La Justicia de Perú anunció el lunes 9 de septiembre que el expresidente Pedro Castillo irá a juicio en un caso por presunta rebelión por el que la Fiscalía solicitó 34 años de cárcel. El exmandatario también está siendo investigado de forma paralela por presunta corrupción.
Un juez de la Corte Suprema de Perú tomó la decisión, que no puede ser apelada, tras desestimar el pedido de archivo de la causa que había planteado la defensa de Castillo. El expresidente está en prisión preventiva desde diciembre de 2022, dadas las dos investigaciones en su contra.
La Fiscalía proyecta penas desglosadas en 18 años y cuatro meses por organización criminal, seis años y ocho meses por tráfico de influencias, y seis años y cuatro meses por colusión.
Aún no se ha determinado la fecha del juicio. Castillo no realizó declaraciones al respecto, indicó la agencia AP, que intentó comunicarse con la defensa de Castillo sin recibir respuesta por el momento.
La causa por rebelión se abrió contra el expresidente a raíz de su intento de disolver el Parlamento peruano el 7 de diciembre de 2022 para evitar una votación que buscaba su remoción del cargo. Ese mismo día el Congreso lo destituyó y su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el poder, lo que desató semanas de protestas contra el Gobierno, principalmente en el sur del país.
Desde esa fecha, Castillo permanece en una cárcel para expresidentes ubicada en un extremo de la capital.
El juez Juan Carlos Checkley comenzó el lunes a admitir en una audiencia virtual las pruebas que serán usadas en el juicio. En enero de este año, la Fiscalía también solicitó 25 años de cárcel para la ex primer ministro de Castillo, Betssy Chávez, y 15 años para el asesor Aníbal Torres.
El exmandatario, un profesor rural de 54 años que llegó a la presidencia en 2021, también enfrenta otra investigación en la Fiscalía por actos de presunta corrupción durante su Gobierno, que incluyen, entre otras sospechas, ascensos irregulares dentro del escalafón militar y la designación, sin respetar las bases de un concurso, de un consorcio para construir un puente.
Antes de ser destituido en 2022, Castillo sobrevivió a otros dos intentos previos de remoción por parte de un Congreso opositor. En sus 16 meses de Gobierno, modificó cinco veces su gabinete, con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis de varias políticas. Durante su gestión, se convirtió en el primer presidente peruano en ser investigado por la Fiscalía durante su propia gestión.
Después del 7 de diciembre de 2022, Castillo ha reiterado su inocencia en distintas oportunidades, afirmando que su actitud de ese día no debió ser considerado un delito. Según él, simplemente leyó un documento sin consecuencias. Además, cuestiona la base legal de los cargos de rebelión.
Desde 2016, Perú vive una crisis política caracterizada por parlamentos y presidentes de turno que se enfrentan por desacuerdos entre sí.
En 2018, el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) renunció poco antes de que el Congreso intentara removerlo del cargo por una investigación que aún mantiene por sus presuntos nexos con la constructora brasileña Odebrecht. En 2019, Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas.
En 2020, el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El entonces nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana a inicios de noviembre y renunció después que se produjeran manifestaciones que dejaron dos muertos y 200 heridos.
Después, Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto a Castillo. En los últimos seis años, Perú ha tenido seis mandatarios, incluida la actual presidenta Dina Boluarte.
¿...y por qué no le meten cadena perpetua a Ortega, Maduro y Raúl Castro?