Con miles de migrantes sin documentación que estarán impedidos de ingresar a EEUU, pero que transitan por México con el sueño de alcanzar el territorio estadounidense, la reciente medida tomada por el presidente Joe Biden acrecentará una crisis institucional en la atención migratoria del lado mexicano, sin visos de que encuentre solución prontamente.
La decisión anunciada por Biden desde la Casa Blanca este 4 de junio tiene, según analistas, intenciones electorales y está pensada para la política interior de EEUU, en respuesta al candidato republicano Donald Trump quien ha anunciado medidas enérgicas contra los migrantes si regresa a la Casa Blanca. Biden, quien aspira a la reelección, es señalado de blando en un momento en que la opinión pública mayoritaria parece esperar medidas más enérgicas.
Con una extensa frontera común de más de 3.000 kilómetros, las decisiones de la Casa Blanca en materia migratoria tienen un impacto directo del lado mexicano. El sentido de la oportunidad tampoco pareció prevalecer en Washington ya que el decreto se anunció el 4 de junio, a escasas horas de que se confirmara la elección de Claudia Sheinbaum como nueva mandataria, con lo cual antes de llegar al poder ella también deberá lidiar con esta situación.
"Dos días después de su triunfo, EEUU tomó la palabra a la próxima presidenta de México, quien en campaña abrió las puertas a los migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Honduras", comenta el periodista mexicano de origen cubano Rubén Cortés.
"En campaña, Sheinbaum dijo que con ella habrá empleos de sobra aquí, y México tendrá capacidad para recibir a quienes escapan del desempleo, la violencia y la pobreza en sus países", recuerda Cortés al ser consultado por DIARIO DE CUBA. A su juicio, sin ser una decisión planificada de esa forma, Washington pondrá a prueba rápidamente la política migratoria que va a establecer Sheinbaum.
Tras no encontrar acuerdo con los republicanos en el Congreso, Biden firmó este martes 4 de junio una orden ejecutiva. En la práctica, esta medida permitirá a las autoridades realizar devoluciones a México de miles de migrantes sin importar sus nacionalidades. Actualmente no ocurren deportaciones en sentido estricto, ya que los detenidos no son devueltos a sus países de origen.
Se ha puesto en práctica un tope diario de 2.500 detenciones a lo largo de la extensa frontera entre México y EEUU, durante un promedio de siete días. Serán medidas inmediatas para aquellos que no cumplan unos estrictos estándares de asilo. Cuando se baje el promedio a 1.500 detenciones diarias durante dos semanas se levantarían las restricciones.
Sin embargo, como observan defensores de derechos humanos, se trata de un tope muy fácil de seguir si nos guiamos por las estadísticas del propio Gobierno norteamericano. Durante el mes de mayo que acaba de concluir, tuvieron lugar unas 3.800 detenciones cada día. En diciembre pasado, fueron unas 8.000 cada día.
Partiendo de esto, todo apunta a que la frontera estará en restricción durante los meses que restan de campaña electoral, sin que el Gobierno anuncie una medida de cierre total que sería sumamente negativa entre grupos de derechos humanos y el ala más progresista del Partido Demócrata.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, tras conversar con Biden, abordó las implicaciones para México que tienen estas medidas estadounidenses: "Es imposible cerrar la frontera, esto para tranquilidad de la gente", aseveró.
El sistema de atención a migrantes y los mecanismos de asilo y protección están desbordados en México, y esto se profundizará con la medida anunciada por la Casa Blanca. Solo durante el primer trimestre de 2024, más de 360.000 personas de muy diversas nacionalidades cruzaron México rumbo a EEUU. Estas cifras oficiales constituyen un aumento del 200% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Este 5 de junio, a través de sus redes sociales, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados anunció que no podía atender nuevos casos hasta un próximo aviso, al encontrarse colapsada. Situación similar presentan albergues y centros comunitarios. Antes de implementarse la medida en Washington, testimonios periodísticos mostraban que centenares de migrantes literalmente viven en las calles de ciudades mexicanas cercanas a las fronteras, tanto con Guatemala (punto de ingreso a territorio mexicano) como con EEUU.
Los miles de migrantes que devuelve EEUU a México permanecen en territorio mexicano esperando una nueva oportunidad, realizando tareas diversas para ganarse la vida o siendo víctimas de redes criminales de trata de personas. Las organizaciones no gubernamentales en México cuestionan la falta de compromiso del Gobierno de López Obrador con los migrantes, pese a que fue una de sus banderas cuando estuvo en campaña por la Presidencia en 2018.
"El actual mandatario dijo en Tamaulipas, el 15 de octubre de 2018, que otorgaría visa de trabajo a los migrantes centroamericanos, porque donde come uno comen dos y aquí sobrarán los empleos", rememora Cortés, quien fue director de los diarios La Razón y ContraRéplica en Ciudad de México.
López Obrador ha aprovechado esta nueva situación para obtener de Washington la regularización de más de cinco millones de mexicanos que trabajan sin documentación en territorio estadounidense y un plan de inversión destinado a los países de origen de los migrantes, especialmente en América Central.
Entretanto, con la presión de unas elecciones presidenciales que tendrán lugar en pocos meses, y haciendo frente a un furibundo Trump quien ha prometido retomar el proyecto de un muro fronterizo y hacer una expulsión masiva de migrantes sin documentación desde el primer día de su gobierno, el presidente demócrata Joe Biden ha terminado por imponer un decreto que se parece mucho a lo que hizo su contendor republicano cuando estaba en la Casa Blanca.
El tema migratorio, junto a la edad de Biden y sus desvaríos en público, son temas a los cuales Trump saca provecho en la campaña con la que busca volver a la Casa Blanca. Con los comicios pautados para noviembre, la reelección de Biden estará en juego, entre otros temas cruciales, por lo que se viene narrando desde el lado republicano como una política débil que ha permitido el desbordamiento de la frontera con México.
Bajo ese marco debe entenderse la decisión del presidente demócrata de establecer límites numéricos al acceso de personas sin documentación desde México hacia territorio estadounidense y la posibilidad o no de acceder a asilo.
"Esta acción nos ayudará a recuperar el control de nuestra frontera, restablecer el orden en el proceso. Esta prohibición seguirá en pie hasta que las cifras de gente que intenta cruzar ilegalmente se reduzca a un nivel que nuestro sistema pueda gestionar de manera eficiente", aseveró Biden desde la Casa Blanca este 4 de junio en un acto con alcaldes y legisladores de áreas fronterizas, que tuvo más fines electorales que estrictamente humanitarios en relación al masivo flujo migratorio.
En su declaración, Biden pidió "paciencia" a los críticos de la nueva orden ejecutiva. "Ahora mismo la buena disposición de los estadounidenses (hacia los inmigrantes) se está agotando. No hacer nada no es una opción", sostuvo en un reconocimiento tácito que su móvil está más relacionado con las percepciones sobre la migración, de cara a la búsqueda de su reelección.
La medida recurre a la Sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un recurso utilizado por Donald Trump durante su presidencia para imponer una endurecida política migratoria, de triste recordación, y evitar entradas a EEUU. Pero, a diferencia de lo que ocurrió durante aquel mandato (2016-2020), con lo anunciado por Biden los menores no acompañados no se verán afectados: "No separaremos familias", han dicho altos funcionarios a medios de prensa acreditados en la Casa Blanca.
Además de los menores, la medida también contempla excepciones para los gravemente enfermos y aquellos casos en los que el afectado alegue, y pueda demostrar, un riesgo claro de tortura u otro tipo de maltratos si resulta deportado. Aquellos sobre los que se determine que no sufren ese riesgo serán deportados "lo más rápidamente posible". A quienes incurran en falseamiento de hechos para solicitar asilo o protección de EEUU, se les vetará la entrada en el país durante al menos cinco años y podrían encarar cargos judiciales.
Según las autoridades estadounidenses, cada día se procesan unas 1.450 solicitudes de asilo y protección. Se calcula que hay unos dos millones de peticiones de asilo a la espera de una decisión de los jueces especializados en migración. Esto, que se ha definido como un cuello de botella, es también lo que Biden apuesta a destrabar. Sin embargo, con su decisión se acrecentará otro cuello de botella, solo que ese estará del lado mexicano.
