El Consejo de Seguridad de ONU redobla su apuesta contra las pandillas en Haití

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha terminado por dar un giro importante en su enfoque para hacer frente a la deriva de violencia criminal que envuelve a Haití. Con las abstenciones de Rusia y China, el Consejo aprobó la transformación de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia, en una Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF).

Poco más del 80% de la capital haitiana, Puerto Príncipe, está bajo control de las pandillas que obligaron la evacuación de misiones diplomáticas y de las propias agencias de la ONU, mientras que los ataques contra el aeropuerto internacional y otros servicios esenciales han evidenciado la capacidad de fuego y el interés de las bandas armadas por ampliar su dominio sobre este país caribeño, históricamente afectado por la pobreza.

Esta nueva misión, respaldada por EEUU y Panamá y aprobada el 30 de septiembre en Nueva York, busca escalar la presencia internacional hasta 5.500 efectivos, frente a los 970 actuales, con un mandato de 12 meses y sin ambages concebido para combatir en el terreno a las pandillas, cuyo poder creció de forma significativa tras el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021.

El primer semestre de 2025 ha sido un testimonio inequívoco del poder e impacto social que tiene la violencia criminal en Haití. Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), más de 4.000 personas fueron asesinadas en este período, un 24% más que en 2024, incluyendo al menos 465 mujeres y niños. La violencia no distingue: secuestros, violaciones y masacres son herramientas cotidianas de grupos como la coalición liderada por Jimmy "Barbecue" Chérizier, que pasaron a tener el control de facto en la capital y zonas aledañas.

A esto se suma el drama de 1,3 millones de desplazados internos, un récord histórico que triplica las cifras del año anterior. Se trata de personas que literalmente huyen de la violencia sencillamente con lo que tienen puesto. Muchos fueron testigos o sobrevivientes de masacres y tienen miedo de represalias.

En este país de algo más de 11 millones de habitantes la crisis humanitaria es devastadora. Tres millones de niños necesitan ayuda urgente, escuelas y hospitales han cerrado, y 5,4 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Las pandillas no solo matan, extorsionan convoyes humanitarios, controlan puertos y aeropuertos, y bloquean carreteras vitales, asfixiando la economía.

El tráfico de armas, que proviene principalmente desde EEUU, y el narcotráfico son el combustible de estas mafias, que operan con una impunidad que desnuda la fragilidad del Estado haitiano.

La misión internacional aprobada hace dos años, bajo la dirección de Kenia y enfocada en apoyar la reconstrucción de una abatida Policía Nacional Haitiana (PNH), nunca cumplió sus promesas, y estuvo limitada por la falta de fondos y personal.

La nueva GSF, en tanto, tiene un mandato más agresivo: podrá realizar operaciones ofensivas, arrestos y proteger infraestructuras clave, como hospitales y rutas, con el objetivo de "neutralizar, aislar o disuadir" a las pandillas. Mike Waltz, embajador de EEUU, defendió la resolución como una "señal de esperanza" y criticó la ineficacia previa, mientras que Laurent Saint-Cyr, presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, la calificó como un "punto de inflexión" para un país al borde del colapso.

Expertos independientes advierten que la GSF, aunque necesaria, no atacará las raíces del problema. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, reconoce el esfuerzo, pero subraya que "sin financiamiento sostenido, personal capacitado y un enfoque claro en derechos humanos, esta misión repetirá los errores del pasado".

Goebertus destaca el drama de los niños reclutados por pandillas. Estos menores, en algunos casos, representan la mitad de los miembros de algunas bandas criminales.  La activista de derechos humanos crítico asimismo la inacción de la comunidad internacional tras el asesinato de Moïse, que ha permitido que la crisis escale. Para ella, la GSF debe priorizar la protección de civiles y evitar abusos como los cometidos por misión de la ONU años atrás.

Ricardo Germain, analista haitiano especializado en seguridad, muestra su escepticismo en relación a lo aprobado en el Consejo de Seguridad de la ONU: "Sin un plan claro contra la corrupción y el tráfico de armas, esto será otro parche", afirmó este experto quien considera que una misión internacional solo tendrá éxito si logra atacar raíces de la violencia criminal y no se enfoca solamente en lo militar.

La GSF, al igual que la misión aprobada en 2023, no cuenta con un presupuesto específico aprobado por la ONU. En la resolución se prevé que países hagan aportes económicos voluntarios. De entrada, la presencia keniata en Haití, y en menor medida de uniformados caribeños y centroamericanos, se mantendrá, pero con un cambio de enfoque más agresivo.

Para observadores, la violencia en Haití no es solo un problema de pandillas, sino que es en verdad el resultado de un Estado colapsado, una economía destruida y una comunidad internacional largamente indiferente ante la deriva que asola a Haití.

Las bandas aprovechan el vacío dejado por un Gobierno de transición débil y una PNH desbordada, que apenas cuenta con 10.000 agentes para un país de algo más de 11 millones de personas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha urgido embargos efectivos contra las armas y reformas estructurales, pero la GSF, con su enfoque militar, podría quedarse corta si no se acompaña de medidas políticas y sociales.

Haití no necesita cambios cosméticos de nombre. La GSF, con su mandato ampliado, podría ser un paso adelante, pero sin recursos y claridad en su dirección, corre el riesgo de convertirse en otro capítulo de frustración, para una sociedad haitiana empobrecida, desplazada y temerosa.

Goebertus y Germain coinciden en que la solución no es solo militar: requiere desmantelar las redes de corrupción, frenar el flujo de armas y abordar el reclutamiento de niños, un drama que perpetúa el ciclo de violencia. Estos últimos puntos planteados por estos dos expertos no estuvieron en debate en el Consejo de Seguridad de la ONU.