El proceso judicial contra Jair Bolsonaro sigue subiendo de escala y generando mayor atención no solo dentro de Brasil. Lo que ocurra con el exmandatario conservador tendrá impacto en la agenda internacional y aunque por ahora el expresidente no irá a prisión, pesan sobre él diversas restricciones que afectan incluso a su libertad de expresión.
Sobre Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, recaen acusaciones de cinco delitos graves que podrían llevarle a 40 años de prisión: intento de golpe de Estado, formación de una organización criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, coacción en el curso del proceso y atentado contra la soberanía nacional.
En marzo pasado, el Tribunal Supremo Federal aceptó las acusaciones de la Fiscalía en un proceso conducido por el magistrado Alexandre de Moraes, quien fue blanco de ácidas críticas de Bolsonaro durante la campaña de 2022, cuando este juez estaba a cargo de la justicia electoral.
El caso contra Jair Bolsonaro tiene su origen en los eventos posteriores a las elecciones presidenciales de 2022, en las que fue derrotado por el referente izquierdista y en ese entonces ya dos veces presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Según la Fiscalía General de Brasil, Bolsonaro habría liderado una "organización criminal" destinada a subvertir el orden democrático y evitar que Lula da Silva asumiera el poder el 1 de enero de 2023.
Este 21 de julio el magistrado emitió una advertencia al expresidente tras detectar un incumplimiento de las medidas cautelares que le prohíben utilizar redes sociales, ya sea directa o indirectamente. La decisión se desencadenó por la aparición de videos en plataformas digitales donde Bolsonaro pronunciaba un discurso ante simpatizantes en la Cámara de Diputados, mostrando incluso la tobillera electrónica que está obligado a portar.
De Moraes otorgó un plazo de 24 horas a la defensa de Bolsonaro para explicar esta violación, bajo la amenaza de decretar su prisión inmediata. Sin embargo, tras la respuesta de los abogados del exmandatario, quienes negaron que Bolsonaro hubiera incumplido las restricciones y solicitaron mayor claridad en las normas, De Moraes optó por no ordenar su encarcelamiento, al menos por ahora.
En cambio, el juez reafirmó las medidas cautelares existentes y aclaró que ninguna declaración pública de Bolsonaro puede ser retransmitida en redes sociales, incluso por terceros de su entorno, o deberá atenerse a consecuencias más graves.
Las restricciones impuestas a Bolsonaro por Alexander de Moraes llevaron al Departamento de Estado de EEUU a tomar decisiones contra el magistrado, envuelto en varios casos polémicos como su diatriba pública contra Elon Musk, el propietario de X, el año pasado.
"La caza de brujas política del juez Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal de Brasil contra Jair Bolsonaro ha creado un complejo de persecución y censura tan amplio que no solo viola los derechos básicos de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las fronteras de Brasil", sostuvo Marco Rubio en una declaración oficial.
"Por lo tanto, he ordenado la revocación de visas para De Moraes y sus aliados en la Corte, así como para sus familiares directos, con efecto inmediato", añadió Rubio el pasado 18 de julio.
Para los analistas, la decisión de De Moraes de no llevar a prisión a Bolsonaro por el incumplimiento de sus restricciones es en verdad reflejo de un equilibrio para mantener la presión judicial sobre el expresidente y evitar una escalada que podría polarizar aún más al país, especialmente en un contexto de creciente tensión diplomática con EEUU.
En opinión de observadores, el proceso judicial ha avanzado con celeridad en este caso. En este mes, el fiscal general Paulo Gonet presentó los alegatos finales, solicitando la condena de Bolsonaro y varios de sus colaboradores, incluidos exministros y altos mandos militares.
Aunque la sentencia aún no ha sido dictada, fuentes del Supremo de Justicia indican que podría conocerse entre septiembre y octubre de 2025, un año antes de las elecciones presidenciales de 2026, en las que, pese a su alta popularidad en Brasil, Bolsonaro no podrá participar al estar inhabilitado por una sanción del Tribunal Superior Electoral, entonces presidido por Alexandre de Moraes. Se presume que el exmandatario será condenado.
Sobre Bolsonaro pesan de forma muy simbólica y con gran impacto en la opinión pública, los hechos vandálicos del 8 de enero de 2023, a una semana de la toma de posesión de Lula da Silva para un tercer periodo de cuatro años. Seguidores del exmandatario conservador invadieron y vandalizaron las sedes del Congreso Nacional, el Palacio de Planalto (sede del Poder Ejecutivo) y el propio Supremo Tribunal Federal en Brasilia.
Además, las investigaciones de la Policía federal de Brasil apuntan a que Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, buscaron apoyo internacional (particularmente del Gobierno de Donald Trump en EEUU) para desactivar su enjuiciamiento. Estas maniobras, según De Moraes, constituyen un "atentado a la soberanía nacional" y han terminado por colocar al magistrado y a este proceso judicial en la agenda del Gobierno estadounidense.
Por decisión del magistrado, mientras se desarrolla el proceso, Bolsonaro debe usar una tobillera electrónica para rastrear sus movimientos, lo cual catalogó de humillación. Tiene prohibición de salida del país, así como impedimento de acercarse a embajadas extranjeras para evitar que ingrese y solicite asilo político.
Una de las medidas más controvertidas es la prohibición de que Bolsonaro utilice redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros de su entorno. Esto incluye la transmisión, retransmisión o publicación de audios, videos o transcripciones de entrevistas del expresidente a través de las redes que han sido su principal plataforma de comunicación desde que emergió como candidato presidencial en 2018.
Estas restricciones han transformado la vida cotidiana y pública del expresidente, quien ha calificado el proceso como una "persecución política" destinada a neutralizar a lo que ya se denomina como el bolsonarismo de cara a las elecciones de 2026.
Alexandre de Moraes es un HDLGP y un corrupto ...