Un juez de Bolivia ordenó el jueves 25 de septiembre el arresto domiciliario de Felipe Cáceres, ex viceministro nacional de Defensa Social y Sustancias Controladas, figura clave en la lucha antidrogas durante los 14 años del Gobierno de Evo Morales.
Cáceres, considerado hombre de confianza de Morales, había sido detenido el martes cerca de un laboratorio de cristalización de cocaína localizado en el centro del país que fue desmantelado por las autoridades.
La audiencia en la que se determinó la medida cautelar se realizó de manera virtual en Ivirgarzama, localidad de la zona cocalera del Chapare, una de las principales áreas productoras de hoja de coca en Bolivia. El juez Vicente Ayzama dispuso que Cáceres permanezca bajo detención domiciliaria, pero con derecho a salir para ejercer sus labores profesionales, según fuentes del proceso citadas por el medio Infobae.
El fiscal de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, indicó que el Ministerio Público abrió una investigación por presunta fabricación de sustancias controladas y la posible vinculación de Cáceres con el laboratorio intervenido. La Fiscalía sostiene que Cáceres se encontraba a unos 600 metros del laboratorio y que en ese lugar opera una fábrica de arena y piedras.
El ex viceministro, sin embargo, negó a medios locales ser el propietario del establecimiento y, tras concluir la audiencia, manifestó que "se hizo justicia", sin proporcionar más detalles acerca de su versión.
La causa ha adquirido relevancia nacional, al involucrar a un alto exfuncionario que anteriormente dirigió operativos contra el narcotráfico. Según declaraciones del ministro de Gobierno, Roberto Ríos, el laboratorio desmantelado tenía capacidad para producir entre 150 y 160 kilogramos de droga.
Ríos calificó el caso como "un antecedente nefasto" en la lucha nacional contra el crimen organizado. En sus palabras, "en ningún momento se ha afirmado que él sea dueño de este laboratorio, lo que sí se ha identificado (...) es que este laboratorio se encuentra dentro de la parcela del señor Cáceres, es por eso que el Ministerio Público ha determinado su aprehensión".
La controversia creció luego de las declaraciones públicas de Evo Morales, quien se desmarcó del exfuncionario y denunció que la detención es un "montaje político".
"Gente del Gobierno me contó que hay un plan para intentar acusar a personas de mi confianza. Todo montado", comentó el expresidente en una entrevista con Radio Kawsachun Coca. Al mismo tiempo, los sindicatos cocaleros del Chapare, dirigidos por Morales, manifestaron su respaldo a Cáceres.
Ríos descartó que se trate de un caso de persecución política y pidió esperar el avance de las investigaciones judiciales, insistiendo en la necesidad de esclarecer la relación de Cáceres con la propiedad donde se realizó el operativo.
La Policía antidrogas ha intensificado los operativos tanto en el Chapare como en la región oriental de Santa Cruz, considerada uno de los principales corredores de droga hacia Brasil. Las autoridades atribuyen el incremento de acciones policiales a la proliferación de crímenes violentos ligados al narcotráfico en estas zonas.
De acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bolivia se mantiene como el tercer productor mundial de cocaína.
La decisión de otorgar detención domiciliaria a Cáceres despertó un conflicto político en Bolivia. La oposición considera que el exfuncionario debió ser enviado con detención preventiva a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, mientras que el ala oficialista, afín al presidente Arce, manifestó su preocupación por los hechos de narcotráfico en el trópico de Cochabamba.
Por su lado, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció la apelación de la resolución emitida por el juzgado de Ivirgarzama, informó el medio boliviano Visión360.
La apelación fue remitida a la sala de turno del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba.
La asambleísta departamental de Santa Cruz por el partido Creemos, Paola Aguirre, lamentó la decisión judicial y sostuvo que el narcotráfico ha encontrado en Bolivia "un paraíso de impunidad", a diferencia de casos contra otras personas que, según señaló, son tratadas con "todo el rigor de la ley".
"Lamento la decisión de la justicia, tomando en cuenta que el problema del narcotráfico no solo repercute en el orden interno del país, sino también a nivel internacional. Bolivia se ha caracterizado, lamentablemente, por ser un lugar donde muchos narcotraficantes han descubierto un paraíso de impunidad", aseveró la legisladora.
