Que haya tardado casi dos años en ponerse en práctica posiblemente sea una señal de las pugnas internas dentro del propio chavismo. Se trata de una controvertida ley para controlar el financiamiento de las ONG en Venezuela, con repercusiones en el periodismo independiente que aún subsiste en el país, la cual finalmente salió en la Gaceta Oficial y por tanto entró en vigor.
El texto final de la denominada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines vio luz pública este 3 de diciembre, 23 meses después de que este proyecto impulsado principalmente por el número dos del régimen, tuviese una primera aprobación en enero de 2023.
Como una suerte de amenaza al acecho para la sociedad civil y para el periodismo independiente, que en Venezuela se financia principalmente por la cooperación internacional, esta ley estuvo engavetada por un largo periodo, ante la falta de apoyo de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y archirrival de Cabello en las corrientes internas del chavismo, según observadores políticos.
Transcurrieron 20 meses entre la primera aprobación, en enero de 2023, y su segunda y definitiva votación en el Parlamento unicameral, el pasado 15 de agosto, en lo que se entendió por activistas de derechos humanos como una arremetida contra ese sector tras las numerosas y graves denuncias ventiladas por la sociedad civil en el contexto posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Usualmente una ley, en Venezuela, es publicada en la Gaceta Oficial a escasos días de su aprobación. En este caso transcurrieron poco más de tres meses, algo fuera de los plazos oficiales.
"Es posible que se haya retrasado la publicación de esta ley contra las ONG para contar, desde el Gobierno de Maduro, con una carta de negociación con EEUU. Su difusión y puesta en vigor simboliza que no hay tal canal de comunicación entre Caracas y Washington", explica a DIARIO DE CUBA un destacado periodista político, conocedor del chavismo y quien vive dentro de Venezuela y prefiere mantener su identidad a resguardo, para evitar represalias.
Diosdado Cabello, que ha pasado a recuperar de forma nítida su espacio de número dos del régimen después del 28J, estuvo por varios años reclamando que el Parlamento controlado por el chavismo de forma amplia desde 2020 aprobase un instrumento que permitiera investigar las cuentas de las organizaciones civiles y determinar de dónde provienen sus fondos.
El controvertido proyecto recibió una primera aprobación en enero de 2023 y durante un año y ocho meses el trámite legislativo quedó paralizado, pese a tener los votos en la Asamblea Nacional. Este cambio de velocidades en los debates, se debió a esas diferencias entre Rodríguez y Cabello.
Tras los resultados electorales adversos del 28J, como lo demuestran las actas recabadas y procesadas por la oposición, Jorge Rodríguez perdió influencia en las decisiones, según observadores, ya que él fue el jefe de la campaña para reelegir a Maduro, lo cual resultó en un proceso político desastroso para el chavismo.
Aunque Maduro controla el poder en Venezuela, crecieron las denuncias de fraude en la comunidad internacional e incluso sus otrora aliados tomaron distancia, como ocurrió con los gobiernos izquierdistas de Gustavo Petro (Colombia) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).
En tanto, Diosdado Cabello ha denunciado que las ONG vienen funcionando como "apéndices" del Gobierno de EEUU. "Comenzaron con fines sociales, humanitarios, pero hoy las ONG que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización en nuestro país", sostiene.
Las ONG "van a tener que decir de dónde viene la platica (el dinero). Van a tener que decir quién les está dando la plata y el que no lo diga será considerado como si estuviera lavando dinero", adelantó Cabello en uno de sus programas de televisión, previo a la aprobación final de la ley.
La semana pasada, en uno de sus usuales señalamientos al periodismo independiente, Cabello acusó a portales de noticias como El Pitazo, La Patilla, Crónica Uno y Efecto Cocuyo, así como al canal en YouTube VPI TV, de estar financiados por el Departamento de Estado de EEUU.
El tema del financiamiento internacional en Venezuela, que se ha reducido de forma significativa según diplomáticos europeos consultados por DIARIO DE CUBA, ha sido una suerte de leitmotiv de Cabello en los últimos años. Sin embargo, en otros momentos la presión internacional, especialmente de la Unión Europea, logró frenar la aprobación de este instrumento y de otros proyectos debatidos en diferentes momentos.
Tras las elecciones, el Gobierno de Maduro lanzó una dura y amplia represión, y según activistas, también un cerco a las ONG que venían denunciando y documentado las violaciones a los derechos humanos.
Entidades de la sociedad civil venezolana como Acceso a la Justicia, Laboratorio de Paz y Civilis denunciaron que la ley tiene como objetivo la "persecución política", como parte de un "patrón de criminalización" que va dirigido a defensores de derechos humanos.
Uno de los aspectos del proyecto que más preocupaciones ha suscitado son las atribuciones que le confiere al Gobierno de Nicolás Maduro, especialmente la facultad de implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las "desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional".
"Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia", afirmó la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, con mandato del Consejo de Derechos Humanos y que ha venido documentado los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El abogado Alí Daniels comentó a DIARIO DE CUBA otro aspecto preocupante, incluso en la forma además del fondo o propósito de la ley. El instrumento salió publicado en la Gaceta Oficial este 3 de diciembre, pero sostiene que su fecha de vigencia es a partir del 15 de noviembre de 2024.
"La consecuencia inmediata de esta publicación tardía es que el plazo que tienen las organizaciones para presentar sus recaudos, a fin de ajustarse a la ley, en la práctica se ha reducido de 90 a 72 días", detalla Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, y dicha irregularidad "denota más indefensión e inseguridad jurídica en la que se encuentran las personas (en Venezuela)".
En enero de 2023, cuando se alcanzó la primera aprobación del proyecto legislativo, Cabello dijo que el régimen de Maduro manejaba una lista de 62 ONG "que operan con fines absolutamente políticos" y cuya actuación dentro del país debía ser fiscalizada.
La ley contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad oficial de control que se crearía desde el Gobierno, así como para aquellas que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones internacionales.
En Venezuela, en medio de una crisis humanitaria compleja como la ha definido la ONU y de la documentación que se realiza de crímenes de lesa humanidad, el rol de las organizaciones de la sociedad civil ha pasado a ser clave en el levantamiento de datos sobre violaciones a los derechos humanos o sobre la propia crisis que agobia a los venezolanos.
Estados Unidos no permite ese tipo de organizaciones en su territorio pero las aúpa y presiona a los demás países para que las toleren en el suyo. En fin la hipocresía.
El totalitarimo es de naturaleza extrema, por tanto no se radicaliza, simplemente aprieta el cepo segun el contexto.
Hasta el momento, señor Alemán, en Venezuela, con todas y cada una de las características de ese régimen, y dejando a un lado la represión que practica, se ha permitido la existencia de partidos políticos y la de múltiples organizaciones de la sociedad civil. Algo que por ejemplo, en Cuba, se eliminó desde el inicio. Hace un par de días se decidió por ley declarar traidor a la patria al que no le convenga a Maduro, en claro golpe a los partidos de oposición. Ahora va contra la sociedad civil. A eso me refiero con lo de radicalización de ese régimen. Si usted le llama apretar el cepo, pues perfecto, y si no tenía que ver con mi comentario, pues le pido disculpas.
No Ana, en realidad me referia a lo que describe el articulista como signo de blindaje a traves de esa ley de las ONG.
Por eso, cualquier regimen una vez que elimina o reduce la propiedad privada, controla la prensa, engrasa su maquinaria represiva y copa los poderes del estado alrededor de un tirano que se reelige, es autenticamente totalitario y cualquier otra regulacion o ley es solo la adaptacion continua y necesaria de las tenazas que lo sostienen.
Desde que el Narco en Jefe o Chavez comenzaron a nacionalizar (robar) empresas, eliminar a opositores y declararse socialistas, estaban tambien oficializando el caracter totalitario de sus gobiernos, independientemente que despues aumentaran el control con nuevas divisiones administrativas y normas para tener mas presos politicos y asesinados.
Es como decia «Stephen Hawking, pero a la inversa: "Preguntarse qué había antes del big bang es como preguntarse qué hay al norte del polo norte".
Ok, entiendo su punto de vista.
Maduro va hacia una radicalización mayor del régimen venezolano. Todo en vistas de enero.