El Gobierno de Nicolás Maduro ha apelado incluso a la desinformación para culpar a las sanciones por la grave crisis económica y social de Venezuela. Sin embargo, el colapso comenzó a hacerse evidente desde 2013, cuando el heredero de Hugo Chávez tomó el poder, y un lustro antes de que las sanciones de EEUU se activaran como medida de presión contra la falta de libertades.
Una reciente investigación periodística de la coalición C-Informa, compuesta por medios de prensa independientes y entidades de la sociedad civil venezolana, demuestra que la economía venezolana ya enfrentaba cifras negativas sin precedentes antes de las sanciones y que, en realidad, las causas del colapso económico que sigue atravesando a Venezuela deben buscarse en la propia gestión gubernamental del chavismo, con casi 24 años en el poder.
La periodista experta en el tema económico y representante de El Estímulo, Ariana Briceño, comenta a DIARIO DE CUBA que en los últimos años se ha hablado mucho de los temas de las sanciones en redes, y eso forma parte de la estrategia propagandística oficial.
Sin embargo, en el proyecto desarrollado por C-Informa encontraron que las sanciones económicas financieras que afectaron al país como tal iniciaron en 2017 y 2018, pero que para esta fecha Venezuela ya se encontraba con graves problemas estructurales.
Resaltó Briceño que para el año 2018 se registraba una caída acumulada de más de 40% de su Producto Interno Bruto (PIB) desde que Maduro asumiera el poder en 2013. "Estábamos muy mal económicamente, teníamos grandes problemas de escasez, la hiperinflación no inició con las sanciones", sostiene Briceño.
Explica esta periodista que antes de las sanciones en noviembre de 2017, la pobreza rondaba el 88% de la población, y que el salario mínimo representaba 2,2 dólares mensuales.
En agosto de 2017 el entonces presidente de EEUU, Donald Trump, emitió la Orden Ejecutiva 13808, que prohibió realizar transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento a cualquiera de sus órganos o entes, incluida la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), por lo que se impidieron nuevas emisiones de deuda o bonos, negociar bonos existentes o la venta de activos en territorio estadounidense.
Para el economista Manuel Sutherland, quien se reivindica como de izquierda crítica con el Gobierno de Maduro, aquellas sanciones de 2017 no tuvieron en verdad impacto alguno, vinieron a refrendar legalmente una situación de facto: "Nadie desea adquirir bonos de Venezuela y de PDVSA y los tenedores actuales se niegan a negociar una reestructuración".
No se trata solo de un discurso público que, desde el poder, niega responsabilidades en la extendida crisis venezolana. Está también la arista desinformativa, con estrategias que buscan confundir o engañar a la sociedad venezolana.
Mariví Marín, directora del observatorio digital Probox, detalló que un análisis realizado por la Coalición Informativa C-Informa reveló que durante 2022 más de 3,5 millones de tuits en 18 tendencias se referían al tema de las sanciones en Venezuela.
"Estas narrativas fueron impulsadas principalmente por cuentas vinculadas al oficialismo, particularmente desde el principal órgano de amplificación de propaganda oficialista que es el Ministerio de Comunicación e Información", comenta Marín a DIARIO DE CUBA.
El impulso de la narrativa de las sanciones tuvo un crecimiento exponencial en el primer cuatrimestre de 2023. En ese período, la campaña en línea acumuló 39 tendencias y casi 30 millones de tweets, resaltando algunas etiquetas como #LasSancionesSonCriminales y #NoMasBloqueoNiSanciones con un aumento de más de 76% en el número de tweets relacionados. A todas luces, se trata de una estrategia de desinformación que se realiza de forma constante en Venezuela.
La Coalición Informativa C-Informa está conformada por Cazadores de Fake News, Efecto Cocuyo, El Estímulo, Medianálisis y Probox, y nació en octubre del año pasado poniendo foco la desinformación como una estrategia política y comunicacional que lleva adelante el chavismo.
"Las sanciones han venido a ser una justificación ad hoc de todos los problemas actuales, lo cual no parece ser del todo cierto, ya que hay una especie de amnesia vinculada a una serie de políticas económicas que han sido la base de una crisis muy previa a la persecución sancionatoria", sostiene Sutherland, quien participó de un informe especial elaborado por la organización no gubernamental Provea, la más antigua del país en el campo de los derechos humanos.
A partir de 2008, la OFAC estadounidense ha emitido 930 sanciones dirigidas a funcionarios, instituciones, empresas, aviones y barcos asociados con el chavismo en Venezuela, pero solo un pequeño porcentaje de estas sanciones afectan directa o indirectamente la economía del país.
Entre 2017 y 2019 se dictaron medidas restrictivas por parte del Gobierno de Trump en respuesta a la deriva autoritaria que se registró en Venezuela desde 2017, cuando el régimen de Maduro socavó y desconoció a la Asamblea Nacional electa en 2015, que había quedado bajo control de las fuerzas opositoras gracias al voto popular.
A fines de 2018 e inicios de 2019 fue el momento clímax en la política de "presión máxima" de la Casa Blanca, y se impusieron restricciones no solo a las operaciones y comercialización de Petróleos de Venezuela, sino que también se bloqueó a la firma Citgo de capital venezolano dentro de EEUU y se negó que cualquier ciudadano estadounidense intercambiara con la petrolera estatal.
Como sostiene la investigación de C-Informa, la economía previa a las sanciones ya se encontraba en terapia intensiva bajo el Gobierno de Maduro. El país entró en un largo periodo de hiperinflación en noviembre de 2017, cerrando ese año con una inflación mayor al 2.800% y cerró 2018 con un incremento del índice de precios que superó el 130.000%.
