El chavismo se cierra sobre sí mismo y Maduro trae de vuelta a Diosdado Cabello al Gobierno

A un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, y con el récord más alto de presos políticos en la historia del país en las últimas seis décadas, el gobernante Nicolás Maduro ha apostado por cerrar posiciones trayendo de vuelta al Gobierno a Diosdado Cabello para que justamente se encargue de los organismos de Seguridad del Estado y de la dirección policial.

Cabello ha sido una figura simbólica para el chavismo desde que Nicolás Maduro fue nombrado como su sucesor por el propio Hugo Chávez en diciembre de 2012, pero en todo este tiempo no ejerció cargos gubernamentales directamente, pese a que se le ha considerado el número dos del régimen. Cabello escoltó a Chávez en la transmisión televisiva en la que se designó a Maduro, dejando claro que formaba parte de la más alta estructura de poder.

Con posiciones al frente de la Asamblea Nacional o de la Asamblea Nacional Constituyente (2014-2018), considerada ilegitima por decenas de países, Cabello ha marcado la pauta política del chavismo en los últimos años. Con el control sobre el aparato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), por ejemplo, realizó más actos públicos que el propio Maduro en la campaña previa a las elecciones del 28 de julio.

Aunque Cabello ocupó la vicepresidencia en 2002, su poder en realidad se expandió notablemente entre 2007 y 2010 cuando ocupó varios ministerios y dependencias, incluyendo el estratégico despacho de obras públicas, en una época de bonanza económica petrolera en Venezuela.

Sin una formación ideológica previa, a diferencia de Maduro y otras figuras del chavismo que asistieron en Cuba a la escuela de cuadros "Ñico López", Cabello fue una persona cercana a Chávez porque fue su fiel subalterno en distintos momentos dentro de la vida militar. Ya civil e incorporado a la vida política, aquella confianza le permitió tener una carrea meteórica. Sin experiencia política previa, con menos de 40 años ya era vicepresidente ejecutivo de la nación.

El anuncio de Maduro de que Cabello estará a cargo del Ministerio del Interior y además ocupará la vicepresidencia en materia de Seguridad hace prever que el chavismo no cesará en su política represiva contra referentes y activistas de oposición en Venezuela, quienes desde el mismo 28 de julio denuncian un fraude electoral.

Según las actas recabadas por la oposición, el ganador de los comicios ha sido el exdiplomático Edmundo González Urrutia, una figura que emergió muy rápidamente al tener el respaldo de la líder opositora María Corina Machado, impedida por una inhabilitación administrativa de inscribirse como candidata.

Conocedores de las corrientes internas del chavismo, ubican a Cabello en la línea dura con ascendencia sobre el alto mando militar y sobre magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En los últimos años, Cabello se ha mostrado contrario a cualquier proceso de diálogo o negociación con EEUU o con factores de la oposición.

Mientras se anunciaba la designación de Cabello como ministro y vicepresidente, fue detenido el abogado de Machado, Perkins Rocha, un conocido jurista quien además fue acreditado como testigo de las fuerzas de oposición ante el Consejo Nacional Electoral, de cara al 28 de julio. Esta es la segunda detención de más alto nivel en el círculo más cercano de la líder opositora. Hace cinco meses fue detenido y permanece incomunicado quien era su coordinador político, Henry Alviarez.

Aunque Cabello no aparece expresamente dentro de la investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, varias organizaciones de derechos humanos han documentado que, desde su espacio televisivo semanal, a través de una televisora del Estado, promueve el odio y hace señalamientos que en algunos casos han derivado en hostigamientos y hasta detenciones.

Sin embargo, esto dio un giro el pasado mes de abril. Los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela contra ciudadanos de ese país fueron admitidos finalmente por la Justicia de Argentina, en un fallo que ordena a un juez a darle curso legal a un conjunto de demandas en las que explícitamente se menciona al gobernante Nicolás Maduro y al número dos del régimen, Diosdado Cabello.

En mayo de este año, tal como apunta la periodista Sebastiana Barráez, especializada en Seguridad y Defensa, resultó muy simbólica la imagen que difundió el propio Cabello mostrándose en una posición central junto a ministros y efectivos relacionados con las violaciones a derechos humanos en Venezuela.

A partir de su designación, Cabello tendrá bajo su responsabilidad a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), dos entidades ampliamente reseñadas por responsabilidades en los casos que investiga la CPI y que también documenta la Misión de Verificación de los Hechos, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Un cambio de gabinete como el anunciado ratifica que el poder está jugando cuadro cerrado. No es precisamente una demostración de fortaleza o autoconfianza. Y si, es un gesto amenazante. Es un hecho político que expresa al mismo tiempo aislamiento y determinación", sostiene el periodista y activista social Jesús Chúo Torrealba, quien fungió como secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), al ser consultado por DIARIO DE CUBA.

Por su parte, el periodista y defensor de derechos humanos Oscar Murillo proyecta un clima de mayor represión en Venezuela con la designación de Cabello, así como mayores amenazas a la disidencia.

Al ser consultado por DIARIO DE CUBA, Murillo recuerda que hasta ahora Maduro evitó darle "poder real" a Cabello y por eso lo mantuvo alejado del Gabinete de Gobierno. A su juicio, tras el 28J hay reconfiguración en el alto Gobierno, "sin Maduro como pieza medular", esto para lograr sostenerse en la Presidencia.

"El deslegitimado gobernante recurre a Diosdado Cabello para recomponer unas filas sobre las que pesan una avasallante derrota electoral y un desánimo moral muy difícil de ocultar", precisa Murillo, quien es el actual coordinador general de la organización Provea, la de más antigua trayectoria en la defensa de derechos humanos en Venezuela.