Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron a Venezuela hace dos semanas, además de miles de fallecidos y heridos, dejaron a otros miles de personas sin vivienda. La crisis humanitaria que ha seguido a estos terremotos revelan las limitaciones y graves riesgos de la respuesta estatal liderada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, según organizaciones de derechos humanos.
Dos entidades reconocidas en Venezuela en el campo de la defensa de derechos humanos han documentado cómo organismos de Inteligencia y Contrainteligencia, con largo historial represivo según informes previos de la ONU, están ahora a cargo de la seguridad de campamentos y albergues temporales, lo que, según sus observaciones, genera un ambiente de control que restringe la libre expresión de los afectados, entre otros derechos afectados.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas documentó en diversos informes que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) han desempeñado un papel central en la represión durante el régimen de Nicolás Maduro (2013-2025). Desde que Maduro fue capturado por fuerzas de EEUU y asumió como presidenta interina Delcy Rodríguez, entidades nacionales e internacionales han solicitado que ambos cuerpos represivos sean desmantelados y haya sanciones, lo cual no ha ocurrido en el primer semestre de 2026.
La Misión de la ONU concluyó que funcionarios de estos organismos participaron en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, contra opositores o venezolanos que eran percibidos como críticos de Maduro. Estos actos formaron parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) también ha sido señalado en contextos de operaciones de represión durante protestas y otras situaciones de control social.
Provea, en un informe recién publicado y tras visitar refugios en Caracas, registró la presencia de funcionarios armados de la DGCIM, el SEBIN y el CONAS controlando accesos en campamentos ubicados en la Avenida Bolívar, el Paseo Los Ilustres, la Plaza Altamira y el Parque del Oeste. La organización señaló que esta presencia militarizada, en lugar de corresponder a organismos policiales civiles, "podría constituir un mecanismo de control social y obstaculizar derechos a la expresión e información, vitales para la protección de personas y la respuesta humanitaria".
Esta asignación de tareas de seguridad a organismos con historial documentado de represión tiene implicaciones directas para los damnificados. Las personas que perdieron sus viviendas y se encuentran en campamentos o albergues dependen de la asistencia estatal para alimento, agua, atención médica y refugio. La presencia de agentes de Inteligencia y Contrainteligencia puede generar autocensura: los afectados temen expresar críticas sobre la lentitud en la entrega de ayuda, la falta de información sobre desaparecidos o posibles irregularidades en la distribución de recursos, por temor a ser identificados como opositores o a enfrentar represalias.
Caleidoscopio Humano, en su informe publicado este jueves y titulado "Resumen de la situación de derechos humanos a dos semanas de la tragedia sísmica en Venezuela", describe una respuesta estatal tardía e insuficiente. La organización señala que "la doble réplica de la tragedia desnudó la fragilidad de los derechos humanos en el país. No se habla de las personas desaparecidas, la respuesta fue tardía e insuficiente. La corrupción y el abuso de poder chocaron con la fuerza de solidaridad de la ciudadanía".
Según su análisis, las autoridades omiten cifras oficiales de desaparecidos, mientras organizaciones internacionales estiman entre 10.000 y 50.000 personas no localizadas. Las familias denuncian la ausencia de listas actualizadas y canales transparentes de información, lo que vulnera el derecho al duelo y a la verdad.
Caleidoscopio Humano documentó, asimismo, la militarización en la "zona cero" de La Guaira, donde retenes y controles de acceso limitaron el flujo de insumos humanitarios. La Guaira, a 30 kilómetros al norte de Caracas, es la zona más devastada por los dos seísmos consecutivos del pasado 24 de junio.
Testimonios recogidos por la organización refieren robos de colchones y bienes en refugios por parte de miembros de la Guardia Nacional y colectivos armados (grupos de civiles afectos al chavismo). La organización también registra casos de funcionarios captados sustrayendo dinero de entre los escombros y detenciones de rescatistas independientes que exigían mayor transparencia. Caleidoscopio Humano afirma: "Alzar la voz para exigir transparencia y ayuda en medio de una tragedia no puede ser un delito".
Provea, fundada en 1988 y la organización de derechos humanos más antigua que permanece activa en Venezuela, enfatizó al hacer un balance de las dos primeras semanas posteriores a los terremotos que el Estado venezolano debe atender la crisis humanitaria "sin descuidar sus obligaciones con los Derechos Humanos".
La organización exige un censo de personas afectadas por pérdida de viviendas, inspecciones técnicas de edificaciones dañadas, consolidación de centros temporales de acogida, garantías para el derecho a la educación de niños y adolescentes, y acompañamiento psicosocial en alianza con la sociedad civil, universidades y actores humanitarios internacionales.
Provea insiste en que la presencia de fuerzas de Inteligencia y Contrainteligencia en los albergues no contribuye a la protección, sino que puede generar un clima de intimidación incompatible con los estándares internacionales aplicables a situaciones de desastre.
Las críticas de ambas organizaciones se dirigen a aspectos concretos de la gestión encabezada por Delcy Rodríguez. El decreto de estado de emergencia y luto nacional se emitió una semana después del sismo. Organizaciones internacionales como OCHA enfrentaron restricciones para el ingreso de personal.
La narrativa oficial ha enfatizado la solidaridad ciudadana y ha atribuido limitaciones a factores externos, mientras que informes independientes destacan desorganización, politización de la ayuda y falta de auditorías independientes sobre construcciones como las de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Finalmente, la Washington Office on Latin America (WOLA), una entidad sin fines de lucro de amplia trayectoria y presidida en la actualidad por la abogada venezolana Carolina Jiménez, en una carta abierta dirigida al Gobierno de EEUU instó este miércoles a garantizar una respuesta humanitaria transparente y efectiva centrada en las comunidades afectadas y sus derechos.
En vista del tutelaje que pasó a ejercer Washington sobre Caracas tras la caída de Maduro el pasado 3 de enero, WOLA pidió al Gobierno estadounidense utilizar su intermediación para lograr plena transparencia en la recepción, asignación y distribución de la ayuda, con verificación independiente; una respuesta liderada por civiles y no por militares; la derogación de la Ley de ONG que restringe el trabajo de la sociedad civil; el levantamiento de bloqueos a redes sociales y medios; y el acceso ágil de personal humanitario internacional.
El mismo perro con diferente collar. Nada ha cambiado, los preso políticos sigue ahí, el narco Diosdado sigue ahí, no hay elecciones, los robos de donativos siguen. Una pregunta ¿Delcy gobierna o es una títere de Diosdado?