Un juez colombiano ordenó el viernes que Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro, y su exesposa, Daysuris Vásquez, pasen a libertad condicional, pero con restricciones, en el proceso que enfrentan por lavado de activos y otros delitos, un caso que salpica al Gobierno de su padre.
El Juez Penal Municipal 74, con funciones de control de garantías, dispuso que los imputados no podrán salir del país ni tampoco "del ámbito donde se produjo su captura, la ciudad de Barranquilla", citó EFE.
"El juez de control de garantías del caso, gracias al compromiso de colaboración de los dos imputados logrado por la Fiscalía, impuso a Petro Burgos y a Vázquez Castro medida no privativa de la libertad y continúan vinculados a la investigación penal", precisó el ente en un comunicado.
La pareja fue detenida hace una semana y tres días después la Fiscalía le imputó al hijo del presidente los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, y a Vásquez los de lavado de activos y violación de datos personales.
La detención se hizo como parte de una investigación que la Fiscalía abrió en marzo pasado luego de que Vásquez dijera a la revista Semana que Nicolás Petro recibió dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias "El Hombre Marlboro", para la campaña del hoy presidente, y que se lo apropió.
En otra audiencia celebrada el jueves pasado, el fiscal del caso, Mario Burgos, dijo que tras aceptar un acuerdo de colaboración con la Justicia, Nicolás Petro reveló que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió entró a la campaña electoral de 2022 de su padre.
Estas declaraciones se producen durante una semana clave en el proceso de paz de Colombia, donde se están produciendo dos hitos históricos: el alto el fuego bilateral de 180 días, prorrogables, con el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN), y la instalación en Bogotá del Consejo Nacional de Participación, encargado de diseñar la Convención Nacional, un foro político que el ELN viene proponiendo desde 1997 para buscar soluciones colectivas a los problemas sociales, económicos, institucionales y políticos.
"Le queda terminantemente prohibido interactuar con las personas que le dieron dinero de procedencia ilícita y con cualquiera de los involucrados", dijo el viernes a Nicolás Petro el juez a Petro Burgos, a quien también prohibió, al igual que a Vásquez, "participar en cualquier evento político".
Como parte del acuerdo de colaboración, el hijo del presidente se había comprometido a renunciar a su cargo de diputado en la Asamblea del Departamento del Atlántico, con capital en Barranquilla.
Además, el juez ordenó que se investigue a la pareja por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, adicionales a los que ya les fueron imputados.
"Se compulsará obviamente copias penales para que se investigue el interés indebido en la celebración de contratos y creo que traspasa la órbita de esa conducta delictiva por parte de Petro Burgos y demás que pudieran estar participando", manifestó el juez.
Esa decisión se basa en los audios presentados el jueves ante el juzgado por el fiscal, que muestran que la pareja tenía un entramado de tráfico de influencias, coimas y otros ilícitos en el Atlántico, aprovechando la condición de diputado de Nicolás Petro.
Al darles la posibilidad de responder al proceso en libertad, el juez dijo que ambos tienen "que observar buena conducta" y están "obligados a comparecer a todo llamado que se haga por cuenta de este proceso", ya sea por el Juzgado o por la Fiscalía.
Tanto la Fiscalía como los imputados y sus abogados aceptaron la decisión del juez y dijeron que no apelarán.
Durante la mañana del viernes, el abogado principal de Nicolás Petro, José David Teleki, alertó que la vida de su defendido corre riesgo porque hay gente que no quiere que se sepa la verdad sobre el escándalo de corrupción que salpica a la campaña de su padre y por eso pidió en una audiencia la detención domiciliaria.
"Mi defendido es un testigo clave para desbaratar por completo una estructura corrupta que debe ser investigada y que debe conducir a sus responsables ante los estrados judiciales", expresó el abogado.
