Los gobiernos de izquierda de Colombia y Brasil no han tirado la toalla y siguen articulando esfuerzos de cara a garantizar la presencia de observación electoral calificada en las elecciones presidenciales de Venezuela del venidero 28 de julio, pese a la negativa del chavismo al ingreso de una misión técnica de la Unión Europea (UE).
DIARIO DE CUBA ha sabido por fuentes diplomáticas, en Caracas, que los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia) no se han rendido a la posibilidad de que haya observadores europeos, un asunto que había sido acordado a fines del año pasado y referenciado en el acuerdo de Barbados entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición democrática, con el compromiso de EEUU de flexibilizar sanciones si tal cosa ocurría.
El tema ha tenido un episodio público, este 5 de junio, cuando se supo de una conversación telefónica entre Lula da Silva y Maduro, tras una llamada previa entre el presidente brasileño y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La decisión de Brasilia de dar a conocer el tema conversado, sobre la conveniencia de que haya observadores foráneos en los comicios, fue interpretado como una señal de presión por parte de Brasil.
Aunque el presidente Petro ha evitado referirse en particular a este tema, DIARIO DE CUBA ha sabido que la Cancillería colombiana sigue trabajando junto con Itamaraty (su par en Brasil) a contrarreloj.
En el caso de Bogotá, como lo ha sostenido la analista Martha Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Petro debe caminar sobre el filo de la navaja en su interés en que haya una elección transparente y auditable en Venezuela. Esto por el papel que a su vez tiene el Gobierno de Maduro como garante del proceso de paz que adelanta Petro con el ELN, la antigua guerrilla guevarista hoy devenida en grupo criminal según el think tank Insight Crime.
A fines de mayo el Consejo Nacional Electoral (CNE), un órgano que carece de independencia en el país sudamericano, retiró la invitación que le había hecho previamente a la UE. Bruselas pidió a Caracas que revisara su decisión y esto ha comprendido, en la última semana, que los gobiernos considerados aliados del chavismo, como son los de Petro y Lula da Silva, se movieran tras bambalinas.
El Centro Carter debería poder hacer observación en Venezuela, así como un panel de expertos de la ONU. Se estudian fórmulas que permitan ampliar dicha presencia, pero con entidades calificadas y con amplia experiencia. Hasta ayer no se había producido una decisión en ese sentido.
"La comunidad internacional debe exigir que cualquier observación a las elecciones del 28 de julio se realice de conformidad con criterios de libertad de acceso e independencia de los observadores, incluyendo el derecho a emitir sus conclusiones y recomendaciones sobre la observación de manera pública", sostiene la iniciativa Alerta Venezuela al resaltar la importancia de que en estas elecciones, agónicas para el chavismo según muestran diversas encuestas, se puedan realizar con condiciones que faciliten la participación y se respete la voluntad popular.
Con cambios importantes en lo que fueron sus posiciones apenas llegaron al poder, Petro (en agosto de 2022 para una primera presidencia) y Lula da Silva (en enero de 2023, en su tercera presidencia no consecutiva), estos dos referentes de la izquierda en América Latina ya no se muestran en la actitud amistosa sin condiciones hacia el régimen de Venezuela de hace dos años o un año atrás.
Una seguidilla de posiciones, algunas de ellas públicas, y la confirmación de que ambos países vienen trabajando en aras de una "transición tranquila" en Venezuela después del 28J, en palabras del canciller colombiano Luis Gilberto Murilo, han abierto la puerta a una serie de especulaciones sobre la agenda de estos gobiernos en la que parece coincidir también el mandatario chileno Gabriel Boric.
"Petro y Lula da Silva siguen siendo considerados como actores regionales muy importantes por su posibilidad de incidir en favor de la recuperación democrática de Venezuela", recuerda Elsa Cardozo, estudiosa de las relaciones internacionales y exdirectora de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela.
Ambos han reconocido la legitimidad política y electoral de la oposición nucleada en torno a la Plataforma Unitaria Democrática, hicieron gestiones para evitar que la tarjeta unitaria opositora fuese ilegalizada y también a favor de que pudiese inscribirse el candidato Edmundo González Urrutia.
La candidatura sobrevenida de González Urrutia, luego de una serie de contratiempos e impedimentos, especialmente la inhabilitación de la líder conservadora María Corina Machado, lejos de fragmentar a los opositores, a lo que apostaba el chavismo según analistas, ha terminado por ser una carrera de obstáculos que ha fortalecido el espíritu unitario.
A juicio de Juan Salvador Pérez, abogado y director de la revista SIC de análisis sociopolítico, González Urrutia representa una figura ponderada, lejos de la exaltación y las arengas, y esto ha sido clave para reunificar a la oposición en torno a su candidatura y abre un espacio promisorio para dialogar con el chavismo, un asunto que este promotor de la reconciliación ve como absolutamente ineludible.
Pérez dijo a DIARIO DE CUBA que el 29 de julio (un día después de las elecciones) el polo político del chavismo seguirá en Venezuela y debe encontrarse un marco de puntos en común, siempre y cuando se respete el resultado que indiquen las urnas electorales. En su opinión, la Iglesia Católica podría y debería tener un rol de mediación en el país.
Finalmente, en la más reciente encuesta de la firma estadounidense Mass Behavior Research, difundida este 6 de junio, un 58% de los consultados votaría por Edmundo González Urrutia, mientras que un 24% lo haría por Maduro. Alrededor de un 80% de los encuestados dijo que irá a votar el 28 de julio, mientras que solamente un 3% en este sondeo dijo estar indeciso por quién votará dentro de siete semanas.
