En un giro en el proceso por narcotráfico seguido en EEUU contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Washington modificó las sanciones emitidas contra Caracas para permitir que el actual Gobierno presidido por Delcy Rodríguez pueda pagar los honorarios de los abogados de la defensa, algo a lo que las autoridades judiciales estadounidenses se habían negado hasta ahora, alegando motivos de seguridad nacional y política exterior.
No obstante, la OFAC dispuso que los pagos se producirán bajo ciertas condiciones, toda vez que estableció que "los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026", así como que estos "no se deriven de fondos de depósito de gobiernos extranjeros", indicó el documento, citado por la agencia EFE.
Previamente, la defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de pagar los honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU, que garantiza el derecho de todo acusado a elegir a su representante legal y, por lo tanto, pedía la desestimación del caso.
El pasado 26 de marzo, en una segunda audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que sigue el juicio a Maduro, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, se había mostrado escéptico ante la postura de la Fiscalía, señalando que, tras su captura y traslado a EEUU, el matrimonio ya no representaba "una amenaza para la seguridad nacional", por lo que no puso trabas a que se levantaran estas sanciones específicas.
En consecuencia, los abogados de Maduro y Flores retiraron su solicitud previa de desestimar el caso, la cual se basaba en la falta de recursos económicos para sostener la representación legal. Con la emisión de las licencias, ese argumento quedó sin efecto y eliminó el riesgo de que el caso se atascara en un vericueto legal.
Así, el documento firmado por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, asignado al caso, señaló que ambas partes solicitaron que la próxima audiencia se realice dentro de dos meses, aunque la fecha exacta aún no ha sido fijada por el tribunal.
Maduro, capturado el 3 de enero en Venezuela en una operación militar de EEUU, está acusado por la Justicia estadounidense de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
De todos los cargos referidos, Maduro y Flores se declararon no culpables.
Este levantamiento de sanciones ocurre poco después de que el diplomático John Barrett arribara el jueves a Venezuela como nuevo encargado de negocios de EEUU, en sustitución de su compatriota Laura Dogu, para ofrecer —según sus propias palabras— "resultados" en la implementación del plan de tres fases de Washington para el país.
La sustitución de Dogu por Barrett se concretó una semana después de que el Departamento del Tesoro anunciara el levantamiento de las sanciones contra el sistema bancario público venezolano.
Quince días antes, Washington había eliminado las sanciones que pesaban desde 2018 sobre Delcy Rodríguez, para quien Donald Trump ha tenido palabras de elogio desde que asumió la presidencia interina.
Es una afrenta al pueblo venezolano que su escaso dinero se use para el pago de la defensa de un dictador corrupto.