Este 29 de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por seis meses el mandato de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) desplegada en Haití. La Resolución 2829, impulsada por EEUU y Panamá, se aprobó con 12 votos a favor, ninguno en contra y las abstenciones de China, Rusia y Pakistán.
La misión, originalmente creada en 2023 y con varias metamorfosis en el camino, tendrá un mandato vigente hasta el 31 de marzo de 2027. En el papel, es un respaldo político a una misión armada internacional. En el terreno, el número de efectivos sigue muy por debajo de lo que la propia ONU autorizó inicialmente y su papel ha sido pobre para impedir el avance y consolidación del poder fáctico que ejercen las pandillas criminales, que controlan el 70-80% del territorio de la capital haitiana, Puerto Príncipe.
Para observadores, el problema no es político o diplomático sino esencialmente financiero. La comunidad internacional ha vuelto a autorizar una fuerza multinacional, pero no la dota del personal ni del financiamiento sostenido que se consideraban indispensables, cuando se impulsó inicialmente esta medida hace tres años.
Hace un año, en septiembre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia, hacia la GSF. La MSS había sido aprobada en 2023 para apoyar a la Policía Nacional de Haití. Nunca alcanzó los 2.500 efectivos previstos. En el mejor momento rondó los 1.000.
La GSF se presentó como un modelo distinto. No es una operación clásica de cascos azules. Recibió un mandato más ofensivo: operaciones de inteligencia contra las pandillas, protección de infraestructura crítica, apoyo al acceso humanitario y coordinación con la Policía y las Fuerzas Armadas haitianas. El techo autorizado es de unos 5.500 efectivos uniformados.
El cambio de nombre y de mandato no resolvió el problema de fondo: el financiamiento. La GSF es un híbrido. El nuevo Buró de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH) cubre logística —combustible, agua, alojamiento, evacuación médica, movilidad— con contribuciones evaluadas del presupuesto de mantenimiento de la paz. Los sueldos y costos de personal, en cambio, dependen de un fondo fiduciario de contribuciones voluntarias, el mismo esquema que dejó a la MSS crónicamente desfinanciada.
Ese diseño explica por qué hay más promesas que tropas. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, confirmó tras la votación de este martes, que hay "más de 1.500 efectivos en el terreno" y que otros 4.000 llegarían "en los próximos meses". Otras cuentas oficiales son más modestas: a fines de agosto se reportaban 1.166 uniformados de seis países. En cualquier caso, la misión opera en torno al 30% de su tamaño previsto.
Pese a la presencia internacional, las pandillas conservan el control de la mayor parte de Puerto Príncipe. El Estado, cuya institucionalidad tampoco termina de consolidarse, no ha recuperado el control sobre la capital. Las bandas dominan rutas de acceso, corredores económicos, barrios densos y, en la práctica, la capacidad de decidir quién circula y quién no.
La coalición criminal Viv Ansanm y grupos aliados o no han sido desarticulados. Figuras con exposición pública como Jimmy "Barbecue" Chérizier, quien se dice admirador de Fidel Castro, "Che" Guevara y la Revolución Cubana, siguen en libertad.
La GSF ha establecido bases —incluida una en Gonaïves, fuera de la capital— y ha participado en operaciones que, según Washington, liberaron algunas zonas antes inaccesibles para la Policía haitiana. Esos avances tácticos no alteran el mapa estratégico. Las pandillas se adaptan, se desplazan, reconstruyen alianzas y siguen reclutando, incluso a menores. La Policía haitiana, con unos 6.000 agentes nominales, es ampliamente superada en número de hombres y poder armamentístico por las bandas criminales.
Para observadores, el modelo de un financiamiento voluntario a la misión actual reproduce el fracaso de la MSS. El fondo fiduciario ha recibido promesas del orden de 223 millones de dólares, pero esto resulta insuficiente para mantener a una fuerza pensada para 5.500 efectivos. El UNSOH alivia la logística, pero no paga a los soldados. Si los donantes no desembolsan, las tropas no llegan.
EEUU insiste en que no puede seguir cargando en solitario con el costo, pero la estrategia de Washington no ha surtido efecto en lograr un mayor apoyo económico para evitar que Haití pase, literalmente, a estar gobernada por los grupos criminales. Entretanto, otros países prometen contingentes —Chad, Mongolia, Jamaica, Guatemala, El Salvador, Sri Lanka, y anuncios de Costa de Marfil, Sierra Leona o Perú— pero el ritmo de llegada no coincide con la urgencia política de Haití.
Si la misión internacional y las fuerzas policiales de Haití no logran revertir la tendencia en las semanas venideras se ponen en riesgo unos estratégicos comicios, en la línea de reinstitucionalizar al empobrecido y asolado país caribeño.
Haití no celebra elecciones nacionales desde el ciclo de 2015-2016. El Consejo Electoral Provisional fijó la primera vuelta presidencial y legislativa —y un referendo constitucional— para el 13 de diciembre de 2026. Una segunda vuelta y comicios locales están previstos para el 21 de febrero de 2027. Los resultados finales se esperarían en marzo, justo cuando vence el nuevo mandato de la GSF.
Sin seguridad interna mínima, esa calendarización es frágil. Campañas, centros de votación, transporte de material electoral y observación internacional requieren rutas abiertas y barrios no controlados por grupos armados. El propio CEP condicionó el calendario a la mejora de la seguridad y a la disponibilidad de recursos. Expertos y reportes recientes advierten que diciembre puede resultar inalcanzable si la violencia no cede.
Por otra parte, un aplazamiento de las votaciones alargaría un Gobierno de transición sin mandato popular y profundizaría la erosión institucional.
La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU subrayó "la importancia de garantizar condiciones de seguridad propicias para elecciones libres y justas". Pero si una sentencia de este tipo no va acompañada de medidas concretas, que ayuden a materializar una lucha efectiva contra el crimen, el escenario electoral haitiano se desdibuja.
Haití ha visto décadas de misiones, fondos fiduciarios, promesas y siglas. La GSF quiso marcar una ruptura: mandato más duro, apoyo logístico de la ONU, liderazgo multinacional y un techo de tropas más alto. Un año después, el patrón se parece demasiado a la anterior MSS. Se cambia el nombre, pero no se ha logrado cerrar la fractura que atraviesa al pueblo haitiano.
Hasta ahora las votaciones en la ONU no han logrado revertir una dura situación: es el crimen organizado quién controla las calles de Puerto Príncipe.
La solución para Haití es la de Duterte en Filipinas: Exterminar a las bandas de raíz sin que quede nadie para contarlo.