El excandidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, anunció el viernes 17 de julio que no asistirá a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que tendrá lugar el próximo 7 de agosto, al considerar que este carece de "legitimidad política y ética" por su "estrecha" relación con Estados Unidos.
"De la Espriella podrá posesionarse como presidente de la República, pero no por ese acto formal tendrá legitimidad política y ética como presidente de la República", dijo Cepeda en una declaración a medios de comunicación, a tres días de la instalación del nuevo Congreso, en el que liderará la oposición en el Senado como jefe de la bancada del Pacto Histórico.
Además de sostener que no acudirá al acto de posesión de De la Espriella, que tiene ciudadanía estadounidense, dijo que impulsará una estrategia de "desobediencia civil", que definió como una acción "pública, pacífica, no violenta y consciente", aunque no dio detalles sobre las acciones que convocará, citó la agencia de noticias EFE.
El senador sostuvo que el presidente electo y su entorno político están "entregando al Gobierno de Estados Unidos el control de nuestra seguridad nacional" y relacionó esa acusación con la reunión que sostuvo el jueves en Washington el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
El Departamento de Estado anunció en la misma jornada restricciones de visado para miembros de grupos que identifica como "terroristas de extrema izquierda" y otros afines, una medida que busca impedir el ingreso a EEUU de personas que financien, recluten o faciliten actividades terroristas o delictivas.
Cepeda interpretó esa iniciativa como el inicio de una nueva doctrina de seguridad que, en su opinión, busca perseguir a la izquierda política y social, criminalizar la protesta, estigmatizar a organizaciones no gubernamentales y migrantes y justificar violaciones de derechos humanos en América Latina.
El excandidato también reiteró sus críticas por la detención y posterior deportación desde Estados Unidos del activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, al asegurar que se trató de una persecución política que atribuyó al presidente electo.
"No me cabe duda que esa decisión arbitraria corresponde a una acción y a una solicitud del señor De la Espriella", dijo Cepeda.
Coral regresó a Colombia el jueves, un mes después de haber sido detenido en Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
El viernes 17 de julio, el equipo de empalme del presidente electo elevó una nueva denuncia contra la Administración de Gustavo Petro, al radicar ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República cuatro alertas por presuntas irregularidades en procesos contractuales y administrativos que involucran a tres entidades del Estado.
Las denuncias fueron presentadas por el Equipo de Empalme Anticorrupción, liderado por el abogado Germán Calderón España, y se concentran en procesos relacionados con la empresas estatales Colombia Compra Eficiente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la empresa Electrohuila.
El primer caso corresponde a un proceso de contratación mediante el cual Colombia Compra Eficiente busca seleccionar proveedores de servicios de ciberseguridad en un contrato cercano a los 300.000 millones de pesos, cuya adjudicación está prevista para el próximo 28 de julio.
Según el equipo de empalme, el proceso presentaría presuntos pliegos direccionados, requisitos que limitarían la participación de empresas nacionales, estudios de mercado desactualizados y un cronograma con una rapidez que consideran inusual. Por esa razón, solicitaron a los organismos de control la suspensión inmediata del proceso mientras se revisan las presuntas anomalías.
Otras dos denuncias están dirigidas contra actuaciones relacionadas con el ICBF. En ellas se cuestiona un convenio superior a 6.435 millones de pesos suscrito con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender la desnutrición infantil en el departamento de Chocó.
De acuerdo con la información ofrecida a la Procuraduría, el hospital se encontraba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud al momento de la contratación. Además, aseguraron haber documentado la ausencia de personal médico y nutricional, el uso de alimentos no autorizados y fallas en los protocolos de inocuidad.
Como consecuencia de esas presuntas irregularidades, el empalme sostiene que la cobertura del programa se redujo en un 40%, lo que dejó por fuera a siete municipios y liberó más de 2.060 millones de pesos de recursos inicialmente comprometidos.
La cuarta denuncia se refiere a una presunta reforma estatutaria en la compañía mixta Electrohuila que, según el equipo de De la Espriella, habría sido diseñada para favorecer la permanencia de la actual gerente de la empresa. Sobre este caso, indicaron que la Procuraduría ya abrió una indagación previa.
Al anunciar las acciones, el Equipo de Empalme Anticorrupción aseguró que estas denuncias hacen parte de la estrategia que implementará el nuevo Gobierno antes de la posesión presidencial del 7 de agosto.
"Desde el Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella reiteramos que el primer Empalme Anticorrupción de la historia de Colombia no es un ejercicio retórico: es una acción concreta, documentada y con nombres propios. Estas denuncias son la demostración de que el compromiso de defender cada peso de los colombianos comenzó antes del 7 de agosto. Caiga quien caiga. ¡Firme por la Patria!", señaló el comunicado, citado por el diario local El Colombiano.
