El presidente saliente de Ecuador, Guillermo Lasso, cuyo gobierno ha quedado desbordado por la criminalidad y el narcotráfico, acordó con EEUU la actuación de militares estadounidenses dentro de territorio ecuatoriano, echando por tierra la prohibición que se había puesto en práctica en los años de la presidencia de Rafael Correa (2007-2017).
Será la segunda oportunidad, en el siglo XXI, que se desplegarán uniformados estadounidenses dentro del país. Y, en esta ocasión, será la primera en la que estarán involucrados en la seguridad de la ciudadanía del país andino, ya que tendrán autorización para actuaciones de corta duración que sirvan para hacer frente a bandas de criminales dedicados al narcotráfico o a la trata de personas.
Diversos analistas coinciden en señalar que durante el truncado Gobierno de Lasso, electo en 2021 para un periodo de cuatro años, se agravó notablemente la presencia del narcotráfico internacional en el país. El asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, en plena campaña dos meses atrás, constituyó un punto de inflexión que dejó en schock a la sociedad ecuatoriana.
Lasso, un banquero conservador que ha manifestado públicamente su admiración hacia EEUU, decidió apostar por la presencia estadounidense como aliado en el tramo final de su gobierno.
Analistas consideran que el correísmo, desde la Asamblea Legislativa, y en alianza con representantes del movimiento indígena y otros factores de izquierda, jugaron a implosionar al Gobierno de Lasso, quien ante el escenario de ser enjuiciado políticamente, con lo cual habría sido destituido, optó por convocar elecciones adelantadas, un derecho que le da la Constitución a los jefes de Estado ante crisis graves en Ecuador.
La primera vuelta de las presidenciales tuvo lugar el 20 de agosto, pero ningún candidato se impuso del todo. El balotaje será este 15 de octubre y la toma de posesión está prevista para el 30 de noviembre. El nuevo presidente o presidenta de Ecuador solo gobernará por año y medio para concluir el periodo presidencial de cuatro años de Lasso, quien declinó participar en estas elecciones de 2023. El país andino escogerá presidente nuevamente en 2025.
En la segunda vuelta se enfrentarán la candidata del correísmo, Luisa González, y el empresario Daniel Noboa, quien fue la gran sorpresa ya que no figuraba con chance, según las encuestas.
Hace pocos días, entrevistado por El País, el expresidente ecuatoriano Correa, sobre quien gravita la campaña electoral con posiciones de críticas acérrimas de su gestión o de total respaldo rayando en idolatría, sostuvo que "el narcotráfico ha penetrado a este Gobierno", en referencia a la Administración Lasso.
La decisión de Lasso sobre el retorno de militares estadounidenses a Ecuador deberá ser refrendada por la Corte Constitucional, que tiene la potestad de aprobarla o negarla, debido a que Ecuador no tiene Asamblea porque el presidente Guillermo Lasso la disolvió en mayo, cuando llamó a elecciones anticipadas en respuesta a la crisis política.
El canciller ecuatoriano Gustavo Manrique aclaró a la prensa local que este acuerdo con Washington no significa la instalación permanente de tropas estadounidenses en el país sino que "entran en periodos de corta duración, hacen los operativos y se retiran", y destacó que esas operaciones tendrán la coordinación y vigilancia de las autoridades ecuatorianas "para no perder soberanía".
En la historia reciente esta es la segunda vez que se abre la cooperación militar entre ambos países: la primera fue la cesión de una base aérea en la ciudad de Manta desde donde los militares estadounidenses cumplieron misiones contra el tráfico de drogas entre 1999 y hasta 2009 cuando el entonces presidente Correa cerró este convenio.
El presidente Lasso suscribió los acuerdos durante una gira de diez días por EEUU, que incluyó su asistencia a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. El presidente estuvo asimismo en Washington. En ambas ciudades se reunió con distintas autoridades estadounidenses y representantes de organismos internacionales a quienes manifestó "la urgencia de enfrentar juntos al crimen organizado transnacional para frenar la violencia y los delitos".
Este país de 17 millones de habitantes, y que usualmente se le consideró una nación pacífica, vive ahora su peor crisis en materia de seguridad y violencia. Las estadísticas de la Policía reflejaron que entre enero y junio de este año se han registrado 3.513 asesinatos, lo que significa un aumento del 58% respecto al 2022.
El año pasado la tasa de homicidios fue de 26 por cada 100.000 habitantes, mientras que para el cierre de este 2023 podría cerrar con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si tal cosa ocurre, Ecuador se convertiría en el país más violento de la región. La Policía ecuatoriana atribuye el 80% de estos asesinatos a enfrentamientos entre grupos criminales que compiten por el control de la distribución y exportación de drogas, principalmente de cocaína.
De acuerdo con el think tank Crisis Group, detrás del ascenso del Ecuador en el mercado mundial de la cocaína se esconde el crimen organizado mexicano, que suele subcontratar partes de la cadena de suministro. Los grupos criminales mexicanos negocian cargamentos de droga con grupos colombianos, que envían pasta de coca al sur hasta Ecuador.
Los grupos criminales locales refinan la pasta en laboratorios y la envían en contenedores que transportan alimentos desde Guayaquil (el principal puerto de exportación ecuatoriano) a EEUU y Europa.
Los tipos de delitos se han diversificado. Aparte de muertes violentas, la población se enfrenta a extorsiones, secuestros, y atentados con explosivos como los carros bomba. "Es una serie de delitos que antes no eran comunes en nuestro país", según la socióloga Paulina Recalde.
Muy bien para que desalojen a todos los socialistas asesinos del país