Popularmente se les llama "colectivos", surgieron inicialmente de cooperativas de conductores de motocicletas identificados con el chavismo, en los años en que Hugo Chávez gobernaba Venezuela. Son en realidad grupos armados, que operan en los barrios populares, especialmente en Caracas, con una mezcla de funciones ideológicas, represivas y delictivas.
Una vez que Nicolás Maduro fue depuesto y llevado ante la Justicia de EEUU, y cuando la palabra "transición" ha sido mencionada en distintas ocasiones desde Washington, estos grupos de civiles armados, autodefinidos supuestos defensores de la Revolución Bolivariana, constituyen uno de los nudos centrales en Venezuela para cualquier vía a una democracia plena. Esto lo plantea una investigación realizada por el portal Insight Crime.
Inicialmente, tras el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, los colectivos emergieron como iniciativas comunitarias: promovían actividades culturales, educativas y sociales en zonas marginadas, alineadas con el discurso socialista. Recibieron financiamiento estatal, motocicletas y armas, actuando a menudo como avanzada de los cuerpos policiales dentro de los barrios o favelas populares de Caracas.
Bajo Nicolás Maduro, esta dinámica se intensificó. Ante la erosión económica y las protestas masivas —especialmente en 2014, 2017 y 2019—, los colectivos se convirtieron en el brazo represivo informal del régimen. Actuaron junto a la Policía y la Guardia Nacional para disolver manifestaciones, a menudo con violencia letal.
Organizaciones como Amnistía Internacional y la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU han documentado su rol en ejecuciones extrajudiciales y ataques selectivos contra opositores.
Con el agravamiento de la crisis —hiperinflación, escasez y efecto de las sanciones internacionales—, el flujo de recursos estatales disminuyó. Los colectivos diversificaron sus fuentes de ingreso hacia actividades criminales: extorsión a comerciantes locales, secuestros exprés, control de distribución de alimentos subsidiados (revendidos en el mercado negro a precios exorbitantes), ocupación ilegal de propiedades para su reventa y, en algunos casos, participación en narcotráfico o contrabando.
De acuerdo con la investigación de Insight Crime, en zonas populosas como el 23 de Enero en Caracas, grupos emblemáticos como La Piedrita (liderado por Valentín Santana) o Tres Raíces han asumido roles cuasi estatales: regulan el acceso a servicios básicos, imponen normas sociales mediante intimidación y castigos, y controlan el territorio como feudos.
Esta gobernanza paralela revela el fracaso estructural del chavismo: en lugar de empoderar a las comunidades, ha delegado poder a grupos armados. Aunque no es propiamente el promotor inicial de los colectivos, en la actualidad un actor central en esta red es Diosdado Cabello, actual ministro del Interior e históricamente considerado el número dos del chavismo mientras Maduro estuvo en el poder.
Cabello, acusado en EEUU por narcotráfico y corrupción, representa el ala más radical del gobernante PSUV y usa a estos grupos como herramienta de poder en el actual reacomodo tras la salida de Maduro. Aunque insiste en dar un discurso público de que el Estado tiene el monopolio de las armas en Venezuela, en verdad bajo el chavismo esto se diluyó o matizó, a conveniencia de quienes estaban en el poder.
Apenas se supo la noticia de que Maduro y su esposa Cilia Flores habían sido llevados a EEUU, grupos de esta fuerza informal salieron a las calles en motocicletas, incluso exhibiéndose armados con fusiles de asalto, estableciendo retenes y patrullando barrios. Custodiaron sedes chavistas, intimidaron comercios y supermercados, y revisaron vehículos en busca de opositores o simpatizantes de la intervención.
Valentín Santana, de La Piedrita, difundió un video amenazante: "Traicionaron a nuestro presidente Nicolás Maduro, pero la historia se las va a cobrar". Dirigiéndose a posibles intervencionistas estadounidenses, advirtió: "Ustedes pueden entrar, pero van a salir en bolsas negras".
Ante el escenario real de que el poder chavista está en un rápido reacomodo tras la captura de Maduro, los colectivos se alinean principalmente con Cabello, oponiéndose a la línea más pragmática de Delcy Rodríguez (presidenta interina) y su hermano Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional). Discursivamente, los colectivos han tomado las consignas del castrismo cubano y suelen cuestionar al "imperialismo norteamericano".
Su despliegue masivo evidencia que no son meros activistas comunitarios, sino una fuerza armada informal con autonomía relativa, capaz de influir en la lucha interna por el control del PSUV. Su presencia significativa en las calles el 3 de enero, ante una notable ausencia de militares tras los ataques de EEUU, deben entenderse como una demostración de fuerza.
La amenaza que representan quedó patente en la alerta de seguridad emitida por la Embajada de EEUU en Venezuela (operando desde Bogotá) el 10-11 de enero de 2026. En un comunicado de nivel cuatro —el más alto—, Washington urgió a todos los ciudadanos estadounidenses a no viajar al país y a abandonar Venezuela inmediatamente si se encontraban allí.
La advertencia citó explícitamente a los colectivos: "Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, cortando carreteras y registrando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a EEUU". Señaló riesgos de detención arbitraria, tortura, secuestro, delincuencia, disturbios y fallas en servicios básicos, recordando que desde 2019 no hay presencia diplomática ni asistencia consular en Caracas.
Esta evaluación oficial de Washington contradice directamente la versión de Cabello: los colectivos no son un invento opositor, sino una amenaza concreta no solo a la seguridad de ciudadanos nacionales o extranjeros, sino para un eventual proceso de transición en Venezuela. De los colectivos se teme su capacidad para desestabilizar o generar caos con hechos de violencia selectiva en las calles.
Para observadores externos, los colectivos encarnan el deterioro del proyecto chavista. Lo que comenzó como una promesa de empoderamiento popular devino en un mecanismo de control autoritario y crimen organizado.
Recent reports from Reuters and The New York Times confirm Venezuela's interim government has freed at least 41 confirmed political prisoners since early January 2026, with the government claiming over 100 releases, amid U.S. diplomatic efforts post-Maduro's ouster in late 2025.
El fantasma de Lina Ron está de vuelta.
Esos colectivos deben ser desarmados ya. Si Bukele metio en cintura a los Maras, pues en Venezuela tambien pueden eliminar a esta lacra social.
Trump va a tener que ponerse duro con la Delcy.
Me da la mala espina que los cubanos todavia siguen mandando en Venezuela.
La ideología se la dan de arriba y puede cambiar en cualquier momento.
Mientras las cabezas de ese engendro --Diosdado Cabello y Padrino-- sigan al mando y no se le dé un vuelco total al chavismo, los colectivos van a continuar. Hay demasiada ambigüedad en ese neo-régimen.
De acuerdo con usted una vez más Ana, es inconcebible que toda la inteligencia de Estados Unidos y quienes planificaron la exitosa intervención militar, no hayan considerado aspectos tan elementales como estos. No entiendo que un ignorante como yo pueda prever que esto podría suceder y que los sesudos que demostraron con hechos que si dominan la escena, se les escapen cosas tan simples. Si les salió el tiro por la culata, no queda de otra que una segunda intervención militar que aunque más costosa, logre poner en su sitio a todos estos delincuentes.
Va y la diferencia entre usted y los que planificaron la operación militar estriba en diferencia de visiones. Supongo que para usted es la eliminación del chavismo y la instauración de un nuevo régimen. En ese esquema no caben Cabello, Padrino y las motos esas dando vueltas. Para los de la operación, es reposicionar a EEUU en Vzla --embajada, petróleo, etc-- y sacar a China, Rusia y demás de ese escenario. ¿Después? no creo que sea de su interés cómo se gobierna aquello, sino cuánta lealtad a USA y sus acuerdos se demuestra.
Lamentablemente creo que si.
Van a necesitar una Operacion Bukele