La tensión política va en aumento en Venezuela en las horas previas al 10 de enero, la fecha pautada para la toma de posesión presidencial. El chavismo puso en marcha una ola de arrestos entre el 7 de enero y la madrugada del 8.
Periodistas extranjeros en Venezuela, ante la falta de información oficial, contabilizaron una docena de detenciones políticas en menos de 24 horas. Siguiendo prácticas que ha documentado la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, los arrestos fueron realizados sin orden judicial, los arrestados estuvieron desaparecidos en las primeras horas de su captura, y por tanto no pudieron proporcionar información a familiares y abogados sobre el lugar de reclusión.
Tal patrón no es nuevo y ha sido ampliamente documentado por la misión de expertos, que con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela bajo la presidencia de Nicolás Maduro.
El yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia fue detenido a primera hora del 7 de enero, cuando se desplazaba junto a sus hijos menores. Rafael Tudares y Mariana González, hija de González Urrutia, decidieron permanecer en Venezuela cuando salió al exilio el candidato presidencial que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio, según la totalización pública de actas electorales que hizo la propia oposición, ante la ausencia de datos desagregados y verificables del oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE).
Por fuentes diplomáticas, DIARIO DE CUBA supo que existía un acuerdo de palabra de respetar la vida cotidiana en Caracas de la hija de González Urrutia, su esposo y sus dos hijos de seis y siete años de edad. Ni Rafael Tudares y Mariana González tuvieron figuración pública durante la campaña electoral, a diferencia de la otra hija del exdiplomático, Carolina González, quien está exiliada en Madrid y ha acompañado a su padre en diversos actos políticos.
La defensora de derechos humanos Ligia Bolívar opinó que el chavismo aplicó la práctica del nazismo conocida como Sippenhaft, por la cual un acusado de crímenes contra el Estado extendía automáticamente su responsabilidad penal en igual medida hacia sus parientes.
Durante la jornada del 7 de enero se realizaron detenciones principalmente de activistas electorales del partido Vente Venezuela, fundado por la líder opositora María Corina Machado. A las 5:00 de la tarde (hora de Caracas) fue detenido el reconocido e histórico activista de derechos humanos Carlos Correa.
Correa, quien tiene asimismo nacionalidad española al ser hijo de ciudadanos de ese país radicados en Venezuela, fue llevado por hombres encapuchados y armados que lo interceptaron en una calle del centro de Caracas, según el testimonio de testigos, indicó la denuncia dada conocer Amnistía Internacional.
Con una trayectoría de más de 25 años en el campo de los derechos humanos, Correa es el director de la ONG Espacio Público, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión. Forma parte del consejo asesor de la internacional Human Rights Watch y en el pasado dirigió la principal entidad venezolana de derechos humanos Provea.
En una de sus alocuciones recientes, Maduro lo acusó de estar pagado por la CIA.
Entidades como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, HRW y Amnistía Internacional, se hicieron eco de la denuncia que hizo públicamente la esposa de este activista, Mabel Calderín.
Calderín confirmó a DIARIO DE CUBA que tras 12 horas de su desaparición forzosa se desconocía el paradero de Correa. Ella, acompañada de abogados de Espacio Público, acudieron a las distintas dependencias de los órganos de seguridad del Estado en Caracas y en ningún lugar les confirmaron la presencia del activista de derechos humanos.
"Exigimos conocer el paradero del defensor de derechos humanos Carlos Correa, director de Espacio Público y miembro de la Asamblea de Provea", sostuvo por su parte Oscar Murillo, quien actualmente es el coordinador general de Provea, la más antigua ONG de derechos humanos de Venezuela.
Murillo, asimismo, lamentó el silencio de entidades como la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.
La detención de Correa tiene lugar a casi un año del encarcelamiento de otra destacada activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, una experta en temas de seguridad y defensa que ha pasado largo tiempo incomunicada. En su momento, el caso de San Miguel marcó un punto de inflexión, al ser la figura pública de mayor peso de la sociedad civil detenida de forma arbitraria en Venezuela.
A raíz de este caso, fue expulsado de Venezuela el personal del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en su oficina de Caracas.
Dada la larga y respetada trayectoria de Correa, se presume que el chavismo quiere dar un mensaje que atemorice a la comunidad venezolana de defensores de derechos humanos, cuando se acrecienta la tensión política y se registra un aumento en las arbitrariedades.
Junto a todo esto, Nicolás Maduro anunció que su Gobierno capturó a otros siete ciudadanos extranjeros, incluidos dos de Estados Unidos. Según el gobernante, se trata de estadounidenses de "altísimo nivel". Además, fueron detenidos dos colombianos y tres ucranianos.
Recientemente el número dos del régimen y ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó que 125 extranjeros han sido detenidos en Venezuela. El Gobierno les atribuye desde planes de magnicidio hasta preparar ataques contra instalaciones eléctricas en el país.
Para defensores de derechos humanos, esta nueva ola de detenciones políticas, tras excarcelar recientemente a centenares de presos políticos, deja en evidencia la condición de puerta giratoria que tiene el sistema de justicia en Venezuela, bajo los designios del Gobierno de Nicolás Maduro.
En la madrugada de este 8 de enero, el periodista Vladimir Villegas, quien en el pasado ocupó altos cargos de Gobierno junto a Hugo Chávez, confirmó que había sido detenido Enrique Márquez, un político de centro que fue candidato a la Presidencia en las elecciones del 28 de julio.
En su momento, la candidatura de Márquez tuvo el apoyo del Partido Comunista de Venezuela y de otras fuerzas de izquierda que tomaron distancia de Maduro. Este candidato mantuvo una serena pero consistente posición en contra de reconocer lo que denunció como un fraude a la voluntad popular, ya que desestimó que el CNE tuviera pruebas para validar el triunfo de Maduro el pasado 28J.
La ola de detenciones coincidió, este 7 de enero, con la publicación de un extenso y documentado informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual el órgano continental sostiene que el Gobierno de Nicolás Maduro no solo aplicó terrorismo de Estado sino también una estrategia de represión coordinada para "perpetuarse en el poder".
El extenso documento, que se divide en cuatro capítulos, analiza las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron en el país suramericano antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Bueno ,viene Trump y creo que vamos a tener un Noriega 2.0 con Maduro,Padrino Diosdado ,sino los destruyen los drones USA primero.
JODANSE Y RE-JODANSE...NADIE LOS MANDO A ELEGIR A CHAVEZ...TENIAN SUFICIENTE DE MAL EJEMPLO: CUBA, NICARAGUA...JODANSE..
Es increíble el miedo, terror, de Másburro y los chavistas por el nuevo Presidente verdaderamente elegido, no entiendo porqué le temen a este viejito sin armas, ni ejército, el chavismo está agarrado con alfileres, de lo contrario no tendrían tanto temor, no hay ningún país que los amenace, nadie que le interese complicarse la vida con ayudar a liberar a Venezuela, ni a los venezolanos del Doral, entonces cuál es la razón de tanto pánico.
Eso es lo que puede hacer el régimen de Maduro ante la embestida de la oposición: reprimir. Hasta vestido de camuflaje anda Maduro. ¿Es que el Ejército tomará las calles?