La crisis financiera de la ONU termina jugando a favor del chavismo

Mientras que la deriva represiva postelectoral no cesa en Venezuela, a más de un año de las elecciones presidenciales, el régimen de Nicolás Maduro parece anotarse un tanto a su favor por carambola. La crisis de financiamiento que vive la Organización de Naciones Unidas (ONU) dejará reducida al mínimo a la Misión de Verificación de los Hechos, que documenta crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Esta misión independiente, creada en 2019 y con mandato hasta 2026 por decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la práctica ha quedado reducida a dos personas, su presidenta y un investigador, tras el desmantelamiento progresivo de un equipo investigativo que tuvo como agravante la renuncia esta semana de los otros dos expertos que formaban la triada a la cabeza de esta iniciativa, impulsada en su momento por Michelle Bachelet, cuando fungía como alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.

La significativa reducción de esta misión no es un accidente administrativo, sino que termina siendo un golpe de suerte a favor del chavismo. La misión venía documentando y recopilando prácticas sistemáticas y masivas de violaciones a derechos humanos ocurridas a partir de 2014, un año después de que Nicolás Maduro llegara al poder en Venezuela.

La Misión, prorrogada hasta septiembre de 2026 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, más allá de un apoyo formal carece de fondos propios.

Desde su creación, ha compilado evidencia irrefutable de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, patrones que califica como "crímenes de lesa humanidad" orquestados desde los altos niveles del poder chavista. Sin embargo, la escasez de fondos, agravada por demoras en pagos de estados miembros, como es el caso de Venezuela, y recortes globales en la ayuda humanitaria, especialmente de EEUU, ha mermado su capacidad operativa.

Según informes de la propia ONU, la institución enfrenta un déficit presupuestario que obliga a priorizar emergencias como Gaza o Ucrania, dejando a mecanismos como esta misión en una suerte de limbo.

La crisis venía siendo comentada sotto voce por activistas venezolanos de derechos humanos. La renuncia este 1 de octubre de los miembros clave, la argentina Patricia Tappatá Valdez y el chileno Francisco Cox Vial, revelaron la magnitud de la situación. Tappatá, integrante desde 2021, citó en su carta "las continuas dificultades con que la Misión ha trabajado y las limitaciones recientemente anunciadas que agregarán precariedad".

En su mejor momento, la Misión contó con tres expertos de primer nivel trabajando de forma exclusiva y una docena de investigadores asistiéndoles. Tras las renuncias, solo se mantendrá la presidenta, la portuguesa Marta Valiñas, y un investigador. Es decir, queda reducida al mínimo.

Organismos de derechos humanos internacionales han reaccionado con alarma unánime. Human Rights Watch (HRW) urgió a la ONU a "extender investigaciones mientras se agrava la crisis" represiva en Venezuela, destacando que el desmantelamiento de la Misión equivale a una "victoria para los perpetradores".

Amnistía Internacional, en una declaración conjunta con HRW, calificó las renuncias como "un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico" en este país sudamericano y recordó que los informes de la Misión de la ONU han sido claves a la hora de exponer "asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias".

En contraste, aunque no ha habido reacción pública a la disminución notable de la Misión, puertas adentro el chavismo celebra lo ocurrido según ha podido conocer DIARIO DE CUBA a través de diputados oficialistas. Hace un mes, el Gobierno venezolano había descalificado el más reciente informe de la Misión de Verificación de los Hechos, presentado en Ginebra.

El embajador ante la ONU, Alexander Yáñez, rechazó el informe de septiembre como un "panfleto novelesco" basado en "testimonios inventados", acusando a la Misión de ser un "agente de cambio de régimen" financiado por Washington.

Este desmantelamiento favorece directamente al chavismo al erosionar la capacidad investigativa de un equipo que ha documentado casos emblemáticos de represión. Está el caso ocurrido en Maracay, en el estado (provincia) de Aragua, en julio de 2024, tras las elecciones presidenciales. Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra manifestantes desarmados, matando a seis personas, quienes protestaban por los resultados electorales que le dieron la reelección a Nicolás Maduro.

La Misión detalló hace un mes, al presentar su informe, cómo estas ejecuciones "no fueron aisladas, sino parte de un patrón sistemático" para silenciar la disidencia, con cuerpos de seguridad actuando bajo órdenes de la cadena de mando que incluye a Maduro y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

En tanto, en un informe dado a conocer en marzo de 2025, se expusieron 122 casos de torturas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), con 77 víctimas —incluyendo a referentes de la oposición como Leopoldo López— sometidas a simulacros de ejecución, violencia sexual y aislamiento prolongado, todo bajo la supervisión de altos funcionarios militares.

Estos no son incidentes aislados, sino evidencia de un "plan orquestado desde los niveles más altos" del poder en Venezuela. La Misión ha sido enfática el mes pasado en señalar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Para activistas venezolanos de derechos humanos, el vacío que dejará la Misión, por la reducción de su equipo, se conecta directamente con la inacción en la Corte Penal Internacional (CPI), donde el caso Venezuela I, abierto en 2021 por presuntos crímenes desde 2014, languidece en un limbo procedural.

En agosto de 2025 el fiscal Karim Khan fue recusado por conflicto de intereses, tras revelarse su lazo familiar y profesional con Venkateswari Alagendra, una abogada que defiende al régimen de Nicolás Maduro ante el Tribunal de La Haya.

HRW y Amnistía Internacional han instado a la CPI a "actuar con urgencia", especialmente tras la ola represiva que siguió a las elecciones del año pasado, pero el desmantelamiento de la Misión de expertos de la ONU reduce el flujo de pruebas frescas, perpetuando un ciclo de impunidad que beneficia al chavismo. Aunque no existe un vínculo formal entre las instancias, fue claro que los documentados y contundentes informes generados por el equipo que lidera Valiñas resultaron en insumos para la CPI, antes de quedar en la actual inacción.

Y ante el caso de Venezuela y la deriva represiva que encabeza el chavismo, la Misión de Determinación de los Hechos fue clara al sostener que "sin voluntad nacional de prevenir o castigar, la justicia internacional es la única esperanza" para las víctimas y sus familiares.