Álvaro Uribe, principal voz opositora, es el primer expresidente llamado a juicio en Colombia

Como muchas figuras políticas latinoamericanas de estos tiempos, el expresidente colombiano Álvaro Uribe genera polarización. La reciente decisión de la Fiscalía de presentarlo ante un tribunal y someterlo a juicio ha generado una nueva crispación en torno al líder conservador, que pasa además a convertirse en el primer exmandatario colombiano presentado formalmente ante la Justicia.

Este 16 de abril la Fiscalía general, ahora a cargo de Luz Adriana Camargo, quien se está estrenando en el cargo, hizo el anuncio que de inmediato fue rechazado por los seguidores del expresidente, que han denunciado una persecución política para justamente acallar a quien es la principal voz opositora en el país, ante el Gobierno del presidente de izquierdas Gustavo Petro.

La nueva fiscal asumió el pasado 22 de marzo para un periodo de cuatro años y con su designación se ha puesto punto final a meses de pública tensión entre quien ocupaba el cargo, Francisco Barbosa, y el presidente Petro. De acuerdo con el portal periodístico de investigación La Silla Vacía, el fiscal saliente hizo todo lo posible por evitar lo que ha ocurrido en menos de un mes desde que asumió Camargo, que Uribe sea llevado a la Justicia.

El exmandatario, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, ha sido investigado largos años por los presuntos delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.

Poco después de dejar el poder, en 2012, Uribe interpuso una denuncia contra el senador Iván Cepeda por supuestamente ofrecer dinero y beneficios jurídicos a antiguos paramilitares para que testificaran en contra del expresidente.

El caso, sin embargo, dio un giro de 180 grados. Desde entonces, el exmandatario y personas cercanas a su círculo han sido investigados porque presuntamente buscaron el cambio de testimonios para desligarse de alguna vinculación de Uribe con grupos paramilitares, en el marco de la violencia que vive Colombia y que tiene varias aristas, así como larga data.

Se espera que sea un juicio dilatado, al punto de que La Silla Vacía entre varios escenarios plantea la posibilidad de que el proceso pueda prescribir. A Uribe se le lleva a juicio, pero el sistema de justicia presume de su inocencia, por lo que en la práctica ni está sentenciado ni ha sido declarado culpable.

Para la analista Clara Riveros, consultada por DIARIO DE CUBA, la decisión de la Fiscalía "de momento tiene implicaciones políticas", fundamentalmente, al ser Uribe el principal referente opositor dentro de Colombia. Con 72 años, el exmandatario es un político activo con vocería pública cotidiana sobre su país.

Riveros precisa que la decisión de la Fiscalía tiene lugar en un contexto de repolarización tras la propuesta hecha por Petro de que impulsará una asamblea constituyente para llevar adelante sus grandes promesas de cambio en Colombia.

La analista considera que es una imprudencia política de Petro lanzar una propuesta tan ambiciosa, como redactar una nueva Constitución con sus propuestas, cuando en la práctica la mayoría de colombianos desaprueba su gestión, que comenzó en agosto de 2022.

Este jueves se dio a conocer un sondeo de la consultora Invamer, con la valoración del presidente en abril, encargado por los medios de prensa Blu Radio y Noticias Caracol. En este estudio de opinión, el 60% de los encuestados asegura estar en contra de la labor llevada a cabo por Petro desde la Presidencia y solo el 34% dice aprobar la gestión del mandatario.

Esta consulta recurrente de Invamer, arroja que, desde febrero de 2023, Petro reporta mayor desaprobación que aprobación. La desaprobación del mandatario se ha mantenido en un promedio de 60 puntos porcentuales desde junio pasado. No ha habido mayor variación, salvo en diciembre del año pasado, cuando alcanzó el mayor índice de desaprobación con 66%.

Para Riveros, entretanto, Uribe es el líder de la oposición. Ha visto mermada su popularidad y su imagen por estos escándalos judiciales, sin embargo, sigue siendo la voz de la oposición. "Partidarios del expresidente denuncian una persecución política y que se trata de un proceso viciado con la intención de debilitar aún más a la oposición colombiana", precisa la analista.

En 2020, cuando era senador, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento domiciliaria contra Álvaro Uribe. Renunció a su curul y el caso fue tomado por el ex fiscal general Francisco Barbosa, cercano a al expresidente Iván Duque. En octubre de 2020, Uribe recuperó su libertad después de tres meses de detención domiciliaria.

Finalmente, la llegada de Camargo al cargo de fiscal general de Colombia podría terminar no siendo una buena noticia para Uribe, dado que ella se destacó por llevar procesos de lo que se denominó "parapolítica" en ese país, un tema álgido que el presidente Petro espera reabrir en el contexto de pugnacidad y polarización.

En 2005 se denunció la presunta vinculación de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras la afirmación del entonces jefe de esta agrupación paramilitar, Salvatore Mancuso, de que un 35% de los legisladores colombianos eran amigos de su organización.

Tras esto, se activaron diversas investigaciones que comprometían a varios aliados políticos y a algunos funcionarios del Gobierno Uribe con grupos paramilitares ilegales colombianos. A esto se le denominó la "parapolítica", que ha tomado de nuevo relevancia con el regreso a Colombia en febrero pasado de Mancuso, deportado desde EEUU, donde cumplía pena de prisión por estar vinculado al narcotráfico.

Mancuso proseguirá detenido en Colombia mientras siguen en marcha procesos judiciales en su contra tanto en los tribunales ordinarios como en los procesos de justicia transicional fruto de los acuerdos de paz y desmovilización.

Petro ha dicho que le encargará a Mancuso participar en conversaciones de paz, en lo que el mandatario llama la paz total con varios frentes de conversaciones y negociaciones (disidencias de la FARC, ELN). Mancuso, por su parte, ha anunciado estar dispuesto a revelar vínculos de las acciones paramilitares desde hace más de dos décadas con agentes estatales, empresarios y políticos colombianos.