El Consejo de Transición cumple su primer año en un Haití que no para de hundirse

Hace un año, cuando EEUU y la Comunidad del Caribe (CARICOM) se emplearon a fondo en la crisis de Haití, y gracias a ellos se alcanzó la designación de un Consejo de Transición con representación plural, la multicausal crisis haitiana parecía tener resolución. Al cumplirse el primer aniversario de tal iniciativa, el balance es negativo y las perspectivas pesimistas.

En una suerte de capas que se sobreponen, en Haití se combinan una crisis humanitaria endémica, agravada por catástrofes naturales, una crisis institucional (ya que las instancias de los diferentes públicos están sencillamente acéfalas) y a esto se superpone, con más fuerza desde inicios de 2023, el poder de fuego y destrucción de las bandas criminales.

Un año después de estar en funciones el Consejo de Transición, que dio paso a formalizar la llegada de uniformados extranjeros, principalmente de Kenia, con mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, Haití vive una situación mucho más agravada. La violencia sin límites ha obligado a alrededor de un 10% de la población a desplazarse para huir de la violencia, como reseñó DIARIO DE CUBA.

Los dos jugadores geopolíticos claves de hace un año tienen hoy otra mirada, distinta a la del 25 de abril de 2024, cuando se formalizó el Consejo de Transición. En su última reunión de jefes de Estado y de Gobierno, CARICOM advirtió que Haití podría quedar "gobernada" por las bandas criminales. Mientras que EEUU, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, parece tener otras prioridades en política exterior.

Las señales de que Haití puede terminar de hundirse en esta espiral de violencia e ingobernabilidad, aunque se han venido repitiendo en los últimos meses, tuvieron en días recientes una muestra inequívoca de gravedad.

Lionel Lazarre, portavoz del cuerpo policial, confirmó el 24 de abril que dos soldados y cuatro civiles armados que colaboraban con las autoridades murieron en Kenscoff, una localidad ubicada en las afueras de Puerto Príncipe hasta ahora considerada una comunidad tranquila. La noticia refleja algo que se ha hecho común: civiles armados, incluso con palos y piedras, colaboran con los uniformados y hacen frente a los grupos delictivos.

Un día antes, el Gobierno haitiano había reportado la muerte de al menos cuatro personas, entre policías y civiles armados, en el sector de Canapé-Vert, uno de los pocos barrios de Puerto Príncipe que no se encuentra bajo control de las bandas delictivas. A inicios de este 2025 se estimaba que la delincuencia controlaba el 80% del territorio capitalino, pero una serie de eventos indican que está relación puede haber cambiado a favor de los delincuentes.

Vídeos difundidos en redes sociales muestran escenas de extrema violencia en Canapé-Vert, incluyendo hombres armados mutilando cuerpos y mostrando cabezas humanas como trofeos.

Este 25 de abril, al dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU, María Isabel Salvador, representante especial del secretario general de Naciones Unidas en Haití, advirtió que el país se dirige peligrosamente a un punto de "no retorno". El mes pasado, el jefe pandillero Jimmy Chérizier, conocido como "Barbecue" anunció que los grupos criminales pretenden tomar el poder.

"Barbecue", quien se manifestó admirador de Fidel Castro y del guerrillero Che Guevara, tomó hace un año dos prisiones en la capital y soltó a los presos, con lo cual ganó visibilidad internacional y ganó hombres para su organización delictiva.

De acuerdo con la representante especial María Isabel Salvador, los embates de las pandillas revelan un nivel creciente de coordinación e impactan áreas que antes se consideraban seguras, como Delmas, Pétion-Ville y el centro de Puerto Príncipe. Adicionalmente, la violencia se ha extendido hacia otros departamentos del país caribeño que comparte frontera con República Dominicana.

En República Dominicana, el Gobierno de Luis Abinader ha implementado desde octubre pasado una rígida política migratoria, con expulsiones masivas de haitianos, una población que históricamente emigró a territorio dominicano en busca de oportunidades económicas.

Se estima que unos 200.000 haitianos han sido retornados, lo cual según agencias de la ONU acrecienta una crisis humanitaria sin parangón. María Isabel Salvador aseveró que las agencias especializadas de Naciones Unidas cuentan con menor del 10% del dinero que necesitan para hacer frente a la deriva haitiana.

Por otro lado, la presencia de uniformados de Kenia no ha puesto freno a la crisis de violencia, dado su tamaño reducido ante un poder criminal que se ha acrecentado. Inicialmente, cuando se aprobó esta misión a fines de 2023, se preveía que 2.500 uniformados de varios países bajo la dirección de Kenia, estuviesen en territorio haitiano con dos objetivos. Por un lado, capacitar a una casi desaparecida Policía local y hacer frente a las pandillas.

En la práctica solamente 1.000 uniformados se encuentran en Haití y son en su gran mayoría de Kenia. Asimismo, el financiamiento de esta misión ha hecho aguas, con lo cual no se prevé un aumento sustantivo de agentes extranjeros en el corto plazo.

Y por si fuera poco, la principal entidad no gubernamental que se mantiene operando en territorio haitiano, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), se pronunció en términos muy duros, incluso llamándolos "mafia", acerca de los integrantes del Consejo de Transición al hacer un balance del primer año de dicha entidad, cuya tarea es reinstitucionalizar Haití.

Para la RNDDH, el Consejo de Transición y el poder ejecutivo que emana de este, "simbolizan, desde hace un año, un poder codicioso y deficiente, un Estado en ruinas. El país está gobernado con una ausencia total de liderazgo, sin orientación, sin visión y sin proyecto de sociedad". Esto lo señalaron en un duro informe difundido este 25 de abril.

La entidad no gubernamental describe una situación en la que el Estado está ausente por completo. Por ejemplo, toda circulación en territorio haitiano está controlada y regulada por las bandas armadas que cada día instalan más puestos de peaje. Y el informe concluye que "los sistemas de salud y educación, ya precarios, se han visto aún más debilitados con el cierre y el saqueo de otras infraestructuras escolares y sanitarias".