"Max: La aplicación nacional rusa que desplazará a WhatsApp y Telegram". Así vendió Cubadebate, por mediación de un artículo de su corresponsal de la agencia oficial Sputnik, Víctor Ternovsky, el despliegue que por estos días se produce en Rusia de un sistema de control de internet y las plataformas de mensajería.
El texto celebra de cara a los cubanos lo que denomina una "alternativa nacional a los servicios de mensajería instantánea occidentales como WhatsApp y Telegram".
Tras la firma por Vladimir Putin de la ley que establece la creación de Max, la desinformación del Kremlin aplaude que esta, además de constituir una red social, "también permitirá efectuar pagos y hacer trámites gubernamentales, entre otras opciones".
La normativa del Kremlin "obliga a los servicios públicos a migrar a Max, con tal de consolidar una amplia gama de servicios ciudadanos en una sola plataforma", que obliga a "confirmar tu edad al pagar en el supermercado o incluso registrarte en un hotel sin necesidad de presentar documentos", dijo para el reporte Serguéi Boyarski, presidente del Comité de Política de Información del la Duma Estatal rusa.
Todo será más fácil ahora, asegura la propaganda: gracias a la incorporación de la firma electrónica, el ciudadano podrá sellar documentos dentro de la misma app, así como pedir una cita médica, solicitar pasaporte, registrar un matrimonio o una empresa, pagar impuestos, postularse a la universidad o aplicar a un subsidio.
"Si el plan se ejecuta como está previsto —siendo que la versión beta de Max ya está disponible— será un nuevo hito en la estrategia rusa para lograr una soberanía digital plena. Esto implica iniciativas como la Ley de Internet Soberano, la red nacional RuNet y una futura constelación de satélites para proveer internet, tanto localmente como también en naciones aliadas", señala el reporte que leyeron los cubanos.
Todo, subraya Cubadebate, "desplazando a las aplicaciones extranjeras".
El tejido digital del Gran Hermano
Así descrito, los rusos serán en breve los usuarios de internet más soberanos, libres de cualquier intromisión extranjera en su privacidad. Mas, ello no debería ser fuente de preocupación cuando, con lo anterior, ceden otra cuota de libertad al Kremlin, que ya los vigila de más.
El reporte de Cubadebate oculta que Max aún no ha atraído a un gran número de seguidores. Más de dos millones de personas se registraron en julio, según la agencia de noticias oficial Tass, cifra ínfima para un país con 146 millones de habitantes.
Y algo más elocuente: los términos y condiciones de la herramienta incluyen que esta compartirá los datos de los usuarios con las autoridades a petición de éstas. Una nueva ley estipula su preinstalación en todos los smartphones vendidos en Rusia, mientras se anima activamente a instituciones estatales, funcionarios y empresas a trasladar sus comunicaciones y blogs a Max.
En Rusia hace años que hay VPN, sitios web y redes sociales bloqueadas, así como personas interrogadas o multadas por lo que comparten en sus redes personales, aparte de una creciente criminalización de búsquedas, en lo que apunta a ser un modelo férreo de control digital similar al de China.
El miércoles 13 de agosto, Roskomnadzor, el ente estatal de control de las comunicaciones, reconoció que está restringiendo las llamadas de voz y video a través de WhatsApp y Telegram, calificándolo como "una medida antifraude para proteger a los ciudadanos".
"Las llamadas en estas plataformas de mensajería extranjeras están parcialmente restringidas para contrarrestar la actividad delictiva", señaló el organismo en un comunicado. "Casi todas estas llamadas fraudulentas se han trasladado a mensajeros extranjeros, que se niegan a garantizar la seguridad de los usuarios rusos", añadió, citado por el medio independiente The Moscow Times (dicho sea de paso, prohibido en Rusia desde 2024, cuando se le calificó de "organización indeseable" por cuestionar la invasión de Ucrania).
Desde el fin de semana último, los rusos de todo el país comenzaron a reportar problemas para hacer llamadas de voz y video a través de WhatsApp y Telegram. El Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia dijo que las llamadas a las aplicaciones de mensajería podrían restablecerse si cumplen con la ley rusa.
WhatsApp es utilizado diariamente por más de dos tercios de los rusos, mientras que Telegram, además de ofrecer mensajería instantánea, es una fuente popular de noticias e información. El legislador de la Duma Estatal, Anton Nemkin, acusó a ambas plataformas de ignorar las leyes rusas "durante muchos años", incluida la falta de eliminación de contenido prohibido.
Las interrupciones se producen en medio de informes de que el Kremlin está considerando bloquear el acceso a WhatsApp por completo, una medida que podría obligar a los rusos a mudarse a Max, similar a WeChat, de China, que ha enfrentado acusaciones de vigilar a los usuarios y compartir datos con el Gobierno.
Max también ha sido acusado de recopilar datos de los usuarios, incluidas direcciones IP y registros de actividad, así como de reservarse el derecho de compartir información con terceros, incluidas agencias gubernamentales.
Putin instó al Gobierno semanas atrás a "reprimir" los servicios de internet extranjeros y ordenó a los funcionarios que elaboraran una lista de plataformas de países "hostiles" que deberían restringirse.
Internet bajo el control total del Kremlin
Moscú ha aprobado leyes restrictivas y prohibido sitios web y plataformas que no las cumplen, aparte de perfeccionar la tecnología de vigilancia y manipulación del tráfico en línea. Entre ellas está el bloqueo de VPN, a lo que se sumó durante el verano cortes generalizados de las conexiones de telefonía móvil y la aprobación de una ley que castiga a los usuarios por buscar contenidos que se consideran ilícitos.
Expertos y defensores de los derechos humanos rusos que hablaron con la agencia de noticias AP señalaron que a diferencia de intentos anteriores, considerados en gran parte infructuosos, las medidas actuales muestran una capacidad técnica mucho mayor y un enfoque más sofisticado, lo que acerca cada vez más al país a un escenario de aislamiento digital.
Anastasiia Kruope, investigadora de la ONG Human Rights Watch, describió la estrategia del Kremlin como una "muerte por mil cortes". "Paso a paso, el objetivo parece ser alcanzar un punto en el que todo esté bajo control", advirtió.
Los esfuerzos del Kremlin por controlar lo que los rusos hacen, leen o dicen en la red se remontan a 2011-2012, cuando internet se utilizó para desafiar a la autoridad. Los medios de comunicación independientes florecieron y las manifestaciones antigubernamentales coordinadas en línea estallaron tras las disputadas elecciones parlamentarias y la decisión de Putin de presentarse de nuevo a la Presidencia.
A partir de entonces, Moscú adoptó de a poco normativas para bloquear sitios web, exigir a los proveedores almacenar registros de llamadas y mensajes, compartiéndolos con los servicios de seguridad en caso necesario, e instalar equipos que permitieran a las autoridades controlar y cortar el tráfico. Google o Facebook estuvieron entre las empresas a las que se trató de obligar, sin éxito, a almacenar datos de sus usuarios en servidores rusos.
Fue en torno a ese tiempo que el Kremlin comenzó a hablar de implantar una "internet soberana", la coartada totalitaria para hacer totalmente visibles las actividades de los usuarios nacionales en las redes.
Y pese a que varias expertos aseguraban que Rusia estaba lejos de construir algo parecido al Gran Cortafuegos chino, luego de febrero de 2022, con el inicio de la invasión de Ucrania, comenzó el aislamiento diseñado de toda información o influencia occidental con el bloqueo de Twitter, Facebook, Instagram y Signal, entre otras aplicaciones de mensajería. En el verano de 2024 le tocó a YouTube. Entonces el Kremlin culpó a Google, su propietaria, por no querer mantener su hardware en Rusia.
Cloudflare, proveedor de infraestructuras de internet, quedó bloqueado en Rusia, cortando el acceso a franjas aún mayores de Internet. El sitio de noticias independiente ruso Mediazona informó que varios proveedores de alojamiento occidentales también están siendo inhibidos.
El ciberabogado Sarkis Darbinyan, fundador del grupo ruso de defensa de la libertad en internet Roskomsvoboda, dijo a AP que las autoridades han estado tratando de presionar a las empresas para que migren a proveedores de alojamiento rusos que puedan ser controlados.
Darbinyan calcula que cerca de la mitad de los sitios web rusos están gestionados por proveedores extranjeros de alojamiento e infraestructuras, muchos de los cuales ofrecen mejor calidad y precio que sus equivalentes nacionales. Un "gran número" de sitios web y plataformas mundiales utilizan esos proveedores, por lo que cortarles el acceso significa que esos sitios web "automáticamente se vuelven inaccesibles" también en Rusia, apuntó.
Otra tendencia preocupante es la consolidación de los proveedores de internet rusos y de las empresas que gestionan las direcciones IP, según un reciente informe de Human Rights Watch. El año pasado, las autoridades elevaron el coste de obtener una licencia de proveedor de internet de 7.500 rublos (unos 80 euros) a un millón de rublos (unos 10.700 euros), y los datos estatales muestran que más de la mitad de todas las direcciones IP de Rusia están gestionadas por siete grandes empresas, de las que Rostelecom, el gigante estatal ruso de telefonía e internet, posee el 25% de las acciones.
A estas presiones se suman las de carácter legal. Así, una ley rusa firmada por Putin el 31 de julio pasado, penaliza las búsquedas en internet de material considerado "extremista", que va desde contenido LGBTQ+, de grupos de la oposición, hasta canciones de artistas críticos con el Kremlin o las memorias del opositor asesinado en prisión Alexei Navalni.
Hacia el gulag virtual
Según Roskomsvoboda, unos 25.000 sitios web han sido bloqueados por las leyes de censura militar rusa desde 2022. En 2024, las autoridades prohibieron escribir sobre eludir estas restricciones, incluso en artículos científicos.
En esta situación, los proveedores de VPN occidentales de renombre han abandonado el mercado ruso debido a las sanciones, la falta de viabilidad económica y la dificultad para mantener las operaciones en medio de las restricciones. Solo los servicios creados por nativos de Rusia, que conocen bien el contexto político y reaccionan rápidamente a los cambios, continúan funcionando de manera efectiva.
The Moscow Times denunció que la Duma Estatal rusa simplificó la aplicación de sanciones administrativas, legalizando el reconocimiento de una organización o comunidad como extremista si el propietario/administrador del grupo ya ha sido acusado de crear una comunidad extremista.
Debido a esto, proyectos de caridad como "Cuentos para presos políticos" comenzaron a cerrar. Su creadora, la madre de la prisionera política Yevgenia Berkovich, temía que algunos de los suscriptores pudieran ser procesados. Además, el proyecto de ley permite incluir en la lista del Ministerio de Justicia no solo a las personas jurídicas, sino también a las comunidades basadas en chats grupales de WhatsApp o Telegram.
Anastasia Burakova, fundadora de Kovcheg (El Arca), una organización sin fines de lucro y medio de comunicación que ayuda a los rusos que se oponen a la guerra, señaló que el propósito de las normas represivas aprobadas es crear una atmósfera de miedo en la sociedad.
Por su parte, Mazai Banzaev, fundador de la popular VPN rusa Amnezia, mostró su coincidencia con ella: la nueva legislación tendría como objetivo principal intimidar a los usuarios para que dejen de intentar buscar información y cedan el acceso a Internet libre por temor al castigo.
Hay algo aún más macabro, que tiene que ver con el uso de VPN para burlar la censura, un derecho legítimo de los usuarios. La nueva ley prevé castigar a los proveedores de VPN que se nieguen a conectarse al registro de sitios bloqueados para filtrar el tráfico y por negarse a restringir el acceso a información prohibida.
Las autoridades tienen la intención de multar a los servicios de VPN con entre 50.000 (624 dólares) y cinco millones de rublos (62.386 dólares) en casos de violación repetida. Además, se introducen sanciones administrativas por no proporcionar acceso a los sistemas de información o bases de datos al Servicio Federal de Seguridad (FSB), el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) y la Policía.
Formalmente, usar una VPN no es suficiente aún para ser acusado de algún delito, aunque podría considerarse evidencia de intención, señalan los expertos. La ley aprobada por el Kremlin dice que el uso de una VPN se consideraría una circunstancia agravante en las condenas penales, pero no ofrece detalles sobre cómo afectaría eso a la sentencia.
Y aunque si un usuario habilita una VPN, ni su proveedor de Internet ni las fuerzas del orden pueden saber qué está buscando, si las empresas rusas Yandex y VK comparten datos con el FSB, sería fácil identificar a las personas que los usaron para buscar medios prohibidos o información censurada.
"En la Unión Soviética, la información estaba completamente controlada por el partido y la KGB. Pero hubo personas que se arriesgaron a ir a la cárcel por escuchar estaciones de radio occidentales en secreto. Con acceso a información independiente, aprendieron sobre los niveles mortales de radiación después del accidente de Chernobyl, y eso les salvó la vida. Ninguna pancarta o advertencia evitará que las personas busquen urgentemente nuestros medios u otros, para encontrar la información que les interesa", comentó Timur Olevsky, editor en jefe de The Insider, otra publicación etiquetada como indeseable por el Kremlin.
Pero, ¿qué perspectivas tienen los países en la órbita de Moscú que aspiran a establecer controles más férreos que los ya existentes sobre su ciudadanía? ¿Acaso La Habana no muestra interés en las herramientas de vigilancia que despliegan sus aliados? ¿Podrían los cubanos tener que enfrentar un control más duro sobre qué leen, comparten, opinan?
A la vista están hoy los movimientos en esa dirección del régimen de la Isla. A ello me voy a referir en la próxima entrega de esta serie.
