En el Palacio de Miraflores, en Caracas, el presidente colombiano Gustavo Petro y la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sellaron un pacto inédito: combatir de manera conjunta y militar las mafias que controlan la extensa frontera binacional de más de 2.200 kilómetros. En menos de 24 horas la reacción de los grupos armados se hizo sentir con fuerza. En medio de una ola de ataques, un atentado terrorista dejó un saldo de 14 fallecidos y 38 heridos en Colombia.
En su mensaje conjunto, tras una prologada reunión privada este 24 de abril, los gobernantes no mencionaron nombres de grupos armados específicos, pero el mensaje fue claro y contundente: "Que sepan los grupos del narcotráfico, del contrabando de combustible y de otros delitos que estamos dando pasos firmes para el combate a estos delitos", declaró Rodríguez.
Petro, por su parte, habló de "liberar a los pueblos de la frontera de las mafias dedicadas a diversas economías ilegales", citando explícitamente la cocaína, el oro ilícito, la trata de personas y minerales raros.
Este acuerdo, alcanzado en la primera visita oficial de Petro a Caracas desde la captura y extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 en un operativo militar estadounidense, representa un verdadero giro de 180 grados tanto en la política del chavismo como en la del propio Gobierno colombiano.
Durante décadas, la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido un espacio de tolerancia mutua —o incluso de complicidad tácita— hacia estructuras armadas y criminales que financiaban sus actividades con el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Ahora, por primera vez desde la llegada del chavismo al poder en 1999, Caracas se alinea con Bogotá en una estrategia de inteligencia compartida, planes de intercambiar información, pero sin precisión oficial sobre despliegue conjunto para recuperar el control territorial.
Este giro es otra novedad tras la salida forzada de Maduro. Con el visto bueno de la Casa Blanca, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y ahora el Gobierno de Caracas, antes acusado de proteger o convivir con grupos irregulares en su territorio, comenzó a priorizar la estabilidad y la cooperación regional.
Gustavo Petro, quien en los primeros años de su mandato impulsó la "paz total" como eje central de su política de seguridad, ha endurecido progresivamente su discurso y sus acciones contra las disidencias de las antiguas FARC y el ELN, especialmente en zonas de frontera. El anuncio del viernes en Caracas no solo marca un antes y un después en las relaciones bilaterales, sino que parece sintonizar —sin declararlo abiertamente— con prioridades de seguridad emanadas desde Washington, enfocándose en desmantelar las economías ilícitas asociadas al tráfico de cocaína, oro y minerales raros.
Apenas 24 horas después del pacto, la respuesta de los grupos criminales fue brutal. Las Fuerzas Militares de Colombia registraron 26 acciones terroristas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca durante el fin de semana. Hostigamientos con fusil, ataques con drones explosivos, bloqueos de vías y artefactos detonados contra la población civil y la fuerza pública. Todas estas acciones, según el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, responden a la "presión sostenida" que el Estado ha venido ejerciendo sobre estas estructuras.
El punto más alto de esta escalada ocurrió el sábado 25 de abril en el sector conocido como El Túnel, municipio de Cajibío (Cauca), sobre la Vía Panamericana. Un cilindro bomba lanzado por hombres armados impactó directamente sobre un bus de servicio público y afectó otros vehículos que transitaban por la carretera. El saldo ha sido trágico: 14 civiles muertos —entre ellos varios menores de edad— y 38 heridos. Fuentes militares atribuyeron el ataque de manera directa a la Columna Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC comandada por "Iván Mordisco", señalado como el criminal más buscado del país.
Aunque la zona afectada en Cauca está distante de la frontera, "Iván Mordisco" es uno de los principales cabecillas de los negocios ilícitos y las acciones violentas en la zonas limítrofes entre Venezuela y Colombia. Según Insight Crime, Néstor Gregorio Vera Fernández —su nombre real— maneja más de 4.000 combatientes en al menos diez departamentos colombianos y tiene presencia en territorio venezolano. Considerado el criminal más buscado del país, es reconocido por InSight Crime como uno de los comandantes más violentos de las disidencias.
Aunque no mencionado en el comunicado conjunto de Caracas, el ELN comparte y en muchas ocasiones disputa con estas disidencias de las FARC el control de zonas estratégicas para el paso de cocaína y oro ilícito, y junto a eso extorsionan a comerciantes y ganaderos y son permisivos con otros grupos criminales dedicados a la trata de personas.
Analistas colombianos consultados por medios de prensa de ese país coinciden en que este pacto entre Petro y Rodríguez representa un cambio paradigmático. Durante el chavismo clásico, la frontera era un espacio de retaguardia para el ELN y las FARC (tras el pacto de paz de La Habana para las disidencias de este grupo). Ahora con Delcy Rodríguez al frente y alineada con EEUU, Caracas parece dispuesta a cerrar ese capítulo para ganar estabilidad interna y credibilidad internacional.
Petro, por su parte, ha entendido que la "paz total" no puede avanzar mientras estos grupos sigan financiándose con economías criminales que afectan directamente a la población más vulnerable. Además, está en la recta final de su gobierno sin haber logrado la pacificación del país, que había sido su gran apuesta al asumir la Presidencia en 2022.
Sin embargo, ambos gobiernos tienen un desafío estructural no solo de respuesta militar y/o policial. La frontera colombo-venezolana no solo es geográficamente extensa, sino que está marcada por décadas de abandono estatal, pobreza y economías ilegales entrelazadas. El oro ilícito extraído en el sur de Bolívar y el Catatumbo, la cocaína que sale por el Pacífico y el Caribe, la trata de personas y el contrabando de combustible forman un ecosistema criminal que trasciende banderas y requiere coordinación real más allá de los comunicados.
Para observadores del lado venezolano, este pacto de Caracas entre dos gobernantes que se autodefinen como de izquierdas, aunque histórico por su decisión de enfrentar a las guerrillas devenidas en bandas criminales, aún debe traducirse en resultados concretos sobre el terreno: intercambio efectivo de inteligencia, inevitables operativos conjuntos y, sobre todo, medidas sociales que ataquen las causas profundas de la violencia.
