyia y Yitomir—, así como en aportaciones de autoridades ucranianas, profesionales médicos y organizaciones no gubernamentales.
La comisión concluyó que los comandantes rusos que emitieron las órdenes de ataque sabían que las instalaciones de calefacción atacadas en los principales centros urbanos eran esenciales para la supervivencia de la población civil, especialmente durante el invierno.
Las autoridades rusas también habían anunciado públicamente planes para futuros ataques. Los investigadores determinaron que la red eléctrica fue atacada deliberadamente como parte de una política estatal destinada a cortar el suministro eléctrico y los servicios esenciales, causando sufrimiento a la población civil.
Si bien el panel también examinó los ataques ucranianos contra la infraestructura energética en Rusia y los territorios ocupados, no pudo analizar sus efectos con mayor profundidad debido a que Rusia denegó el acceso y no respondió a las solicitudes de información.
La comisión enfatizó que el derecho internacional prohíbe los ataques contra civiles e infraestructura civil, y exigió el cese inmediato de dichos ataques.
En cuanto al reclutamiento de ciudadanos extranjeros en el Ejército ruso, la comisión reunió pruebas que vinculan a las autoridades rusas con operaciones de trata de personas en 29 países. Los reclutas fueron obtenidos mediante engaño o coacción, con operaciones coordinadas por agentes y agencias internacionales.
Intermediarios que operaban bajo la apariencia de empresas legales y aprobadas por el Gobierno tramitaban visas y documentación de viaje. Al llegar, los extranjeros eran obligados a firmar contratos militares redactados en ruso antes de ser desplegados en puestos de primera línea para misiones peligrosas, lo que resultó en numerosas bajas y desapariciones.
En total, la Dirección de Inteligencia de Defensa de Ucrania ha identificado a más de 28.000 extranjeros que prestan servicio en las Fuerzas Armadas rusas bajo contratos militares, incluidos cientos de cubanos, y se prevé que esta cifra siga en aumento.
