La crisis en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, ha marcado un giro de 180 grados en la política de seguridad del Gobierno izquierdista de Gustavo Petro en Colombia, en medio de señalamientos sobre el fracaso de lo que fue su gran oferta electoral en 2022: alcanzar "la paz total" en un país atravesado por la violencia.
Este 2025 se inició en Colombia con enfrentamientos entre integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otrora guerrilla de inspiración guevarista y largamente apoyada por el régimen castrista, y disidencias de lo que fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), unidades que se negaron a aceptar el acuerdo de paz entre el alto mando militar de ese grupo guerrillero y el Gobierno de Juan Manuel Santos, firmado en La Habana, en 2016.
Tales hechos violentos, que no han cesado, han dejado decenas de personas fallecidas y miles de desplazados en esa zona fronteriza con Venezuela. También se registraron ataques de los irregulares, especialmente del ELN, contra militares colombianos, algo inusual hasta entonces.
Ante tal escenario, Petro se jugó una carta arriesgada políticamente, incluso poniendo fin a una tradición colombiana desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. El mandatario nombró hace dos meses como ministro de Defensa al mayor general Pedro Sánchez Suárez. Y aunque este alto mando militar se retiró (para cumplir con la ley colombiana de que los ministros de Defensa deben ser civiles), en realidad esto fue solamente una formalidad.
Por primera vez en 35 años quien está al frente del ministerio de gobierno encargado de las fuerzas armadas proviene de ese mismo cuerpo.
Desde que asumió la Presidencia, en agosto de 2022, Petro ha enfrentado un panorama complejo en materia de seguridad. Su propuesta de "paz total", que buscaba negociar con grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC para lograr su desarme y reintegración, no ha dado los resultados esperados.
El predecesor de Pedro Sánchez Suárez, Iván Velásquez, un civil con experiencia en investigaciones judiciales, priorizó durante su gestión la depuración de las Fuerzas Militares y el fortalecimiento del control civil sobre estas. Sin embargo, su falta de experiencia militar y la percepción de una respuesta insuficiente ante la crisis de seguridad llevaron a Petro a buscar un cambio de rumbo.
La designación de Pedro Sánchez Suárez, un militar con más de 35 años de experiencia, conocido por liderar la exitosa Operación Esperanza en 2023 (que rescató a cuatro niños indígenas perdidos en la selva amazónica), refleja un giro pragmático hacia un enfoque más firme en la política de seguridad, en lo que se considera la recta final del Gobierno de Petro, primer presidente colombiano de izquierdas.
Desde su toma de posesión en marzo de 2025, el nuevo ministro de Defensa ha liderado un cambio notable en el tono y la estrategia de seguridad del Gobierno. Los primeros dos meses de su gestión han sido descritos como "frenéticos", con un aumento del 71% en los combates contra grupos armados, según reportes en redes sociales.
Además, se confirmó la suspensión de cualquier cese al fuego con grupos armados, marcando un distanciamiento de la política de negociación de la "paz total". Este endurecimiento responde a la presión de recuperar el control territorial en regiones críticas.
Al designarlo como ministro, Petro dio una orden directa a Sánchez Suárez para "recuperar las fronteras" ante un "peligro de soberanía nacional inminente", según reportó W Radio. Esta directriz reflejaba —de acuerdo con observadores— una arista del distanciamiento que tiene Petro con el Gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo con diversos reportes e investigaciones, periodísticas y de ONG internacionales como Human Rights Watch, las Fuerzas Armadas de Venezuela, controladas políticamente por el chavismo, o bien se hacen de la vista gorda o bien colaboran abiertamente para brindarle una suerte de aliviadero a los grupos armados colombianos en zonas fronterizas, donde las disputas más que ideológicas están centradas en el control territorial que permitan manejar los negocios ilícitos, narcotráfico y minería ilegal principalmente.
El cambio de enfoque en Colombia también se evidencia en la reorientación de las operaciones militares. Según un análisis de expertos en la materia, los bombardeos bajo la gestión de Sánchez Suárez han adoptado un "cambio de paradigma" en comparación con administraciones anteriores, priorizando la precisión y la protección de civiles. Este enfoque busca contrarrestar las críticas de la oposición, que ha acusado al Gobierno de Petro de ser débil frente a los grupos armados.
Por otro lado, el oficialismo ha defendido la designación ministerial, destacando la experiencia de Sánchez Suárez y su alineación con los objetivos del Gobierno. El senador del Pacto Histórico, Heráclito Landinez, elogió la trayectoria del general y argumentó que su liderazgo fortalecerá la seguridad sin comprometer los principios de la "paz total".
Sin embargo, sectores de izquierda, como el representante Juan Carlos Lozada, expresaron un "guayabo (resaca) moral" por el nombramiento, argumentando que rompe con la tradición civilista y plantea riesgos para la democracia. Esta división interna en el Pacto Histórico refleja las tensiones dentro del propio Gobierno de Petro, que enfrenta críticas por la inestabilidad de su Gabinete y la falta de resultados en lo que fueron sus promesas de transformar a Colombia en sus cuatro años de gestión.
Estando justamente a un año de las venideras elecciones, y con Petro impedido de presentarse a la reelección según las leyes vigentes, el presidente terminó apelando en materia de seguridad al pragmatismo, dejando entrever que no será posible cumplir con la prometida "paz total".
"La estrategia de paz total ha sido un fracaso", puntualiza Olga González, quien posee un doctorado en Sociología y ejerce como catedrática en la Universidad París Diderot.
Petro parte de "una premisa errada, que es considerar como interlocutores políticos a grupos criminales, traficantes y/o terroristas". Asimismo, el mandatario erró al no darle "visibilidad y protagonismo a quienes resisten a los armados y hacen comunidad, sino a los violentos", puntualiza González.
