Sin que en verdad fuese del todo sorpresivo el anuncio, ya que diversas decisiones previas parecían preparar el terreno, la candidatura de Alberto Fujimori anunciada dos años antes de los comicios y sin que se hayan definido varios impedimentos legales que pesan sobre el expresidente, podría constituir en verdad una estrategia de distracción, según opinan analistas desde Lima.
Una serie de hechos se fueron concatenando a lo largo de los últimos meses, desde la excarcelación del expresidente peruano (1990-2000), hasta su inscripción en Fuerza Popular, el partido que encabeza su hija Keiko Fujimori, pasando por su activismo en redes sociales, a lo que se sumó la decisión del Congreso peruano de aprobar una ley que prescribe crímenes de lesa humanidad, una medida orientada para favorecer al octogenario exmandatario sobre quien pesan acusaciones y condenas por violaciones a derechos humanos y abuso de poder.
Keiko Fujimori anunció este domingo que su padre, quien cumplirá 86 años el venidero 28 de julio, será candidato presidencial en nombre de Fuerza Popular en unas elecciones que no será ni este año ni el próximo, sino en 2026. Este anuncio tan adelantado ha generado suspicacias entre observadores de la dinámica política.
La periodista alemana Hildegard Willer, desde Lima, le precisa a DIARIO DE CUBA, que además de su edad avanzada y de la incógnita que pesa sobre la salud del expresidente, también se mantienen en vigencia impedimentos constitucionales que negarían la posibilidad de que Fujimori finalmente logre inscribirse como candidato en 2026.
La Constitución vigente en Perú enfáticamente niega la posibilidad de que alguien se inscriba como candidato si ha sido condenado por un delito doloso, lo cual dejaría fuera a Fujimori debido al compendio de causas que pesan sobre él. Además, no parece claro que haya una mayoría parlamentaria calificada para reformar la Constitución.
"El anuncio de que el candidato presidencial de Fuerza Popular será el papá y no la hija, en una decisión tomada a dedo, es un burdo intento por distraer la atención de los millones de dólares malversados durante tres campañas presidenciales", apunta el columnista y congresista Carlos Anderson, quien además recuerda que dentro del fujimorismo "saben que está impedido constitucionalmente" de aspirar de nuevo a la Presidencia.
Keiko Fujimori, quien ha sido candidata presidencial en tres ocasiones (2021, 2016, 2011), enfrenta a la Justicia por lavado de dinero y sobornos conectados con el caso Lava Jato, que incluye pagos irregulares efectuados por ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht. Este mes de agosto el proceso judicial entra en una fase culminante.
No pocos analistas peruanos coinciden en que lo extemporáneo del anuncio de la candidatura de su padre, en realidad es una estrategia de Keiko Fujimori para desviar la atención pública sobre su juicio.
Alberto Fujimori salió excarcelado en diciembre pasado. En una cárcel de Lima cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas de civiles perpetradas por un escuadrón del Ejército en el marco de la lucha contra el maoísta y sanguinario Sendero Luminoso, a principios de la década de 1990. Del total de su condena estuvo en prisión 16 años, hasta que el 7 de diciembre de 2023 se le otorgó un indulto por razones humanitarias, pese a la abierta e insistente negativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, en una entrevista con El Comercio, Keiko Fujimori dijo que aún no sabe si ella se postulará como candidata al Senado, pero aseguró que no irá en la fórmula presidencial de su padre, como candidata a vicepresidenta, que es una tesis muy comentada en Lima.
El escenario de una candidatura de Fujimori, entretanto, tiene lugar cuando la actual presidenta Dina Boluarte vive su peor valoración en materia de opinión pública, desde que asumió el poder en diciembre de 2022, siendo su presidencia sobrevenida tras la destitución y detención del antiguo maestro y jefe de Estado Pedro Castillo.
Castillo juró como presidente en julio de 2021 para un periodo de cinco años, teniendo como vicepresidenta a Boluarte, quien en el año y medio de turbulencias que caracterizaron a la gestión presidencial del exmaestro se mantuvo bastante alejada, al punto que era prácticamente una desconocida para los peruanos al momento en que se juramentó ante el Congreso.
Castillo pretendió dar un golpe de Estado y desconocer al Congreso, mientras que Boluarte, sin tener una bancada legislativa propia en el seno del Parlamento, encontró allí su base de apoyo, apalancada por factores conservadores.
El estudio de opinión pública mensual que hace el prestigioso Instituto de Estudios Peruanos determinó que en este mes de julio el rechazo hacia Boluarte suma ya al 90% de los encuestados. La reprobación de la presidenta solo es superada por el rechazo hacia el Congreso, que tiene un rechazo del 94% de los peruanos según este estudio.
Unidos por mutua necesidad, según analistas, Boluarte finalmente se alineó con la tesis que prevalece entre congresistas de evitar el adelanto de las elecciones. Inicialmente la mandataria había sostenido que su Gobierno sería temporal para llamar a nuevos comicios, pero luego cambió su discurso y su estrategia y ha ratificado que gobernará hasta 2026.
De acuerdo con el sondeo del IEP, el 40% de los consultados cree que el verdadero poder en este momento se ejerce en el Congreso, mientras que se ha recuperado el nivel de confianza en las Fuerzas Armadas, que había decaído tras la represión de protestas en los primeros meses de mandato de Boluarte.
A juicio de Willer, si bien la mayoría de peruanos quiere un adelanto de elecciones como salida a la crisis, no existe un liderazgo político que amalgame esta demanda para hacer presión ante el Parlamento y la Presidencia. Tampoco hay claridad de si la estrategia de Keiko Fujimori de presentar con tanta antelación la candidatura de padre busca en verdad un adelanto de los comicios.
En una encuesta realizada por Ipsos para el canal América TV, un 27% de los consultados consideraba a Alberto Fujimori como una mejor opción electoral para el partido Fuerza Popular, quedando por encima de su hija Keiko.
Fujimori y Fujimorita son dos cuñas del mismo palo, un asesino convicto y confeso y una malversadora en proceso de ser condenada no tienen votos para acceder a la presidencia.