Naufraga proyecto para sancionar 'fake news' y evidencia la débil posición legislativa de Lula da Silva

En el ambiente político de Brasil aún se debaten las implicaciones para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de la derrota en el Congreso que sufrieran un conjunto de proyectos de leyes, promovidos desde el ejecutivo, incluyendo un proyecto legislativo que contemplaba de manera inédita en América Latina sanciones por la difusión de fake news o desinformación.

Contrario a los planes de Lula da Silva, al cierre de mayo se consolidó una coalición en el Congreso que incluyó a partidos que en teoría respaldan a su Gobierno y que en esa ocasión se alinearon con lo que ha venido en llamarse el bolsonarismo, por defender las políticas y propuestas del expresidente conservador Jair Bolsonaro (2019-2022).

Esta tercera gobernación de Lula da Silva, que se inició el 1 de enero de 2023, sufrió este 28 de mayo una serie de sonoras derrotas en una seguidilla de votaciones: la diseminación de noticias falsas no será delito, se abre la puerta a que el presidente pueda ser procesado judicialmente si se usa dinero público para educar sobre la orientación sexual y no se van a restablecer los permisos carcelarios en ocasiones como la Navidad.

"Hace tiempo que un gobierno (cualquier gobierno) no sufre tantas goleadas en el Congreso", alertaba desde el Legislativo el analista Thomas Traumann. La posición del Gobierno contó con el apoyo de menos de 140 diputados frente a los más de 300 de la oposición. La votación reveló el débil apoyo que tiene Lula da Silva en el Congreso, pese a que según Infobae semanas antes inyectó millones de reales, un mecanismo permitido por la ley en Brasil, a disposición de proyectos de los legisladores, con el fin de ganar adhesiones.

Aunque la prensa internacional bautizó como ley contra las fake news a uno de los proyectos bandera, si bien esta arista era polémica apenas constituía una pequeña parte de un proyecto de ley más orientado a proteger la integridad del sistema electoral, seriamente cuestionado con afirmaciones sin sustento por Bolsonaro en las dos campañas presidenciales en las que participó (2018 y 2022).

Daniel Bramatti, director del proyecto periodístico Estadão Verifica, del diario O Estado, aclara que "aunque se conoció como proyecto de fake news no era un proyecto de regulación de plataformas o establecer reglas sobre desinformación".

Al ser consultado por DIARIO DE CUBA, este experto aclara que "era un proyecto orientado a proteger al sistema electoral. Una cláusula del proyecto de ley decía que se consideraría como un crimen la difusión masiva de desinformación masiva sobre el sistema electoral".

"Soy muy escéptico de que vaya a resolverse el problema de la desinformación con leyes, pero en este caso era algo muy específico para la protección del sistema electoral. La integridad del sistema electoral, que necesita ser preservada incluso cuando se ataca el sistema electoral con mentiras para deslegitimar una elección", sostiene Bramatti.

Tal como ha reseñado El País, resultó llamativa que diputados de partidos que ostentan ministerios en el Gobierno de Lula da Silva, que ha intentado hacer una coalición más allá de su Partido de los Trabajadores (PT), hayan terminado alineados con el bolsonarismo: "Es una estrategia que han usado en otras ocasiones para subir el precio del apoyo parlamentario a las iniciativas gubernamentales".

"Es muy impresionante que la decisión del Congreso sea eso y es muy impresionante ver la celebración de esta decisión por parte de grupos políticos que atacaron al sistema electoral con mentiras en las últimas dos elecciones", opina Bramatti.

"No considero que solo fuera una derrota del Gobierno, sino en general de los defensores de la democracia y el Estado de derecho", sostiene este veterano periodista radicado en São Paulo.

En general, medios de prensa conservadores presentaron la decisión del Congreso como una victoria de la libertad de expresión y un mensaje directo al Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la reglamentación de las redes sociales.

Por su parte, el expresidente Bolsonaro argumentó en contra de penalizar la difusión de fake news. A su juicio, resultaría contrario al interés público "por no dejar claro cuál conducta sería objeto de criminalización". Sostuvo que "la creación de un tribunal de la verdad" sería un riesgo, pues podría definir subjetivamente qué es considerado falso, limitando la libertad de expresión.

Analistas políticos apuntan que estas derrotas de Lula da Silva en el Congreso reflejan la falta de una base parlamentaria sólida y la creciente presión popular por medidas en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo con el experto Leonardo Barreto, este tercer periodo presidencial de Lula da Silva necesita repensar su estrategia legislativa.