Kenia encabezará la enésima fuerza internacional para hacer frente a las bandas criminales haitianas

A tres meses de una visita relámpago a Puerto Príncipe de António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, para constatar en el terreno la grave deriva que asola a Haití, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el envío de una nueva fuerza internacional al país caribeño con el objetivo de fortalecer a la Policía local y frenar a las bandas criminales que operan impunemente.

La ONU con sus cascos azules no tendrá ningún papel, una manera de aplacar las críticas que aún resuenan entre los haitianos por los excesos de la misión internacional que tuvo a la cabeza ese cuerpo durante una década y que concluyó en medio de escándalos en 2017. En esta ocasión será una fuerza internacional ad hoc liderada por Kenia y que se formara con uniformados de países que voluntariamente se sumen a la iniciativa, que tendrá al inicio financiamiento de EEUU.

La decisión se tomó el 2 de octubre en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. China y Rusia, si bien no respaldaron la medida, decidieron no usar su poder de veto, con lo cual se allanó la aprobación, luego de varios meses en los cuales el propio Guterres se dedicó personalmente al tema.

Durante el mes de septiembre, en medio de una deslucida Asamblea General de la ONU en Nueva York, el tema se reactivó con la solicitud explícita del primer ministro en funciones de Haití, Ariel Henry, y los reiterados llamados del mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, quien desde hace un año ha venido solicitando la actuación más decidida de la comunidad internacional para atender una crisis de múltiples caras.

Haití es el país más pobre de América Latina y el Caribe, según coinciden diversos organismos internacionales. Además, ha sido afectado por diversos desastres naturales que han tenido un alto impacto social.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) estima que más del 60% de la población es pobre y un 45% sufre inseguridad alimentaria aguda, por lo que se necesita la cooperación internacional humanitaria. La pobreza haitiana se concentra en las zonas rurales y desde allí tiene lugar un continuo éxodo, que afecta de manera directa a República Dominicana. Ambos países comparten la isla La Española.

Según la resolución adoptada el lunes, por 13 votos a favor y dos abstenciones (China y Rusia), esta "misión multinacional de apoyo a la seguridad", en la que la ONU no tendrá una injerencia directa en su funcionamiento, se establecerá por un periodo inicial de 12 meses, con una revisión al cabo de nueve.

Su objetivo es "proporcionar apoyo operativo a la Policía haitiana" en su lucha contra las bandas y en la seguridad de escuelas, puertos, hospitales y aeropuertos, ya que la violencia generalizada y el control territorial que ejercen las bandas criminales prácticamente tiene paralizada la vida cotidiana en Haití.  Entre octubre de 2022 y junio de este año se cometieron 2.800 asesinatos, bajo una impunidad prácticamente total.

La misión estará coordinada por Kenia, que ya ha prometido 1.000 de sus policías, una decisión que debe validarse en el Parlamento de ese país africano. Los policías foráneos formarán a sus homólogos haitianos y ayudarán a asegurar los puntos clave. El Consejo de Seguridad les ha autorizado a utilizar "medidas de urgencia", entre ellas "efectuar detenciones".

Además de la Policía keniana, Jamaica, Bahamas, Barbados y Antigua ya se han ofrecido a aportar hombres. EEUU ha prometido 100 millones de dólares para la activación inicial de esta fuerza multinacional.

Dentro de Kenia la decisión de la ONU ya ha generado polémica. Por un lado se ha catalogado de inconstitucional. Otros creen que Kenia no saldrá bien librada de esta misión. "Nuestros policías tienen un grave historial de violaciones de los derechos humanos y corrupción", explica a Radio Francia Internacional Martin Mavenjina, de la Comisión Keniata de Derechos Humanos.

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, los policías keniatas pueden ser desplegados en Haití a más tardar en el mes de enero.

Dentro de Haití, entretanto, se tiene un mal recuerdo de la última misión internacional. Encabezada por los cascos azules de la ONU, concluyó luego de algo más de una década en 2017. Dicho despliegue de efectivos militares y policiales se creó para hacer frente a la violencia y la inestabilidad del país.

Luego del devastador terremoto del 2010, que dejó unos 220.000 muertos, se extendió el rol de esta misión de la ONU. Sin embargo, en 2017 el Consejo de Seguridad la suspendió, debido a fuertes escándalos de corrupción, abusos sexuales y acusaciones a los soldados de la ONU por causar una epidemia de cólera.

Los soldados arrojaban sus desechos al agua que consumía la población civil, causando la propagación del virus que acabó con la vida de unas 10.000 personas. La ONU aceptó su responsabilidad en los hechos, unos meses después de la culminación de la misión.

Esta nueva misión aprobada este 2 de octubre se convierte en la décimo tercera actuación de la comunidad internacional, ante la incapacidad local por parte de las instituciones haitianas para hacer frente a situaciones caóticas, incluyendo secuelas de desastres naturales y dinámicas relacionadas con la propia inestabilidad política.

Funcionarios intermedios de la ONU confirmaron a DIARIO DE CUBA que, además del envío de una fuerza para reestablecer la seguridad en las calles de Haití, el secretario general António Guterres está presionando a los actores políticos haitianos para que se reestablezca una institucionalidad mínima que permita convocar a nuevas elecciones.

Tras unos años de cierta estabilidad durante el Gobierno de Michel Martelly, la crisis institucional se hizo evidente en Haití a partir de 2015. El triunfo de Jovenel Moïse no fue reconocido de inmediato y se dio una larga discusión entre los poderes públicos sobre cuándo debía concluir su mandato. El Parlamento sostenía que en 2020 y el presidente que en 2021.

En el ínterin se fueron postergando las elecciones legislativas, y en medio de la pandemia de Covid-19 el país se quedó sin Parlamento y se disolvió asimismo el Poder Judicial, quedando Moïse como único referente de poder, hasta que fue asesinado en julio de 2021.

Las elecciones previstas se suspendieron y desde entonces gobierna un primer ministro en funciones. Henry literalmente se autoproclamó dada la ausencia de otros poderes públicos que lo certifiquen. El primer ministro, como colofón de la grave crisis institucional, suspendió hace más de un año a los integrantes del poder electoral.