En aras de ganar tiempo en el poder, sostienen analistas, el chavismo acude a las mesas de negociación y diálogo. Sin embargo, con posterioridad, no cumple con lo acordado, y esto no solo afecta a figuras políticas de primer orden, como la candidata opositora María Corina Machado, sino también a personas no tan relevantes para el público, como ha sido el caso de dos juristas.
La periodista Sebastiana Barráez narró recientemente sobre el caso del juez Carlos Jaimes y el abogado Juan Carlos Guillén, en el estado (provincia) de Apure, fronterizo con Colombia. Ambos formaban parte de un grupo de 36 detenidos políticos en Venezuela que el régimen de Nicolás Maduro debía excarcelar junto a una docena de ciudadanos estadounidenses.
Barráez, colaboradora del portal argentino Infobae, corroboró a DIARIO DE CUBA este caso que revela nuevamente la falta de compromiso del chavismo con los acuerdos y negociaciones que suscribe, bien sea con EEUU o con factores de la oposición venezolana prodemocracia.
Jaimes y Guillén solo fueron excarcelados por pocos días, y para su sorpresa, como pudo confirmar la periodista, luego fueron condenados. Se les estableció un régimen de presentaciones regulares ante el tribunal y una expresa prohibición de referirse públicamente a su caso, lo cual constituye una práctica común en los procesos políticos en Venezuela: las personas pierden su derecho a expresarse sobre los juicios que se le siguen.
El juez y el abogado del caso "Chaparralito" fueron liberados el 20 de diciembre, tras los acuerdos entre EEUU y Venezuela, fruto de un canal de comunicación directa que se sostenía entre Juan González, exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, y Jorge Rodríguez, hombre de confianza de Maduro y actualmente presidente de la Asamblea Nacional.
En este canje, EEUU devolvió a Caracas al empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser testaferro del régimen de Maduro e investigado en varios países, incluida su natal Colombia, por lavado de dinero. Saab estaba siendo procesado en EEUU tras un tortuoso proceso de extradición que se logró desde Cabo Verde hace dos años.
Un mes después, el 24 de enero, Jaimes y Guillén fueron condenaron a cinco años y seis meses de prisión, sin prueba alguna, según explica Barráez.
Este caso tiene varios años. El 10 de diciembre 2021, Carlos Alberto Jaimes Gómez, fue detenido siendo juez en el estado Apure, y también Juan Carlos Guillén Rosales, un capitán retirado del Ejército y abogado defensor del hacendado Reyes Gabriel Hernández González, dueño del hato "El Chaparralito".
El caso ha estado viciado de varias formas. La juez que los condenó no hizo acto de presencia, por supuestamente tener problemas de salud. La sentencia ha seguido sin publicarse y la defensa no pudo exponer sus argumentos en el tribunal.
La verdadera razón para condenar al juez Jaimes y al abogado Guillén, explica Barráez, es el interés que tienen jerarcas locales del chavismo sobre el hato "El Chaparralito", ubicado estratégicamente en la frontera colombo-venezolana.
El propietario original de estas tierras acudió a la Justicia luego de que su propiedad fuese saqueada por funcionarios del Estado, bajo el argumento de que había sido incautada en el marco de una política de redistribución de tierras ociosas. Según Bárraez, experta en temas de seguridad y fronteras, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) han usado estas tierras para sus fiestas y reuniones.
Entretanto, en materia electoral el chavismo tampoco ha cumplido con lo que acordó con EEUU, y que luego fue refrendado públicamente por representantes del Gobierno venezolano y de la oposición prodemocracia en Barbados.
La ganadora de las elecciones primarias de la oposición, María Corina Machado, como parte de los acuerdos acudió ante el Tribunal Supremo de Justicia a fines del año pasado. Sus abogados debieron sortear diversos retrasos y vicisitudes burocráticas. Expertos independientes consideran írrita o nula la prohibición contra Machado que le impide registrarse como candidata a las elecciones, previstas para este 2024, pero sin fecha definida aún.
Finalmente, el máximo tribunal del país no solo confirmó la inhabilitación política de Machado, sino que incluso la vinculó con el llamado Gobierno interino de Juan Guaidó, aunque en realidad la candidata fue una férrea crítica de esa figura y del manejo de fondos que hizo el joven dirigente político, hoy exiliado en Miami.
Otra metedura de pata del biden.
El protector del Norte haciendo lo que mejor sabe hacer en sus relaciones internacionales: acuerdos esteriles con regimenes totalitarios para que los tontos crean que estan interesados en facilitar salidas democraticas, y en realidad lo unico que buscan es empoderar a los gansteres socialistas.