La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada ampliamente por el chavismo, designó este 9 de abril a Larry Devoe como nuevo fiscal general. Dada la cercanía del abogado con la presidenta interina Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, al frente del Parlamento, la decisión se lee como una señal de que no habrá apertura para investigar las violaciones de derechos humanos.
La votación, que registró 275 sufragios a favor y apenas diez en contra de la bancada opositora, ratificó la homogeneidad del chavismo, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y simboliza, para las organizaciones de la sociedad civil, que se mantendrá el control político desde el Palacio de Miraflores sobre los otros poderes, que en teoría deberían ser autónomos.
Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional eligió a la académica Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo, en una jornada que las organizaciones de derechos humanos interpretan como una rotación de poder sin renovación real del Poder Ciudadano. Devoe y González Lobato han sido juramentados este mismo jueves con un mandato de siete años.
Devoe, quien venía ejerciendo como fiscal general encargado tras la renuncia de Tarek William Saab, comenzó tempranamente su carrea con el chavismo en 2001, pero fue con la llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia en 2013, que consolidó su ascenso. En 2014 fue nombrado secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cargo desde el cual actuó como consultor jurídico de la Vicepresidencia y representante del Estado ante organismos internacionales.
Participó en la delegación venezolana ante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2016 y respaldó públicamente la salida de Venezuela de la CIDH ese mismo año.
En foros internacionales, Devoe se convirtió en una de las voces más consistentes en la defensa del Gobierno. En Ginebra negó de manera reiterada la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y descalificó las investigaciones de la Corte Penal Internacional, argumentando que "Venezuela ha demostrado suficientemente que no se han cometido crímenes de lesa humanidad".
Ante la CIDH y la ONU también matizó o rechazó denuncias sobre presos políticos, torturas y detenciones arbitrarias, presentándolas como "distorsiones" de la oposición o "ataques imperialistas". Esa trayectoria lo convierte, según las ONG, en un perfil incompatible con la independencia que supone la Constitución aún vigente en Venezuela.
Las reacciones de la sociedad civil fueron inmediatas y contundentes. La más antigua entidad activa en el campo de los derechos humanos, Provea, a través de su coordinador general Oscar Murillo, calificó a Devoe como "un funcionario de absoluta confianza" de Delcy Rodríguez y "multicargos" cuya aproximación al mundo de los derechos humanos ha sido "desde la posición arrogante de quien ostenta poder".
"Sus actitudes despectivas frente a las organizaciones que documentamos abusos estatales", añade Murillo, demuestran que no representa el perfil que Venezuela necesita.
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que la designación "termina de desdibujar la frontera entre el poder político y la Justicia". Su coordinadora Martha Tineo señaló que "no se buscaron perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos", lo que genera "una sensación de orfandad jurídica" entre las víctimas.
Desde un punto de vista analítico, la designación envía una señal inequívoca: el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez no abrirá espacio para investigaciones profundas sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas durante los años de Nicolás Maduro (2013-2025).
Documentadas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, la CIDH, Human Rights Watch y decenas de ONG venezolanas, esas violaciones incluyen miles de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el marco de la represión a la disidencia política, especialmente tras las protestas de 2014, 2017 y 2024.
Al colocar en la Fiscalía a un funcionario que durante más de una década negó, minimizó o justificó esas mismas violaciones ante la comunidad internacional, el chavismo garantiza la continuidad de la impunidad. El Ministerio Público, lejos de convertirse en un instrumento de rendición de cuentas, seguirá actuando como escudo protector del aparato represivo, según prevén los defensores venezolanos.
Este movimiento se inscribe en un contexto político muy específico. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la posterior promulgación de una Ley de Amnistía de alcance limitado, el oficialismo ha impulsado una narrativa de "estabilización institucional" y "normalidad". Sin embargo, la retención del control absoluto sobre la Asamblea Nacional y el nombramiento de figuras afines en los órganos del Poder Ciudadano revelan que "el nuevo momento político", como definió Rodríguez a la actual etapa, no incluye justicia transicional ni reparación a las víctimas.
Analistas coinciden en que se trata —en materia de justicia y derechos humanos— de una estrategia de "continuidad con máscara de cambio".
Junto a la designación de Devoe, tuvo lugar la designación de la académica Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo. Profesora en la Universidad Central de Venezuela por largos años, González Lobato no proviene del núcleo duro del chavismo ni ha militado en el PSUV. La propia bancada oficialista destacó que "jamás ha militado en un partido político", presentándola como un gesto de apertura. Sin embargo, sus posiciones públicas la sitúan claramente enfrentada al liderazgo de María Corina Machado.
En entrevistas durante los años 2024 y 2025, la ahora Defensora cuestionó duramente a la dirigente opositora, afirmando que "no tiene idea de cómo hacer política" y que "el control lo tiene el oficialismo". Asimismo, ha minimizado la magnitud del fraude electoral en comicios presidenciales de julio de 2024.
A esta posición política, se suma su falta de formación específica en materia de derechos humanos. Organizaciones como Mundo Sin Mordaza advirtieron que su perfil "no satisface el requisito constitucional de competencia manifiesta en materia de derechos humanos", lo que desnaturaliza el rol de la Defensoría como escudo de los vulnerables ante el Estado.
Para observadores, estas designaciones no solo consolidan el dominio chavista sobre las instituciones clave de control y garantía ciudadana, sino que cierran cualquier expectativa de una apertura real hacia la justicia y la verdad sobre las violaciones de derechos humanos del periodo madurista.
Después de la captura de Maduro, la decisión de dejar el resto del aparato represivo sin tocar prácticamente, aunque doloroso, tuvo una explicación que convincente o no podía entenderse como estrategia, en la medida que se fueran realizando los cambios necesarios hacia una transición lo más pacífica posible. Pero tres meses después los cambios han sido imperceptibles y apuntan a ser menos que cosméticos; control del petróleo, liberación de algunos presos políticos que nunca debieron estar en esa condición y apertura de oficinas o locales para la oposición, pero a estas alturas aún no se le ofrece a la principal figura de esa oposición, Maria Corina Machado un regreso sin condiciones a su país. Del lobo un pelo, dice el refrán, pero si un esquema parecido es el plan de USA con Cuba, mejor no se tomen la molestia ni incurran en esos gastos innecesarios.