La Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, aprobó el jueves 22 de enero en primera discusión un proyecto de reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos que flexibilizaría el control estatal sobre las operaciones petroleras, crearía oportunidades para la inversión de empresas privadas y permitiría el reconocimiento del arbitraje internacional en las disputas de inversión, entre otras medidas.
La reforma se produce en momentos en que el Gobierno de Donald Trump mantiene sus esfuerzos por asumir el control del petróleo del país sudamericano, a la par que el gobernante estadounidense firmó una orden ejecutiva que tiene el objetivo de garantizar que los ingresos por la venta de petróleo venezolano permanezcan protegidos contra su uso por el régimen chavista.
La reforma busca permitir un acelerado incremento en la producción de petróleo y propone, además flexibilizar el pago directo de regalías al Gobierno de Venezuela, al "rebajarla, con tal que se pueda atraer a esta inversión en estos campos nuevos que no producen actualmente", dijo Orlando Camacho, diputado y presidente de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (FedeIndustria), quien presentó la iniciativa, según el reporte de la agencia de noticias AP.
El 15 de enero pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, utilizó su primer mensaje sobre el estado de la nación para abogar por la apertura de la crucial industria petrolera estatal a una mayor inversión extranjera.
La reforma debe ser aprobada en una segunda discusión y sancionada por la presidenta encargada antes de su publicación oficial.
"Esta reforma está orientada a fortalecer la soberanía energética, atraer inversiones y desarrollar campos no explotados en beneficio del pueblo venezolano", escribió la mandataria encargada en X.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, afirmó que el "petróleo debajo de la tierra no sirve para nada. De qué nos sirve decir que tenemos las más grandes reservas de petróleo del planeta si las condiciones desde el bloqueo de las sanciones hasta los mismos elementos engorrosos en la legislación impiden un acelerado proceso" para aumentar la producción.
Después que las fuerzas estadounidenses capturaron al dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un sorpresivo operativo en la madrugada del 3 de enero pasado, Washington se ha propuesto asumir el control de la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela.
La Casa Blanca ha dicho que planea controlar los futuros ingresos petroleros para asegurar que beneficien al pueblo venezolano.
Trump se reunió el 9 de enero en Washington con ejecutivos de compañías petroleras para discutir su objetivo de invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela para reconstruir la maltrecha industria venezolana de los hidrocarburos y acrecentar su producción y distribución de petróleo. El mandatario estadounidense aseguró entonces que Estados Unidos tenía previsto vender al menos de 30 a 50 millones de barriles de petróleo venezolano.
Horas antes de ese anuncio, Trump declaró a la prensa que Estados Unidos ya había sacado 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela. "Lo estamos vendiendo en el mercado abierto. Estamos bajando los precios del petróleo de forma increíble", afirmó.
En agosto de 2006, Hugo Chávez, predecesor y mentor político de Maduro, llevó adelante una reforma de la ley que impulsó la creación de empresas mixtas en el sector petrolero, revirtiendo convenios operativos en sociedades con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la que esta mantenía el control mayoritario en los proyectos.
Mientras firmas como ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron el país y acudieron a los tribunales ante la ola de nacionalizaciones, empresas como Chevron, entre otras, aceptaron la oferta de Chávez para crear una empresa junto a PDVSA en términos que lucían desfavorables.
Durante el primer mandato de Trump, el Departamento del Tesoro sancionó a PDVSA y concedió licencias para seguir operando en Venezuela a firmas petroleras, entre ellas Chevron.
En otra señal de la rapidez de los cambios en Caracas, Estados Unidos confirmó el jueves que ha designado a una nueva jefa para su misión en Venezuela.
La página de la Embajada estadounidense indicó que Laura F. Dogu —exembajadora en Nicaragua y Honduras— será la nueva encargada de negocios en Venezuela, en lo que se interpretó como otro paso hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas.
Caracas y Washington rompieron relaciones en 2019 tras la controvertida proclamación de Maduro como presidente reelecto. Desde entonces, la Embajada de Estados Unidos ha estado prácticamente vacía.
A los pocos días de la captura de Maduro, diplomáticos estadounidenses viajaron a la capital venezolana para discutir la reapertura de la embajada.
Dogu trabajará desde Bogotá, en la vecina Colombia, hasta que la misión esté operativa.
Esta semana, Delcy Rodríguez destinó 300 millones de dólares procedentes de una venta de petróleo negociada por Estados Unidos a apuntalar la debilitada moneda nacional, el bolívar.
La mera expectativa de esa inyección hizo caer el precio del dólar, moneda en la que muchos venezolanos realizan sus transacciones. Pero los economistas advirtieron que un alivio real frente a la espiral inflacionaria requerirá una entrada sostenida de dólares, lo que a su vez exige inversión extranjera.
