El pasado 4 de octubre los brasileños acudieron a votar y enviaron un mensaje claro: Luiz Inácio Lula da Silva no logró la mayoría necesaria para reelegirse en primera vuelta. A partir de ese momento, el ritmo de anuncios gubernamentales se aceleró de forma notable. Un "festín populista", según medios críticos de la gestión del referente de la izquierda brasileña.
UOL, O Globo y Valor Econômico han cuestionado el "pacote de bondades", el paquete de anuncios que se intensificó tras la derrota en la primera vuelta ante el senador del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario conservador Jair Bolsonaro. Según las lecturas de la prensa en Brasil, el Gobierno que encabeza Lula da Silva, fundador y una vez más candidato del Partido de los Trabajadores (PT), el objetivo de los anuncios es recuperar terreno entre electores. La segunda vuelta tendrá lugar el próximo domingo 25 de octubre.
En la primera vuelta, el senador Bolsonaro (PL) obtuvo 47,03% de los votos válidos, frente a los 45,16% de Lula da Silva. Ninguno superó el 50%, y tal como lo establece la ley brasileña, la decisión quedó para la segunda vuelta. El resultado no solo colocó al hijo del expresidente Jair Bolsonaro por delante, sino que reveló un rechazo acumulado a la continuidad del octogenario ex dirigente sindical, en su aspiración de estar en el poder por un cuarto periodo (no consecutivo).
El 9 de octubre, apenas cinco días después de la primera vuelta, el Gobierno decretó la eliminación temporal de los impuestos federales sobre la gasolina por un mes. Sin ambages, esta medida buscaba aliviar el bolsillo de los conductores justo cuando las encuestas mostraban a un Lula da Silva en desventaja para el balotaje.
El 13 de octubre llegó el paquete Prospera MEI: perdón integral de deudas tributarias a 3,6 millones de microempresarios individuales, junto al programa Pix MEI (transferencias no reembolsables con un tope cercano a los 1.000 dólares para inversión en el negocio).
El mismo día, Lula prometió, en un video en formato selfie, el "Pé-de-Meia Universitário" para un eventual próximo mandato: apoyos mensuales y anuales para cerca de un millón de estudiantes, con algo menos de 5.000 dólares por alumnos, para que permanezcan en las universidades públicas.
Paralelamente, el Congreso promulgó una enmienda constitucional que pone fin a la escala 6x1 (seis días de trabajo por uno de descanso), reduciendo gradualmente la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial y garantizando dos días de descanso remunerados.
Acto seguido, el 15 de octubre, Lula da Silva anunció que enviaría al Congreso una Propuesta de Enmienda a la Constitución para garantizar transporte público gratuito los fines de semana en todo el país, financiada con fondo públicos. Analistas estimaron un costo anual cercano a los 1.200 millones de dólares.
Marcos Mendes, investigador asociado del instituto académico Insper y especialista en cuentas públicas, ha sido una de las voces más contundentes en la crítica a este paquete. En entrevista con CNN Brasil Mendes afirmó que se trata de "un enjambre de medidas, todas ellas con impacto electoral, sin ninguna investigación técnica detrás".
Señaló que no existen estudios profundos sobre los efectos económicos y sociales de propuestas como la tarifa cero en el transporte público los fines de semana: "Hay algunas estimaciones de costo muy superficiales. Lo que existe es investigación de impacto electoral".
Para Mendes, el conjunto de medidas electoralistas carece de fundamento técnico y puede agravar las crisis económica e institucional del Brasil, en caso de que lleguen a ejecutarse a partir de 2027. El país, advirtió, se encamina hacia un crecimiento muy próximo a cero, y un escenario más grave podría llevar al Gobierno a favorecer una inflación más elevada para diluir el peso real de la deuda pública, además de flexibilizar la política monetaria e implementar controles cambiarios.
Por otro lado, Mendes ha subrayado que el Gobierno "atropella reglas e instituciones", en un contexto en el que la legislación electoral y la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal restringen la distribución de beneficios en periodo de campaña.
Su crítica no es aislada. Columnistas como Fernando Schüler, en el diario Estadão, han descrito el fenómeno como "populismo fiscal y grosero", producto de la fragilidad institucional: la Ley de Elecciones prohíbe la distribución gratuita de bienes o beneficios en año electoral, pero las medidas se "ajustan" o se presentan como políticas de largo plazo.
Entretanto, editoriales de los diarios O Globo y Gazeta do Povo han calificado el episodio de "populismo en estado puro" y "desespero fiscal", señalando que las bondades no son gratuitas: se pagan con el dinero del contribuyente y pueden alimentar desequilibrios que terminarán erosionando el poder adquisitivo que pretenden proteger.
El Gobierno, a través del ministro de Planificación Bruno Moretti, ha negado el carácter electoral y ha defendido que las acciones buscan mitigar efectos de la coyuntura internacional y de la desaceleración económica, dentro de las reglas fiscales.
Los críticos argumentan que esta lógica de "bondades" refuerza el ciclo de populismo fiscal que Brasil conoce bien: se distribuyen recursos en el corto plazo para ganar votos, se posponen los ajustes y se eleva el costo de la deuda. Con la deuda pública ya en torno al 83% del PIB, las nuevas medidas —de ejecutarse— ampliarían esta brecha.
A una semana de la segunda vuelta, las encuestas (Datafolha, entre otras) mostraban un empate técnico, con Flávio Bolsonaro en torno al 51% y Lula da Silva al 49% de los votos válidos. El "festín" de anuncios buscaba precisamente movilizar a quienes no votaron en primera vuelta y a los indecisos, presentando al candidato de izquierdas como el protector de los trabajadores y de los más vulnerables frente a un adversario asociado a recortes.
Sin embargo, el rechazo a un cuarto mandato —alimentado por la percepción de desgaste, inflación residual, seguridad pública y fatiga institucional— no se desmonta fácilmente con decretos de última hora. Como han subrayado analistas críticos, cada beneficio anunciado hoy es una factura que el próximo gobierno, sea quien sea, deberá pagar. Y en un país con fragilidad fiscal crónica, esa factura termina pagándola, en última instancia, el propio elector al que se pretende seducir.
