La bancada parlamentaria de la Revolución Ciudadana, el grupo político del expresidente Rafael Correa, quedó en solitario y sin los votos necesarios en el Parlamento, en su intento de que se la abriera un juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien ha estado a cargo de los más sonados casos de corrupción en Ecuador y a quien el correísmo considera una enemiga declarada.
Este lunes 10, la plenaria de la Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor de archivar el proceso que venía impulsando el grupo parlamentario afín al expresidente, considerado como un prófugo por la justicia del país andino y residenciado en Bélgica, desde donde sigue activo en la dinámica política ecuatoriana a través de las redes sociales y de entrevistas periodísticas.
Tras una accidentada sesión en la Comisión de Fiscalización, encabezada por diputados del correísmo, la posibilidad de llevar a juicio a Salazar fue votada en plenario este martes 10 de septiembre, en Quito. 78 votos a favor de archivar el caso contra 44 del correísmo fue el resultado final de la votación, que también se caracterizó por un debate encendido.
En realidad, según explica a DIARIO DE CUBA la periodista ecuatoriana Gabriela Bazante, "nunca hubo los votos para llevar adelante el juicio político contra la fiscal. El tema es que la norma en Ecuador establece que la Comisión de Fiscalización haga el proceso de recoger las pruebas de cargo y descargo, elabore un informe y recomiende o no llevar adelante ese juicio político".
La madrugada del martes, tras una sesión en la comisión que fue maratónica y conflictiva, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador rechazó la calificación del juicio político contra la fiscal general. La iniciativa, promovida por legisladores afines al expresidente Rafael Correa (2007-2017), no alcanzó los votos necesarios en la comisión. Y esto fue refrendado en plenario.
El correísmo buscaba enjuiciar políticamente a Salazar, acusándola de incumplimiento de funciones. Los argumentos de la bancada de la Revolución Ciudadana indican que la fiscal general ha cometido retrasos en procesar casos que involucran a los expresidentes Guillermo Lasso y Lenín Moreno. También la acusa de irregularidades en el proceso contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, que fue investigado por abuso sexual.
Asimismo, para el correísmo Salazar tampoco demostró voluntad de investigar las irregularidades que rodearon al caso conocido como "vacunados VIP", que involucró en su momento a funcionarios públicos y sus familiares, que accedieron antes que el resto de la población a las vacunas contra el Covid-19.
El incumplimiento de funciones, aseguraban los legisladores del correísmo, que son la primera minoría en un Parlamento fragmentado, se extiende a la falta de prevención de asesinatos de agentes fiscales y de mala administración del Ministerio Público.
Para Bazante, el correísmo ha registrado una derrota política con esta votación parlamentaria, ya que había puesto empeño en enjuiciar y destituir a Salazar.
Diana Salazar investiga los casos más emblemáticos de corrupción y narcotráfico en el país, en un período crítico como el que vive Ecuador, con una violencia desatada y la penetración del crimen organizado en las cárceles.
La fiscal general reveló que los sicarios contratados para asesinar al periodista Fernando Villavicencio, que aspiraba a la Presidencia de Ecuador el año pasado, tenían también como tarea matarla. Los riesgos que corre Salazar se han recogido incluso en una reseña sobre ella en la revista Times, pues fue elegida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría líderes.
La fiscal general, quien asumió en 2019, ha tenido por otro lado un respaldo abierto del presidente Daniel Noboa, en el poder desde noviembre de 2023 producto de unas elecciones anticipadas una vez que el entonces mandatario, Guillermo Lasso, decretara la figura de una "muerte cruzada", que le puso fin a su Gobierno apenas a dos años de la elección y también cesó al Parlamento.
Lasso se enfrentaba a la posibilidad de un juicio político y destitución, en una causa promovida por el correísmo desde el Parlamento con respaldo de legisladores indígenas y hasta del conservador Partido Social Cristiano.
Noboa, con un período corto en el poder para completar el mandato de Lasso, podrá buscar la reelección en los comicios generales pautados para febrero de 2025.
La dispersión de fuerzas en el seno del Parlamento, producto de una fragmentación de votos y el reacomodo que vive la política ecuatoriana en los años posteriores a la década de Correa en el poder, ha colocado a presidentes como Lasso (conservador) y Noboa (centro) en una situación de debilidad, ya que tienen el poder ejecutivo, pero en el seno del legislativo el correísmo y factores de izquierda e indígenas siguen teniendo un peso relevante.
En las elecciones de inicios de 2025, el actual presidente Noboa, un joven y hasta el año pasado desconocido empresario de 35 años, buscará la reelección y se enfrentará de nuevo a Luisa González, a quien derrotó en 2023 y que es claramente un delfín político de Correa. Una diferencia en las venideras elecciones es que la Revolución Ciudadana irá en alianza con el movimiento Reto, cuyo referente, Eduardo Sánchez, seguramente será candidato a vicepresidente.
