¿Políticamente hablando, podrá Perú dejar de una vez atrás a Fujimori?

Durante 35 años, la figura de Alberto Fujimori fue central en la discusión política de Perú. En la década durante la cual ocupó el poder, a fines del siglo pasado, el país vivió un severo ajuste económico, una encarnizada lucha contra grupos insurgentes y violaciones masivas de derechos humanos, que siguieron siendo parte del debate público en el cuarto de siglo posterior.

La muerte de Fujimori, quien cumplió 86 años el pasado 26 de julio, aunque esperada estuvo rodeada de polémica y polarización, como todo lo que lo envolvió desde que, siendo un desconocido ingeniero y rector de la Universidad de Agronomía, irrumpió en la campaña electoral de 1989 para las elecciones que se celebraron en 1990, en las que se enfrentó al escritor y luego Premio Nobel Mario Vargas Llosa.

Fujimori murió este 11 de septiembre. Estaba en detención domiciliaria y hasta poco antes se debatía si realmente tenía un estado de salud tan grave.

La salud del anciano exgobernante fue el argumento que utilizó su hija Keiko Fujimori para lograr, tras diversas artimañas políticas y acciones legales, sacarlo de prisión en diciembre pasado, cuando aún le quedaba por cumplir cerca de una década de condena por violaciones a derechos humanos y corrupción.

Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, fue encarcelado en 2007 en Lima, tras dos años de idas y vueltas con la justicia chilena, que lo detuvo en 2005 y lo mantuvo con libertad restringida hasta que finalmente fue extraditado a su país.

Para diversos analistas peruanos, tras la desaparición física de Fujimori no solo está en debate si su hija Keiko podrá mantener por sí sola el espacio político conocido como "fujimorismo", sino también la necesidad de pasar la página, ya que durante el último cuarto de siglo Perú ha estado en una intensa discusión sobre los éxitos y excesos del otrora hombre fuerte. El país andino, consideran observadores, tiene el enorme desafío de terminar de entrar en el siglo XXI en su debate político.

Cuando irrumpió en la campaña electoral, en 1989, Fujimori era una suerte de anécdota. Un perfecto desconocido, sin formación ni roce político. Se montó en un tractor e hizo una serie de ofertas vagas y mantuvo un discurso enfocado en el Perú profundo, en contraste con el peso político y mediático que en Lima tenía Vargas Llosa, quien de residir en Europa regresó al país para esa campaña, con ideas abiertamente liberales.

En aquel 1989 y especialmente en 1990, en las dos vueltas que necesitó la elección presidencial, Perú padecía el resultado de una errada política económica del saliente Gobierno de Alan García. Con una hiperinflación disparada, los precios aumentaban en los anaqueles dos y hasta tres veces en el mismo día, y la moneda local era entregada en bolsas o cajas por el alto volumen de billetes, cuando se cambiaba por dólares.

En ese escenario, Fujimori pasó a ser una figura parteaguas en Perú. Sin que las encuestas le dieran chance, logró pasar a la segunda vuelta y, para sorpresa del mundo entero, se impuso sobre Vargas Llosa, al obtener el 62% de los votos en el balotaje, en junio de 1990.

A diferencia del escritor, que abiertamente defendía un programa de ajuste macroeconómico ante la caótica situación de entonces, Fujimori evadió los anuncios precisos. Pero, una vez en el poder, implemento rápidamente lo que se conoció como el "Fujischok". Una semana después de asumir el poder, decretó el fin de los subsidios estatales, una privatización masiva de entidades estatales y otras medidas en bastante sintonía con la liberalización económica que Vargas Llosa pretendía implementar.

Pese al respaldo popular que obtuvo en el balotaje que lo llevó a la Presidencia, Fujimori estaba en minoría parlamentaria. Su respuesta, luego de insistir en sus mensajes públicos de que el Parlamento le obstaculizaba su programa, fue decretar en abril de 1992 la toma y disolución del Congreso, un autogolpe con apoyo de las fuerzas militares y policiales que se conoció como el "Fujimorazo".

Ese mismo año, el presidente de origen japonés y nacido en Lima tuvo otro hito en su gestión al lograr la captura de Abimael Guzmán, líder del sanguinario movimiento de inspiración maoísta conocido como Sendero Luminoso, que actuó en Perú —especialmente en la Sierra peruana— entre los años 80 y 90.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), publicado en agosto de 2003, estableció que más de 60.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas en Perú a partir de 1980.

La comisión, formada por expertos en derechos humanos, atribuyó la mitad de esas muertes a Sendero Luminoso, pero también registró la política de Fujimori de someter a sangre y fuego a los grupos irregulares, sin respeto a derechos humanos básicos y dando total impunidad a las fuerzas militares y policiales para que llevaran adelante la masacre de personas inocentes.

Paradojas de la vida, Guzmán falleció encarcelado un 11 de septiembre, hace tres años, también a la edad de 86 años como Fujimori. Fueron una especie de némesis.

En abril de 1997, más de cuatro meses después del secuestro de diplomáticos que asistían a una recepción en la embajada de Japón en Lima, miembros de las fuerzas especiales del ejército peruano irrumpieron por sorpresa en la sede diplomática y pusieron fin a esta acción, que llevó adelante la organización de extrema izquierda Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Inicialmente, Fujimori se fortaleció políticamente como un hombre de mano dura ante las actuaciones de grupos irregulares armados, pero investigaciones posteriores dejaron en evidencia que varios insurgentes fueron ejecutados pese a haberse rendido dentro de la embajada. Esto se sumaba a otros expedientes que ya estaban en marcha sobre las violaciones de derechos humanos en el marco de lo que el Gobierno definía como lucha contra el terrorismo.

El ocaso de la década de Fujimori en el poder, en 2000, fue un cóctel con varios ingredientes. Impuso su candidatura para un tercer período (ya había sido relecto en 1995) y esto comprendió la compra de magistrados, de líneas editoriales de los medios de prensa privados y de políticos de oposición. El clímax llegó cuando el 14 de septiembre de 2000 se difundieron por primera vez los llamados "Vladi-Videos".

Vladimiro Montesinos, el hombre que manejaba para Fujimori los resortes ocultos de la Seguridad del Estado, apareció en unos videos filtrados a la prensa entregando sobres con grandes cantidades de dinero en efectivo a congresistas, jueces, empresarios y otras personalidades.

Montesinos huyó al extranjero y poco después Fujimori aprovechó una parada en Tokio durante una gira internacional para enviar desde allí un fax comunicando su renuncia a la Presidencia, una maniobra insólita que muchos atribuyeron a su temor a ser procesado por la justicia.

Apelando al origen de sus padres, se hizo ciudadano japonés, y tal vez sintiéndose seguro después de varios años regresó a América Latina para ser detenido en Chile en 2005 y extraditado a Perú en 2017. Montesinos había sido detenido en Venezuela en 2001 y también extraditado a Perú.

Tras conocerse su muerte este 11 de septiembre, Fujimori nuevamente reavivó la polarización y debate que lo rodearon en vida. Mientras que abundan desde entonces mensajes en redes sociales tanto laudatorios como cuestionadores de su figura, miles de peruanos de clases sociales baja y media-baja acudieron masivamente y con emoción a despedirse del "chino" como se le conoció desde que irrumpió en la política peruana.

Periodistas que cubrieron sus años en el poder y organizaciones de derechos humanos, por su parte, han recordado que, pese a ser detenido, juzgado y condenado, Fujimori no pagó por completo por todos sus delitos, violaciones a derechos fundamentales y excesos en el poder.